Alrededor 4,000 mujeres y niñas violadas e Haití de enero a octubre, señala la Human Rights Watch
PUERTO PRÍNCIPE, Haití (28 Noviembre 2024).- "La violencia sexual está completamente extendida y hay muchos supervivientes que carecen de acceso a servicios esenciales y protección", señaló Nathalye Cotrino, investigadora de crisis, conflictos y armas de Human Rights Watch (HRW), en el programa matutino Magik 9.
Según la señora Cotrino, la mayoría de las víctimas no reciben atención médica, psicosocial ni apoyo jurídico.
“Muchos supervivientes afirman no tener acceso a la justicia, en particular porque temen a sus agresores, pero también por la disfunción del sistema judicial en Haití”, lamenta Nathalye Cotrino, subrayando que, en general, las víctimas no tienen acceso oportuno a la justicia. acceso a centros de salud y profilaxis post-exposición, debido al cierre de muchos establecimientos de salud dedicados a esta atención, y no cuentan con medios económicos para acudir a centros privados.
Alrededor de 4.000 mujeres y niñas denunciaron violencia sexual, incluida violación en grupo, entre enero y octubre de 2024, revela la organización Human Rights Watch en su última publicación. Nathalye Cotrino dice que espera que este informe ayude a implementar una respuesta urgente a las dificultades de los sobrevivientes de violencia sexual, indicando que está llevando a cabo actividades de incidencia a nivel internacional para alentar a los donantes a que den más recursos a las organizaciones sobre el terreno para una Respuesta integral a las víctimas.
Según Human Rights Watch, Haití debe implementar una estrategia integral para proteger a las sobrevivientes de violencia sexual y garantizar su acceso a servicios esenciales. “Los donantes y los países socios deben fortalecer las capacidades de la Policía Nacional de Haití y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, al mismo tiempo que movilizan fondos para atención de emergencia, apoyo psicosocial, anticoncepción y programas de salud. Es esencial una mayor coordinación entre las redes de apoyo, financiada con 16 millones de dólares, así como la capacitación de los funcionarios judiciales para reducir el estigma y manejar eficazmente los casos que involucran a menores”, recomendó la organización a los donantes.
“El gobierno de transición debe priorizar la
reactivación de la infraestructura sanitaria, destinar al menos el 5% del PIB a
este sector y despenalizar el aborto. También debe promover el respeto a las
misiones médicas, investigar los abusos policiales y crear unidades judiciales
especializadas para garantizar justicia y reparación a las víctimas”, recomendó
Human Rights Watch al gobierno.
Por JEAN JUNIOR CELESTIN/Le Nouvelliste
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