El Congreso de El Salvador extiende la vigencia de estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele
La prórroga es por 30 días en todo el territorio
nacional, desde del 10 de julio, se aprobó con los votos de 57 de los 60
diputados del Congreso unicameral controlado por el partido oficialista y sus
aliados. La diputada del conservador partido VAMOS votó en contra, mientras que
los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se
abstuvieron.
En su petición el Gabinete de seguridad informó que en
el gobierno del presidente Bukele ha acumulado 655 días sin homicidios y que
durante el régimen de excepción han capturado a más de 81,100 supuestos pandilleros,
incluidos los principales cabecillas de estas estructuras criminales.
Según la información oficial, la mayoría de los
detenidos permanecen en prisión sin una sentencia judicial en su contra. El
gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7,000 detenidos por
falta de pruebas.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de
2022, un día después en que en 24 horas las pandillas asesinaran a 62 personas
en todo el país, suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de
los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad
pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la
detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
El presidente Nayib Bukele ordenó la construcción del
controversial Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Como parte de la estrategia de combate a las
pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir
en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años
de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
En su petición, el gobierno de Bukele argumenta que en
indispensable avanzar en las labores de inteligencia policial y militar para
combatir a “las organizaciones criminales y cuyos remanentes continúan
produciendo actividad delictiva, constituyéndose estos grupos en el enemigo y
la más grave amenaza que el estado debe enfrentar”.
Durante el debate, en el que no participaron los
parlamentarios opositores, la diputada de Nuevas Ideas Ana Figueroa dijo:
“Somos testigos de que el régimen de excepción ha sido una herramienta muy
eficaz para combatir a las pandillas. Nos llena de satisfacción ver como otros
países están interesados en este tipo de medidas, ya que han generado
resultados irrefutables”.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países
más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes
violentas por cada 100.000 habitantes. “Hoy, nos hemos convertido en una nación
atractiva para los inversionistas, lo que está impulsando la economía y el turismo.
Sin duda, El Salvador va por el camino correcto”, afirmó Figueroa.
En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre
ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con
policías o militares. En lo que va del año la policía registra 75 homicidios
que incluyen la muerte de tres presuntos delincuentes también en supuestos
enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras
de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones a los derechos
fundamentales de las personas y han exigido la derogación del régimen de
excepción.
La ONG Socorro Jurídico Humanitario reportó
recientemente 305 muertes de personas detenidas durante el régimen de
excepción. También dicen tener registros de más de 6,000 denuncias de capturas
arbitrarias a personas inocentes.
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