Arzobispo de Oaxaca, en México, reconoce que católicos quemaron templo evangélico en la ranchería de Cerro Cajón
El arzobispo no se anduvo con rodeos o
seudoexplicaciones, que en casos semejantes otros altos clérigos sí favorecen,
su feligresía escuchó lo siguiente: “¿Quiénes quemaron el templo de los no
católicos? Los católicos. ¿En este siglo con esas actitudes? ¿Dios estará de
acuerdo? Dios no está de acuerdo. Me da mucha tristeza lo que a veces ha pasado
(de intolerancia) en nuestras comunidades, me da mucho dolor y me da
vergüenza”. Hay que reconocerlo, el titular de la diócesis de Oaxaca identificó
el centro del problema y no solamente se refirió a él en la homilía, sino que
circula en redes lo que declaró sobre el asunto a un programa noticioso.
La quema del templo es un eslabón más en la cadena de
intolerancia padecida por las familias integrantes de la Iglesia
interdenominacional en Cerro Cajón. El hecho sucedió el 6 del presente mes.
Además, los atacantes robaron “sus animales y destrozaron sus cultivos”, esto
en el marco de la beligerancia contra los evangélicos que se ha intensificado
“desde diciembre”, declaró Aarón Cortés Hernández, pastor general de la Iglesia
interdenominacional.
La comunidad de Cerro Cajón es chinanteca, bajo la
administración de la agencia de San Isidro Arenal, la que a su vez está
comprendida en el municipio de San Juan Lalana. Desde 1993 existe la
prohibición de profesar una religión distinta a la católica romana. Hace poco
más de un mes, el 15 de junio, en asamblea comunitaria fue refrendada la norma
prohibicionista. Con el refrendo se intensificaron las hostilidades contra la
minoría evangélica. No sólo los justicieros defensores del monolitismo
religioso quemaron el templo y despojaron de bienes a los rebeldes, sino que
encarcelaron a varios de éstos y los tiene bajo amenaza de expulsión.
El corazón del conflicto es religioso, el cual,
también, tiene ramificaciones políticas y económicas. En comunidades
tradicionales tiene lugar la simbiosis cargos religiosos/cargos civiles. Con
frecuencia ambos recaen en las mismas personas, las que no hacen distinción
entre los dos órdenes, porque todo está mezclado y, en consecuencia, la
instancia gobernante tiene la tarea de hacer cumplir normas pertenecientes al
ámbito religioso. En un escenario simbiótico quienes no cumplen las normas
religiosas (profesar y querer expresar públicamente otras creencias, como en el
caso de San Juan Lalana), sin proponérselo inicialmente están retando la
organización sociopolítica de la comunidad.
¿Qué hacen las autoridades de Oaxaca ante la
intolerancia religiosa? Dan explicaciones de lo sucedido, declaran que van
investigar el asunto, presionan a los agredidos para que no denuncien lo
padecido a medios y/o en redes sociales, hacen promesas y piden paciencia
porque pronto se harán valer las leyes. Como si fueran científicos sociales,
especialistas en la diversificación religiosa y sus problemáticas, refieren
casos con números y geografía de los conflictos. Por ejemplo, en conferencia de
prensa el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, nada más hizo un recuento de
los daños causados a los agredidos. El secretario de Gobierno, Jesús Romero
López, dijo que lo de Cerro Cajón “se suma a 14 conflictos religiosos más que
se han atendido en la entidad”. Una cosa es atender el problema y muy otra
solucionarlo, salvaguardando los derechos humanos de las personas a quienes les
fueron vulnerados. Por su parte, el director de Asuntos Religiosos de Oaxaca,
Edwin Martínez Espíndola, citó ayer a las 10 am para una mesa de diálogo en la
agencia municipal de San Lorenzo a representantes de los perseguidos, quienes
debieron esperar cinco horas para que iniciara la susodicha mesa.
A los evangélicos chinantecos agredidos, por tener una
identidad religiosa elegida y a contracorriente de la tradicional, los
funcionarios de Oaxaca les regatean derechos constitucionales. Estos derechos tienen
su origen, habrá que recordarlo, en la Ley de Libertad de Cultos, promulgada
por el oaxaqueño Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.
Concluyo con lo escrito por Carlos Monsiváis en
octubre de 1989 (Los mexicanos de tercera clase. Las demás iglesias), ante
casos parecidos al de San Juan Lalana: “En el fondo, a veces disfrazada la
vieja tesis: son ‘ilegítimas’ las creencias no mayoritarias. Antropólogos,
sociólogos y curas insisten con frecuencia, sin mayores explicaciones (tal vez
por suponer que el asunto es tan obvio que no las amerita), en el ‘delito’ o la
‘traición’ que cometen los indígenas que por cualquier razón desisten del
catolicismo. ‘Dividen a las comunidades’, se dice, pero no se extrae la
consecuencia lógica del cargo: para que las comunidades no se dividan, que se
prohíba por ley la renuncia a la fe católica (a los ateos se les suplica que
finjan)”.
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