Gobierno totalitario de Nicaragua aplica Impuestos a las limosnas y donaciones de la Iglesia
Tras las detenciones de obispos y sacerdotes, las
expulsiones de curas y monjas, la cancelación de 1.500 ONG, muchas de ellas
católicas, y la absorción de sus bienes, ahora llega la imposición de impuestos
sobre aquellos ingresos que normalmente permiten a parroquias, escuelas y otras
instituciones llevar a cabo importantes iniciativas en los campos educativo,
humanitario y religioso: los donativos de los fieles.
Cambios
radicales para la Iglesia
Se ha derogado un artículo de la ley que garantizaba
la protección fiscal de las instituciones religiosas limitando el pago del
impuesto sobre la renta y el de actividades económicas. En su lugar, todas las
Iglesias de cualquier confesión estarán ahora sujetas a un régimen fiscal
similar al del sector empresarial privado que hace del beneficio legítimo el
objeto de su actividad. Las ofrendas, limosnas y donaciones de los fieles
estarán, por tanto, sujetas al impuesto sobre la renta a tipos de entre el 10%
y el 30%. Se estima que la eliminación de las exenciones fiscales podría tener
graves repercusiones en la capacidad de financiar iniciativas y provocar la
transformación de las estructuras administrativas con la asunción de nuevas
obligaciones institucionales, como, por ejemplo, el establecimiento de oficinas
de auditoría dirigidas por contables públicos certificados.
La
preocupación de la ONU
El control público absoluto de todas las actividades
asociativas, económicas o no, se está llevando a cabo en Nicaragua bajo la
atenta mirada de la comunidad internacional. En concreto, el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su «profunda
preocupación» por el reciente cierre de más de 1.500 ONG, entre ellas «al menos
700 religiosas». Así se recoge en un comunicado del organismo de la ONU, en el
que se afirma que la iniciativa del gobierno «atenta de hecho contra la
libertad de religión y la libertad de asociación». En concreto, pide que se
«garanticen y protejan las libertades fundamentales» del individuo.
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