Estados Unidos: "República Dominicana por segundo año consecutivo en la Lista de Vigilancia de Nivel 2 en Informe Anual Sobre Trata de Personas 2024"
En su Informe Anual Sobre Trata de Personas 2024:
República Dominicana, el Gobierno de los Estados Unidos dijo que el “dominicano
no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de
personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”.
En el informe de 22 páginas Estados Unidos recomendó a
la República Dominicana “examinar de forma proactiva y sistemática a las poblaciones
vulnerables migrantes o indocumentadas y a los dominicanos de ascendencia
haitiana, incluidos los que trabajan en los sectores de la agricultura y la construcción,
para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención.
Alternativasnoticiosas.com
deja a sus lectores íntegro el Informe de Estados Unidos sobre la Trata de
Personas 2024 en la República Dominicana.
El Gobierno de la República Dominicana no cumple
plenamente las
normas mínimas para la eliminación de la trata de
personas, pero
está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
Estos esfuerzos
incluyeron la investigación y el procesamiento de más
presuntos
traficantes; el aumento de la cooperación
internacional en materia de
aplicación de la ley, incluso con Haití; y la
finalización y aplicación de
procedimientos operativos estándar para prestar
servicios a las
víctimas identificadas en las zonas fronterizas. El
Gobierno investigó
a tres funcionarios por presunta complicidad en
delitos de trata y
condenó a un agente de policía cómplice a una pena de
prisión
significativa. El Gobierno también creó una guía sobre
la prestación
de servicios a los proveedores de refugios y otros
servicios, y finalizó
e implementó un nuevo Plan Nacional de Acción (PNA)
antitrata. Sin
embargo, el Gobierno no demostró un aumento general de
los
esfuerzos en comparación con el periodo del informe
anterior. El
Gobierno identificó a menos víctimas; además, de
manera sistemática
y persistente, no examinó de manera equitativa a las
poblaciones
vulnerables de migrantes haitianos o indocumentados de
ascendencia
haitiana ni remitió a las víctimas identificadas a los
servicios, y al
parecer optó por no perseguir los casos cuando las
víctimas eran
migrantes haitianos o indocumentados de ascendencia
haitiana. El
Gobierno no investigó adecuada o equitativamente los
casos de trata
laboral ni identificó a las víctimas de trata laboral.
El Gobierno
tampoco adoptó el proyecto de enmiendas a la ley
contra la trata que
eliminaría el requisito de probar la fuerza, el fraude
o la coerción en
los casos de trata sexual que involucran a víctimas
menores de edad;
no garantizó servicios adecuados para todas las
víctimas; no financió
adecuadamente los esfuerzos contra la trata; y no
proporcionó suficiente capacitación, recursos y tecnología a los funcionarios,
especialmente fuera de la capital. Por lo tanto, la
República
Dominicana permaneció en la Lista de Vigilancia de
Nivel 2 por
segundo año consecutivo.
RECOMENDACIONES PRIORITARIAS: Examinar de forma
proactiva
y sistemática a las poblaciones vulnerables migrantes
o
indocumentadas y a los dominicanos de ascendencia haitiana,
incluidos los que trabajan en los sectores de la
agricultura y la
construcción, para detectar indicadores de trata y
remitirlos a los
servicios de atención. *Garantizar la detección
sistemática y equitativa
de indicadores de trata antes de la deportación.
*Enmendar la ley
contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de
probar la fuerza, el
fraude y la coerción en los delitos de trata con fines
sexuales que
impliquen a víctimas menores de 18 años, en
consonancia con el
derecho internacional. *Aplicar plenamente la Ley
169-14 para
expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos
de
ascendencia haitiana que cumplan los requisitos, con
el fin de reducir
la vulnerabilidad a la trata. *Expedir o renovar los
documentos de
identidad a las poblaciones migrantes que reúnan los
requisitos,
incluidos los trabajadores temporales, para reducir la
vulnerabilidad a
la trata. *Finalizar un PNA para 2025 y años
posteriores. *Mejorar la
puntualidad y la precisión de las inspecciones de
trabajo y garantizar
una investigación coherente del tráfico de mano de
obra. *Ampliar el
acceso sistemático a la asistencia y garantizar la
capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas
masculinas y femeninas. *Aumentar el número de
traductores,
especialmente de Creole haitiano, para ayudar a
identificar a las
víctimas y remitirlas a los servicios de atención e
inspecciones
laborales. *Investigar y enjuiciar enérgicamente los
delitos de trata y
buscar penas adecuadas para los tratantes condenados,
incluidos los
funcionarios cómplices, que deberían incluir penas de
prisión
significativas. *Garantizar que las víctimas
potenciales de la trata de
menores, incluidas las que participan en bandas y en el
tráfico de
drogas, sean examinadas, identificadas y derivadas a
centros de
atención, y que no sean penalizadas indebidamente sólo
por actos
ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber
sido víctimas
de la trata. *Proporcionar recursos humanos y económicos
adecuados
y formación a las fuerzas de seguridad, los fiscales y
los jueces para
combatir la trata, especialmente en las zonas situadas
fuera de Santo
Domingo.
PERSECUCIÓN
El Gobierno mantuvo los esfuerzos de persecución, pero
siguió sin
investigar y procesar adecuadamente los delitos de
trata de personas
que implicaban trabajo forzoso, y la corrupción
continuó siendo un
motivo de preocupación importante. La legislación
dominicana
penalizaba la trata con fines sexuales y la trata con
fines laborales.
La Ley de Contrabando y Trata de Personas de 2003 (Ley
137-03)
penalizaba todas las formas de trata laboral y algunas
formas de trata
sexual y establecía penas de 15 a 20 años de prisión y
multas. En
contradicción con el derecho internacional, la ley exigía
una
demostración de fuerza, fraude o coerción para
constituir un delito de
trata sexual de menores y, por tanto, no penalizaba
todas las formas
de trata sexual de menores. El artículo 25 del Código
de Protección
de la Infancia del 2003 tipificaba como delito el
ofrecimiento, la
entrega o la aceptación, independientemente de los
medios utilizados,
de cualquier persona menor de 18 años con fines de
explotación
sexual, trabajo forzoso o cualquier otro fin que
degradara a la
persona, a cambio de una remuneración o de cualquier
otra
contraprestación, y establecía una pena de 20 a 30
años de prisión y
una multa. Todas estas penas eran suficientemente
severas y, con
respecto a la trata con fines sexuales, acordes con
las prescritas para otros delitos graves, como la violación. En el año 2020, el
Gobierno
elaboró un proyecto de ley para eliminar la
disposición que exigía la
demostración de fuerza, fraude o coerción para
constituir un delito de
trata sexual de menores; la legislación seguía
pendiente al final del
periodo cubierto por el informe.
El Gobierno inició 99 investigaciones sobre trata en
las que estaban
implicados 77 sospechosos (89 casos de 69 personas por
trata sexual
y 10 casos de ocho sospechosos por trata laboral,
incluidos tres
casos de mendicidad forzada), frente a 29
investigaciones sobre trata
en las que estaban implicados 71 sospechosos (18 casos
de 48
sospechosos por trata sexual, ocho casos de 19
sospechosos por
trata laboral y tres casos de cuatro sospechosos por
formas de
explotación no especificadas) en 2022. Tres nuevas
investigaciones
implicaban a presuntos funcionarios cómplices de la
policía, la fiscalía
y el poder judicial; el Gobierno investigó a dos
agentes de policía en
2022. El Gobierno continuó investigando 18 casos de
trata con fines
sexuales en los que estaban implicados 12 sospechosos,
frente a la
continuación de las investigaciones en siete casos en
los que estaban
implicados 28 sospechosos (cinco casos de 24
sospechosos de trata
con fines sexuales y dos casos de cuatro sospechosos
de trata con
fines laborales) en 2022. El Gobierno inició acciones
judiciales contra
40 presuntos tratantes (24 por trata con fines
sexuales, uno por trata
con fines sexuales y laborales, seis por trata laboral
y nueve por
explotación no especificada, incluidos proxenetismo y
adopción
irregular), frente a 36 presuntos tratantes (25 por
trata con fines
sexuales, 10 por trata laboral y uno por formas de
explotación no
especificadas) en 2022. El Gobierno continuó el
procesamiento
iniciado en periodos anteriores de cinco sospechosos
de trata con
fines sexuales. Entre los procesamientos nuevos y en
curso, el
Gobierno procesó a 43 sospechosos en virtud de la Ley
137-03, frente a 74 sospechosos en 2022. Los tribunales condenaron a 20
traficantes sexuales (14 en virtud de la Ley 137-03 y
seis en virtud de
otras leyes), incluido un agente de policía, frente a
23 traficantes (12
por tráfico sexual en virtud de la Ley 137-03 y 11 por
proxenetismo en
virtud del Código Penal) en 2022. Los tribunales
absolvieron a dos
acusados, frente a uno en 2022. Las sentencias para
los traficantes
sexuales condenados oscilaron entre uno y 20 años de
prisión con
multas; el agente de policía recibió 10 años de
prisión. Algunas de
las investigaciones y procesamientos de los que
informó el Gobierno
probablemente se referían a casos de pornografía
infantil; el gobierno
no desglosó estos datos de los casos de trata. El
Gobierno informó
que aplicaba la ley contra la trata de manera
equitativa; sin embargo,
una organización internacional informó anteriormente
que el Gobierno
a veces optaba por no perseguir los casos cuando las
víctimas eran
migrantes o mujeres haitianas indocumentadas. Los
observadores
también informaron, en la actualidad y en el pasado,
que el sistema
de justicia no era igualmente accesible para las
poblaciones
desatendidas, en particular los migrantes haitianos y
las personas de
ascendencia haitiana, que limitaban sus movimientos y
actividades
debido a la falta de documentos de identidad y a la
amenaza
persistente de detención y deportación.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y
la Trata de Personas (PETT) y la Unidad Antitrata
(UAT) de la Policía
Nacional son los principales cuerpos de seguridad que
persiguen los
casos de trata, con unidades policiales en Santo
Domingo, Punta
Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica. La
PETT tenía
enlaces en cada una de las 35 fiscalías de distrito de
todo el país. El
Gobierno no disponía de tribunales especializados en
trata. Las ONG
informaron anteriormente que la coordinación
interinstitucional en los casos de trata había mejorado, pero el financiamiento
y la capacidad
del Gobierno, especialmente en la investigación y
realización de
operaciones a gran escala contra la trata, seguían
siendo
insuficientes. Una ONG informó anteriormente que las
autoridades
dedicaban casi exclusivamente sus esfuerzos de
aplicación de la ley
contra la trata a abordar la trata sexual urbana y no
hacían esfuerzos
significativos ni proporcionaban fondos para combatir
la trata laboral
rural. Las ONG informaron anteriormente que las
autoridades
dominicanas carecían de la formación y la tecnología
adecuadas para
perseguir los casos y a veces favorecían los derechos
del acusado
sobre los de la víctima. Las autoridades continuaron
trabajando para
crear una Unidad de Ciber tráfico conjunta PETT- UAT y
una Unidad
de Detección de Trabajo Forzoso e Infantil con equipos
de alta
tecnología y un Módulo de Investigación Electrónica.
El Gobierno
atribuyó el aumento de las investigaciones abiertas al
uso de agentes
encubiertos que dominan el inglés, el francés y el
Creole haitiano, así
como al uso de alianzas estratégicas con plataformas
de servicios
digitales para apoyar los procesos de investigación en
casos de trata
facilitada por Internet. La Policía Nacional también
informó de la
mejora de la cooperación con la inteligencia militar.
La corrupción y la complicidad oficial en delitos de
trata seguían
siendo motivos de preocupación importantes y
crecientes, que
inhibían la acción de las fuerzas de seguridad. La
Dirección General
de Migración informó que sancionó o destituyó a
algunos funcionarios
de migración por aceptar sobornos y por amenazar a las
víctimas,
filtrar información y detener ilegalmente a víctimas
en casos de tráfico
ilícito de migrantes que podrían haber incluido
elementos de trata.
Los observadores alegaron que los funcionarios de
migración, policía
y militares con frecuencia realizaban detenciones
ilegales con el
propósito de deportar a las víctimas potenciales,
extorsionarlas
personalmente o negarles la debida compensación por el
trabajo realizado. Con frecuencia, las autoridades privaban a las víctimas
potenciales de sus documentos de identidad y los
confiscaban y, en
ocasiones, destruían. También negaban a las víctimas
potenciales la
libertad de circulación y el acceso a alimentos, agua
e instalaciones
sanitarias adecuadas. Las autoridades pedían sobornos
a las
poblaciones vulnerables, entre las que probablemente
se encontraban
las víctimas, incluyendo a los migrantes en los pasos
fronterizos y los
puestos de control militar; Los sobornos podían
consistir en dinero de
hasta 300 dólares, actos sexuales o incluso matrimonio
a cambio del
paso fronterizo o documentos de identidad. Según
informes
anteriores, los agentes de la UAT alertaban a los
traficantes de la
inminencia de acciones policiales.
El Gobierno cooperó con al menos 17 socios
internacionales en 45
investigaciones, frente a 10 socios internacionales en
11
investigaciones sobre trata en 2022. Por primera vez,
las autoridades
informaron que habían cooperado con el Gobierno de
Haití en varios
casos de trata. Las autoridades también incautaron
bienes en una
investigación conjunta con las autoridades francesas.
El Gobierno
firmó un acuerdo con una organización internacional y
una red
internacional de fiscales para aumentar el intercambio
de información,
y participó en varios seminarios regionales para
funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, fiscales y
funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de
compartir las mejores
prácticas en materia de aplicación de la ley y
asistencia a las
víctimas. El Gobierno actualizó su Protocolo de
Investigación
Operativa de los Delitos de Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes, que instruía a los funcionarios en la
investigación y
persecución de la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes,
así como en la interacción con las víctimas y los
testigos y la
identificación de sus necesidades de servicios. El
Gobierno formó
ampliamente a funcionarios de migración, policía,
trabajadores
sociales del Gobierno, miembros de la Fiscalía
General, fiscales,
funcionarios de protección de menores, funcionarios
laborales,
incluidos abogados laboralistas, y personal militar
sobre diversos
temas, como la detección de delitos como la trata, la
identificación de
víctimas, los servicios a las víctimas y la seguridad
fronteriza, entre
otros.
PROTECCIÓN
El Gobierno mantuvo los esfuerzos de protección de las
víctimas,
pero no examinó de forma proactiva y sistemática a
migrantes
vulnerables o personas indocumentadas para detectar
indicadores de
trata. Las autoridades informaron de la identificación
de 74 víctimas confirmadas (68 explotadas en la trata sexual y seis en la trata
laboral) y dos víctimas potenciales, un niño y una
niña haitianos en
casos de adopción ilegal, en comparación con 99
víctimas (90
explotadas en la trata sexual y nueve explotadas en la
trata laboral)
en 2022. De las 65 víctimas de trata con fines
sexuales identificadas
en el país, 28 eran mujeres, entre ellas 10
dominicanas, 14
colombianas, cuatro venezolanas y una peruana; dos
eran niños
dominicanos; y 34 eran niñas, entre ellas 33
dominicanas y una
haitiana. Las seis víctimas de trata laboral
identificadas en el país
incluían dos niños dominicanos y cuatro niños
haitianos. El Gobierno
informó haber identificado a otras dos mujeres
dominicanas adultas
víctimas de trata sexual y a un hombre dominicano
adulto víctima de
trata laboral en el extranjero. El Gobierno informó no
haber
identificado víctimas entre los dominicanos de
ascendencia haitiana.
El Gobierno remitió a las 76 potenciales y confirmadas
víctimas a los
servicios del Gobierno o a los servicios de ONG
apoyados por el
Gobierno, en comparación con las 88 víctimas remitidas
a los
servicios en el periodo del informe anterior; 73
aceptaron el refugio.
El Gobierno informó que las víctimas identificadas en
el extranjero
recibieron servicios de sus embajadas, del Gobierno
extranjero y de
una organización internacional. El Gobierno finalizó y
comenzó a
aplicar los procedimientos operativos normalizados
sobre
identificación, remisión y contra remisión de víctimas
de trata de
personas en las provincias fronterizas y limítrofes,
diseñados para
aumentar la cooperación interinstitucional y agilizar
el proceso de
protección. El Gobierno utilizó un protocolo para derivar
a los niños
migrantes y víctimas de trata a los servicios y
actualizó un protocolo
existente sobre las necesidades de servicios para
víctimas y
testigos-víctimas; también comenzó a desarrollar dos
protocolos
adicionales, uno para adultos y otro para niños, para
racionalizar la
derivación y la prestación de servicios. El Gobierno
también informó
del desarrollo de una "caja de herramientas"
para los funcionarios que
puedan encontrarse con víctimas en los aeropuertos,
incluida la
formación del personal militar. En febrero del 2024,
el Ministerio de
Asuntos Exteriores y un organismo gubernamental de
asistencia
social firmaron un Memorando de Entendimiento para
apoyar la
reintegración de las víctimas de trata que regresan
del extranjero tras
ser identificadas por consulados o embajadas en el
extranjero. La
Procuraduría General de la República y el Ministerio
de Salud
también establecieron puntos focales de contacto e
intercambiaron
enlaces para mejorar la coordinación de los servicios
a las víctimas.
El Gobierno y las ONG informaron que las potenciales y
confirmadas
víctimas adultas y menores recibieron servicios, como
atención
médica y psicológica, alojamiento, alimentación,
asistencia jurídica y,
en el caso de los extranjeros, asistencia consular y
exención de tasas
e impuestos por estancia migratoria. Otros servicios
disponibles incluían artículos de primera necesidad, como ropa y material
sanitario, servicios sanitarios especializados,
asistencia jurídica,
incluida la obtención de indemnizaciones, y servicios
de traducción.
Los funcionarios trasladaron a las víctimas que
requerían atención
médica especializada a un centro de salud competente
con personal
de seguridad. El Gobierno también proporcionó a los niños
educación, actividades recreativas y deportivas, y
apoyo psicológico
para una posible reunificación familiar.
La Procuraduría General desembolsó fondos del
presupuesto
general, según las necesidades, a la Unidad de
Asistencia a Víctimas
de la PETT. El Gobierno informó que el Ministerio de
la Mujer
prestaba servicios a mujeres adultas víctimas de trata
con cargo a su
propio presupuesto, junto con financiamiento de una
organización
internacional y dos donantes extranjeros. La PETT
gestionaba un
refugio especializado con espacio para 55 personas y
capacidad para
acoger a personas con discapacidad. El Ministerio de
la Mujer
también gestionaba 16 refugios contra la violencia
doméstica -uno de
ellos con servicios especializados para hasta 20
víctimas de trataque podían alojar a mujeres adultas víctimas de trata y a sus
hijos de
hasta 14 años; el Gobierno remitía a los niños mayores
de 14 años al
Consejo para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) para
que
recibieran asistencia. El Gobierno permitía a las
víctimas adultas
elegir alojarse en propiedades individuales que
gestionaba la fiscalía.
Las víctimas podían elegir quedarse en un refugio,
pero las
autoridades no permitían que la mayoría de las
víctimas salieran de
los refugios sin supervisión. El Gobierno informó que
podía alojar a
víctimas masculinas o LGBTQI+ en los edificios de la
fiscalía para proporcionarles atención especializada; sin embargo, una ONG
informó que el Gobierno no proporcionó refugio a dos
víctimas
masculinas identificadas que, por lo tanto, permanecieron
con los
tratantes. Los observadores señalaron que la remisión
de las víctimas
a los servicios seguía siendo desigual, y las ONG
informaron
anteriormente que las fuerzas del orden a menudo
remitían a las
víctimas a la atención prestada por ONG y
organizaciones
internacionales, ya que el Gobierno carecía de la
capacidad técnica y
los procedimientos para atender las necesidades de las
víctimas,
incluso en el refugio especializado. Las ONG también
informaron de
la subutilización de los refugios gestionados por el
Gobierno y de la
disponibilidad desigual de espacio en los refugios del
Gobierno; las
ONG informaron que el refugio PETT no contaba con
personal de
forma constante, lo que provocaba retrasos en los servicios.
Las
organizaciones de la sociedad civil también contaban
con recursos
limitados para atender al gran número de víctimas en
el país.
CONANI coordinó
los servicios para las víctimas infantiles. El
Ministerio de Trabajo utilizó un protocolo para remitir
a CONANI a los
niños víctimas de trata. La agencia de policía de
turismo organizaba
el alojamiento de posibles víctimas infantiles junto
con el CONANI y
las ONG. CONANI operaba 10 refugios para hasta 450
niños víctimas
de todo tipo de delitos, incluida la trata, pero no
tenía un refugio
especializado en trata; un refugio brindaba atención a
niños con
discapacidades. Una ONG gestionaba y financiaba en
solitario otros
dos refugios que podían atender a víctimas de trata.
CONANI
proporcionaba refugio a todos los niños víctimas
confirmados y
potenciales identificados por las autoridades. Sin
embargo, un
funcionario informó que, en la práctica, sólo un
albergue aceptaba a
niños víctimas, y que su ubicación rural retrasaba la
prestación
oportuna de servicios a los niños víctimas que con
frecuencia eran
explotados en centros turísticos. Las ONG informaron
previamente
que CONANI ocasionalmente luchaba por proporcionar un
ambiente
apropiado y tratamiento psicoterapéutico especializado
para los niños
víctimas.
El Gobierno informó que examinaba a las poblaciones de
e riesgo,
como las personas dedicadas al comercio sexual y los
migrantes,
para detectar casos de trata, e informó que
identificaba víctimas a
través de sus evaluaciones. Sin embargo, observadores
gubernamentales y externos señalaron anteriormente que
las
autoridades no aplicaban de forma coherente o eficaz
los protocolos
existentes, en particular en lo relativo a la
detección de migrantes
detenidos; el Gobierno no informó de la detección
específica de
migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana
para detectar
indicadores de trata. Los funcionarios a veces
percibían a una víctima
de trata como participante voluntario o actor cómplice
en una
operación de tráfico ilícito de migrantes; estas
víctimas podían no
haber sido identificadas en el sistema de orden
público. Las ONG
informaron anteriormente que habían intervenido en
nombre de
posibles víctimas en los centros de recepción y pasos
fronterizos para
evitar su deportación y remitirlas a los fiscales
municipales. Es
posible que la policía haya penalizado a las víctimas
de trata de
menores, en particular a las involucradas en bandas de
robo o
narcotráfico, por delitos cometidos como consecuencia
directa de
haber sido víctimas de trata. Una ONG también informó
anteriormente
que la falta de intérpretes, especialmente del Creole
haitiano, seguía
obstaculizando los esfuerzos de identificación y
remisión de las
víctimas.
El Gobierno informó de que las víctimas podían obtener
restitución
conforme a la ley de los acusados en causas penales o
interponer rponer
acciones civiles contra los tratantes para obtener
indemnización a
través de la PETT o del Ministerio de la Mujer, que
también podía
proporcionar asistencia jurídica penal y civil y
abogados de oficio para
representar a las víctimas; sin embargo, los
tribunales no ordenaron
la restitución en ningún caso. Según los informes, los
fiscales no
siempre reclamaban la restitución para las víctimas y,
sin asistencia
jurídica pública, éstas a menudo no podían permitirse
seguir adelante
con el caso. El Gobierno institucionalizó
procedimientos a través de la
Procuraduría General para permitir a las víctimas
solicitar más
fácilmente una indemnización; una víctima obtuvo una
indemnización
como resultado de estos procedimientos, pero todavía
no había
recibido el pago al final del periodo del informe. El
Gobierno informó
que 68 víctimas identificadas por la PETT cooperaron
con la
investigación o el enjuiciamiento de presuntos
traficantes, incluso
mediante la presentación de testimonios escritos y
entrevistas en
cámaras Gesell. Psicólogos apoyaron a las víctimas en
el proceso
judicial, y el Gobierno informó que las víctimas
tenían alternativas
para hablar con las fuerzas del orden, pero no informó
cuáles eran
esas alternativas. El Gobierno no informó de la
aplicación de un protocolo de entrevista judicial desarrollado previamente en
cooperación con una organización internacional
específicamente para
niños víctimas y testigos de delitos de violencia
sexual, aunque los
funcionarios utilizaron un protocolo existente que
regía las entrevistas
para poblaciones vulnerables, incluyendo a los niños.
Las autoridades
informaron que todas las víctimas tenían acceso a los
servicios de
protección del Gobierno, independientemente de si
decidían cooperar
con los procedimientos judiciales. Las autoridades
brindaban
protección a las víctimas sobre la base de la
evaluación de los
factores de riesgo individuales y no exigían que las
víctimas
permanecieran en refugios para acceder a los servicios
de protección;
las autoridades asignaban seguridad las 24 horas del
día, los 7 días
de la semana, para las víctimas. Una ONG informó que
los jueces
podían limitar los movimientos de las víctimas,
desincentivando su
participación en las acciones judiciales. El Gobierno
informó que
trabajaba con las misiones extranjeras de los países
de origen de las
víctimas extranjeras para proporcionar servicios
consulares y de
repatriación y representar sus intereses según fuera
necesario. El
Gobierno remitió a siete víctimas colombianas adultas
a una ONG
para su repatriación y una organización internacional
ayudó con la
repatriación de dos víctimas dominicanas adultas
identificadas en el
extranjero; el Gobierno y un gobierno extranjero
pagaron cada uno el
pasaje aéreo de una víctima. Los funcionarios de las
fuerzas del
orden continuaron colaborando en el ámbito nacional
con una
organización de la sociedad civil que, según los sobrevivientes,
los medios de comunicación y los expertos en la lucha contra la trata de
personas, no utilizaba un enfoque centrado en la
víctima e informado
sobre el trauma. La ley contra la trata no ofrecía
protección en materia
de migración a las víctimas-testigos extranjeras. El
Gobierno informó
que no deportó a víctimas de trata identificadas; sin
embargo, debido
a procedimientos de identificación no equitativos y a
deportaciones
masivas de migrantes haitianos, incluidos aquellos con
estatus legal,
y de dominicanos de ascendencia haitiana, es casi
seguro que las
autoridades detuvieron, arrestaron y deportaron a
algunas víctimas de
trata no identificadas. El Gobierno formó a sus
psicólogos y al
personal de los refugios en asistencia a
sobrevivientes en
cooperación con una organización internacional. El
Gobierno celebró
dos seminarios virtuales para miembros de la sociedad
civil sobre
identificación y remisión de víctimas.
PREVENCIÓN
El Gobierno mantuvo los esfuerzos de prevención, pero
continuó
tomando medidas para obstruir activamente la capacidad
de los
migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia
haitiana para obtener o renovar documentos de identidad, lo que aumentó
significativamente la vulnerabilidad de estas personas
a la trata. El
Ministerio de Relaciones Exteriores presidió la CITIM,
la Comisión
Interinstitucional de Lucha contra la Trata de
Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes, que era el órgano nacional
encargado de
coordinar los esfuerzos de lucha contra la trata. La
CITIM finalizó y
utilizó un nuevo PNA contra la trata para 2022-2024 y
se reunió en
seis ocasiones, entre ellas para debatir el proyecto
de ley y la
aplicación del PNA. El Gobierno no asignó fondos
específicos para
los esfuerzos contra la trata ni para la
implementación de su PNA
vencido, más allá de los presupuestos operativos
estándar para las
instituciones de la CITIM. El Gobierno, en
colaboración con una
ONG, realizó un estudio de campo para consultar a los
sobrevivientes
sobre el proyecto de ley. La Procuraduría General de
la República
comenzó a desarrollar un mapa geográfico digital de la
prevalencia de
la trata para dirigir los esfuerzos de sensibilización
e investigación. El
Ministerio de la Mujer publicó un estudio realizado
con un donante
extranjero sobre la capacitación de las instituciones
responsables de
prevenir la violencia entre mujeres y niñas, incluida
la trata. El
Gobierno organizó un seminario para socios
internacionales sobre
estrategias de prevención.
Los organismos gubernamentales llevaron a cabo varias
campañas
de sensibilización a través de las redes sociales,
sesiones de
sensibilización de la comunidad en diferentes partes
del país y
entrevistas en la radio y los medios digitales, sobre
temas como la
sensibilización general sobre la trata, la identificación
de las víctimas,
la explotación laboral y el trabajo infantil. El
Gobierno también produjo
materiales informativos, incluso a través de las redes
sociales, en
vallas publicitarias y en autobuses, en español,
criollo haitiano y
braille. Las ONG afirmaron anteriormente que el
Gobierno dependía
en gran medida de las organizaciones internacionales
para la
asistencia en la investigación y las campañas de
sensibilización. La
PETT disponía de una línea telefónica nacional
dedicada a la trata
que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, e
informó que había recibido dos llamadas que
permitieron identificar a
víctimas. Otras cuatro líneas generales, incluida una
operada por una
ONG, también podían recibir llamadas sobre trata de personas
en
español, inglés, francés y creole haitiano. El
Gobierno también
mantuvo un sitio web para presentar denuncias.
A pesar de las
obligaciones del Gobierno de hacer cumplir sus leyes
laborales en virtud del Tratado de Libre Comercio con
Centroamérica,
los observadores señalaron que la falta de
documentación a la que se
enfrentaban muchos trabajadores en la agricultura, la
construcción y
otros sectores los exponía al riesgo de sufrir abusos,
incluido el tráfico
de personas. Los observadores señalaron que los
trabajadores
haitianos indocumentados seguían sin poder solicitar y
obtener un
estatus legal, lo que aumentaba el riesgo de trata. El
Gobierno no
informó de esfuerzos para proporcionar tarjetas de
identificación a los
haitianos en las zonas fronterizas. El Ministerio del
Interior también
se negó a reabrir el proceso de naturalización para
los apátridas
beneficiarios de la Ley 169-14 o a renovar los
permisos de residencia
de más de 200.000 migrantes y dominicanos de
ascendencia haitiana
que obtuvieron la condición jurídica en el marco del
Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros. El Gobierno informó que
había
firmado certificados de naturalización para personas
de ascendencia
haitiana a las que se había concedido previamente la
ciudadanía
dominicana en virtud de dos decretos presidenciales;
sin embargo, los
observadores señalaron que estas afirmaciones no
podían
confirmarse de forma independiente. Los observadores
señalaron que
prohibir los permisos de residencia a los haitianos y
sus descendientes -incluidos los nacidos en la República Dominicana que
nunca habían estado en Haití- provocaba una falta de
acceso al
sector laboral formal, a la educación secundaria y
superior y a la
atención médica, y aumentaba el riesgo de deportación
a Haití en
cualquier momento, lo que dejaba a estas poblaciones
vulnerables a
la trata. La decisión del Gobierno de cerrar la
frontera con Haití en
septiembre del 2023 y cesar la emisión y renovación de
visados y
permisos de residencia para ciudadanos haitianos siguió
aumentando
la vulnerabilidad de los haitianos a la trata. En
octubre del 2023, el
presidente firmó el "Pacto Nacional sobre la
Crisis en Haití", que
establecía cuotas de admisión para trabajadores
temporales en
determinados sectores económicos; Sin embargo, los
observadores
expresaron sus dudas de que el plan se tradujera en la
expedición de
permisos de trabajadores temporales, y el Gobierno no
estableció
ninguna cuota oficial de admisión ni ningún programa
de trabajadores
temporales al final del periodo cubierto por el
informe. El Gobierno
hizo algunos esfuerzos para abordar las
vulnerabilidades entre las
poblaciones migrantes venezolanas. Por ejemplo,
participó en un
proyecto regional de migración en cooperación con
otros países y una
organización internacional para compartir información
sobre las vías
de migración y las vulnerabilidades, especialmente
entre los
venezolanos. En 2023, el Gobierno expidió 918 visados
temporales
de trabajo y 147 de estudiante a venezolanos amparados
por un
programa iniciado en 2021 para normalizar su situación
en el país con
la posibilidad de trabajar o estudiar y acceder a la
seguridad social,
frente a los 14.042 visados expedidos en el marco del
programa en
2022. Los observadores señalaron que, por lo demás, el
Gobierno no
ofrecía en general permisos temporales de residencia o
trabajo ni
regularizaba la residencia.
El código laboral prohíbe el cobro de honorarios por
la contratación de
trabajadores; la contratación de trabajadores mediante
ofertas de
empleo fraudulentas; la tergiversación de los
salarios, las condiciones
de trabajo, la ubicación o la naturaleza del trabajo;
y la confiscación o
negación del acceso de los trabajadores a documentos
de identidad.
El Gobierno informó que había reforzado su proceso de
verificación
de los visados de trabajo y los contratistas de
extranjeros para
garantizar el cumplimiento de la legislación laboral,
pero no especificó
cómo. Los trabajadores no necesitaban un permiso
especial para
cambiar de empleador. El Gobierno implementó un
programa en
cooperación con una organización internacional en la
frontera con
Haití para aumentar la eficacia de los inspectores de
trabajo para
identificar la trata de personas y derivar rápidamente
a las víctimas a
centros de atención. El Ministerio de Trabajo creó un
cuestionario
que se utiliza durante las inspecciones laborales para
detectar la
vulnerabilidad a la explotación laboral, incluida la
trata de personas.
Los inspectores de trabajo también siguieron
utilizando un manual de
inspección existente para garantizar el cumplimiento
de la legislación
laboral. El Ministerio de Trabajo empleaba a 207
inspectores
laborales con un presupuesto anual de 345 millones de
pesos
dominicanos (6 millones de dólares), en comparación
con 255
millones de pesos dominicanos (4,4 millones de
dólares) en 2022; el
Gobierno proporcionó capacitación continua a los
inspectores.
Cuarenta oficinas del Ministerio de Trabajo pueden
recibir quejas
sobre trabajo infantil electrónicamente, por teléfono
o en persona; sin
embargo, el Gobierno informó no haber recibido ninguna
queja de
este tipo. El Gobierno informó que realizó 53,294
inspecciones
laborales, en comparación con 62,478 inspecciones
laborales en el
período del informe anterior. Los observadores
informaron
anteriormente que el Ministerio de Trabajo no
identificó
sistemáticamente la trata laboral; el Ministerio de Trabajo
y el
Ministerio Público también carecían de capacidad de
investigación,
recursos y opciones de aplicación para investigar y
sancionar la trata
laboral. Las ONG también informaron anteriormente que
las
autoridades no siempre realizaban las inspecciones
laborales de
manera oportuna y que los informes a menudo contenían
errores y
contradicciones que socavaban su credibilidad. Los
observadores
señalaron que los inspectores de trabajo carecían de
suficientes
traductores al creole haitiano. El Gobierno mantuvo
acuerdos
laborales con dos gobiernos extranjeros para los
dominicanos que
trabajan en el exterior. El Gobierno no hizo esfuerzos
para reducir la
demanda de actos sexuales comerciales. En diciembre
del 2023, el
Gobierno se unió al Grupo de Acción Regional de las
Américas para
la prevención de la explotación sexual comercial de
niños en viajes y
turismo. El Gobierno siguió participando en una operac
ción
multinacional para identificar e investigar a personas
que viajaban al
extranjero y habían sido condenadas por delitos
sexuales contra
menores. El Gobierno informó que negó la entrada a un
número
desconocido de individuos por ser potenciales turistas
sexuales,
frente a los 330 del periodo del informe anterior. Las
leyes preveían
el procesamiento de ciudadanos dominicanos implicados
en
explotación sexual comercial infantil extraterritorial
en el extranjero; el
Gobierno no informó de ningún procesamiento de este
tipo.
PERFIL DE TRATA DE PERSONAS: Como se ha informado en
los
últimos cinco años, los tratantes de personas explotan
a víctimas
nacionales y extranjeras en la República Dominicana, y
los tratantes
explotan a víctimas de la República Dominicana en el
extranjero.
Mujeres y niños dominicanos, en particular de zonas
empobrecidas,
son explotados en el tráfico sexual en toda la
República Dominicana,
el Caribe, América del Sur y Central, Europa, Oriente
Medio y
Estados Unidos. Según un estudio del año 2022, las
redes familiares,
el reclutamiento a través de las redes sociales, la
servidumbre doméstica, la desigualdad y la violencia de género, la falta de
información y educación, y la corrupción son las
principales causas de
la trata de mujeres y niñas dominicanas en Costa Rica,
España y
Suiza. Las víctimas extranjeras de trata,
especialmente de Haití,
Colombia, Venezuela, otras partes del Caribe y
Latinoamérica, y Asia,
son explotadas en la República Dominicana. Las
detenciones y
deportaciones de migrantes se triplicaron en 2022 en
comparación
con el año anterior, lo que probablemente se tradujo
en un mayor
número de víctimas no identificadas. La República
Dominicana tiene
la mayor población apátrida del hemisferio occidental;
una ley de
2014 creó un mecanismo para proporcionar documentos de
ciudadanía o un proceso de naturalización a las
personas apátridas,
pero la ley no se ha aplicado correctamente, dejando a
más de
100.000 dominicanos de ascendencia haitiana
efectivamente
apátridas y vulnerables a la trata. La precaria
situación legal que a
menudo conduce a la deportación de migrantes haitianos
y
dominicanos de ascendencia haitiana -muchos de los
cuales no
pueden acceder a documentos de identidad y permisos de
trabajo empeoró tras una disputa fronteriza por un canal y el aumento de la
violencia de las bandas en Haití; esto incrementó aún
más el riesgo
de estas poblaciones de sufrir trata y abusos
laborales, incluso en las
industrias agrícolas y de la construcción. Las redadas
ilegales en las
que las autoridades de migración y otras autoridades
dañan o
destruyen los hogares de las personas de ascendencia
haitiana
aumentan aún más su vulnerabilidad a la trata. En el
año 2020, el
Gobierno informó que los jugadores de béisbol reclutados
en Cuba
para jugar en las ligas dominicanas podían ser
vulnerables a la trata.
La
República Dominicana es un destino de turismo sexual
-principalmente
de Norteamérica y Europa- para el tráfico sexual de
menores.
Un
estudio realizado en el año 2022 reveló que la incidencia
de la trata sexual infantil disminuyó del 10 por
ciento en 2014 al 2,2
por ciento en 2022, sin que se identificaran víctimas
menores de 15 años; sin embargo, una de cada 45 personas en la industria del
sexo
comercial ese año fue víctima de la trata sexual
infantil. Los
traficantes suelen explotar a las adolescentes en el
tráfico sexual
infantil en calles, parques y playas. Las ONG
señalaron que la falta
de regulaciones y de aplicación de la ley en la
industria del turismo
provocó un aumento de las víctimas de trata de
menores. Los
tratantes que operan en redes siguen empleando métodos
para
enmascarar sus actividades, incluido el uso de
catálogos para vender
víctimas a clientes potenciales utilizando casas particulares,
apartamentos privados alquilados u hoteles de estancia
prolongada
para alojar a las víctimas. La investigación del
Gobierno en 2021
mostró que, durante la pandemia, los traficantes
utilizaron cada vez
más plataformas en línea para la captación y explotación,
una
tendencia que continúa después de la pandemia. En los
casos de
explotación sexual de menores, se utilizan los chats
de WhatsApp y
las redes sociales para atraer a los niños y
explotarlos. Funcionarios
del Gobierno y ONG informan de un aumento de los
tratantes que
reclutan a mujeres colombianas y venezolanas para
bailar en clubes
de desnudistas y posteriormente obligarlas a dedicarse
a la trata con
fines sexuales. La pandemia obligó a muchas empresas a
prescindir
de trabajadores con salarios parciales o a despedirlos
por completo,
lo que aumentó su vulnerabilidad a la trata. El
Gobierno ofreció
subsidios de desempleo, pero muchos hogares buscaron
oportunidades laborales informales, lo que también
aumentó su
vulnerabilidad al tráfico de personas. El Gobierno
informó de un
aumento del trabajo infantil en 2021 debido a la
pandemia. Las
autoridades dominicanas y las ONG han documentado
casos de
niños obligados a trabajar en el servicio doméstico,
la venta
ambulante, la mendicidad, el trabajo agrícola, la
construcción, las
bandas de ladrones y el tráfico de drogas ilícitas. En
2020, el
Gobierno describió un aumento de las víctimas
dominicanas de trata,
en concreto niños, traídos del interior del país a
zonas turísticas
costeras. Los adultos son explotados en los sectores
de la
construcción, la agricultura y los servicios. Las
mujeres haitianas
informan que los traficantes a menudo se convierten en
tratantes con
fines de explotación sexual a lo largo de la frontera,
y los
observadores señalan que los tratantes operan a lo
largo de la
frontera con impunidad y a veces con la ayuda de
funcionarios
corruptos del Gobierno que aceptan sobornos para
permitir cruces
indocumentados. Los pasos fronterizos no oficiales
siguen sin estar
vigilados y son porosos, lo que deja a los migrantes
-incluidos los
niños- expuestos a la trata de personas. En diciembre
del 2021, los
medios de comunicación informaron de declaraciones de
senadores
en las que afirmaban que la frontera entre Haití y República
Dominicana carecía de control oficial, lo que
facilitaba la trata de
personas. Las personas LGBTQI+ sufren altos niveles de
violencia, lo
que puede aumentar su vulnerabilidad a la trata.
Durante el periodo
del informe anterior, se interceptó y devolvió a un
mayor número de
niños no acompañados en riesgo de ser víctimas de
trata desde los
mares que rodean Puerto Rico. El Gobierno informó que
la población
dominicana en general no comprendía la naturaleza de
la trata de
personas, aunque los observadores señalaron en 2023
que las
autoridades civiles reconocían cada vez más el
problema.
No hay comentarios.: