Para ello, se supone que debe existir una respuesta
integral a esta problemática, algún plan que proponga acciones concretas para
reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en un 50%
para el año 2030, en el cual se aborden acciones para mejorar la
institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención a víctimas y
el acceso a la información.
Alguna institución debería tomar las medidas
necesarias para que tanto conductores como peatones comprendan la importancia
de seguir las normas de tránsito para garantizar su seguridad y la de los
demás, además de exigir una fiscalización más estricta y efectiva para garantizar
que las leyes se cumplan.
La cantidad de conductores que salen a la calle con
licencia sin haber nunca tomado un guía en sus manos es espeluznante, porque el
sistema de otorgamiento de licencias de conducir solo requiere sentarse frente
a un juego virtual. ¡Esto debe parar!
Debería implementarse un plan de infraestructura vial
enfocado en la seguridad vial, que trabaje en la mejora y mantenimiento de las
vías, la correcta señalización y la implementación de medidas de seguridad como
barreras y reductores de velocidad que son esenciales para prevenir accidentes.
Por igual, alguien debería encargarse de coordinar los
esfuerzos para la atención post-accidente, mejorando la respuesta de emergencia
y la atención médica para las víctimas de accidentes, lo cual no solo puede
salvar vidas, sino también reducir la gravedad de las lesiones sufridas.
Alguna institución debe asumir el rol de concienciar
sobre la seguridad vial, insistiendo en que requiere de la responsabilidad de
toda la sociedad. Es crucial que todos los actores involucrados, desde
instituciones públicas, empresas, hasta ciudadanos, asuman su rol y trabajen en
conjunto para crear un entorno más seguro en las calles y carreteras,
subrayando en un enfoque multisectorial y colaborativo para enfrentar este
desafío. Y el desorden en la relación políticas de tránsito y los motoristas es
pre civilización.
En conclusión, atender la seguridad vial en la
República Dominicana no es solo una cuestión de reducir estadísticas, sino de
salvar vidas. Con un Plan que se implemente de manera efectiva y con la colaboración
obligatoria de todos los sectores, es posible lograr un futuro en el que las
calles y carreteras sean más seguras para todos. El compromiso con la seguridad
vial debe ser firme y constante, asegurando que cada acción tomada hoy
contribuya a la protección de los ciudadanos en el mañana.
¿Qué ha pasado con el Plan Estratégico Nacional para
la Seguridad Vial 2021-2030 (PENSV)? ¿El INTRANT ha decidido ignorarlo? Es
urgente retomar el Plan, mejorarlo y abordar los aspectos críticos de la
seguridad vial, desde la gestión institucional hasta la educación de los
ciudadanos sobre las normas de tránsito y eso requiere gerencia y coordinación
interagencial.
Por MARGARITA CEDEÑO
La autora fue vicepresidente de la República
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