Ejecutarán este miércoles en Indiana a Joseph Corcoran, de 49 años de edad, será la primera en el estado desde el 2009
Corcoran está programado a ser ejecutado la madrugada
del miércoles en la Prisión Estatal de Indiana en Michigan City, a unas 45
millas al este de Chicago.
La reanudación de las ejecuciones en Indiana ha vuelto
a atraer la atención sobre el caso de Corcoran y las preguntas sobre cómo el
estado ha logrado conseguir un fármaco necesario en las inyecciones letales.
¿De
qué fue condenado Corcoran?
El 26 de julio de 1997, Corcoran, en ese entonces de
22 años, asesinó a balazos a su hermano James y a otros tres hombres: Douglas
A. Stillwell y G. Bricker, ambos de 30 años, y Robert Scott Turner, de 32.
Según los registros judiciales, Joseph Corcoran estaba
preocupado ya que tenía que mudarse de la casa que compartía con sus dos
hermanos en Fort Wayne, Indiana, debido al próximo matrimonio de su hermana con
Turner.
Se despertó al escuchar que su hermano y estaba
hablando sobre él con otras tres personas en la planta baja, por lo que cargó
su rifle y luego les disparó a los cuatro hombres, según los registros.
Mientras estaba en prisión, supuestamente alardeó de
haberle disparado a sus padres en 1992. Fue acusado de sus asesinatos pero fue
absuelto.
La
hermana de Corcoran se opone a la ejecución
La hermana de Corcoran, Kelly Ernst, cuyo prometido y
hermano fueron asesinados en el tiroteo de 1997, se negó a discutir sobre si
cree que su hermano menor mató a sus padres.
Pero Ernst, quien vive en el noreste de Indiana,
declaró que cree que debería abolirse la pena de muerte y que la ejecución de
su hermano no resolverá ni cambiará nada. No tiene previsto asistir a su ejecución.
Ernst comentó que hace poco se comunicó con su hermano
por primera vez en 10 años. Cree que es "bastante obvio" que padece de
una grave enfermedad mental.
¿Por
qué Indiana dejó de llevar a cabo la pena capital?
La última ejecución que realizaron las autoridades de
Indiana fue la de Matthew Wrinkles, quien fue ejecutado en 2009 por matar a su
esposa, su cuñado y su cuñada en 1994.
Las autoridades estatales dijeron que no podían
continuar con las ejecuciones debido a que habían perdido acceso a una
combinación de fármacos utilizados en las inyecciones letales. Durante varios
años ha habido una escasez a nivel nacional debido a que las compañías
farmacéuticas —particularmente en Europa, donde la oposición a la pena capital
es más fuerte— se han negado a vender sus productos para ese propósito.
Esto ha provocado que los estados se vean obligados a
recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican medicamentos específicamente
para un cliente. Algunos estados han optado por medicamentos más accesibles,
como los sedantes pentobarbital o midazolam, ambos de los cuales, según los
críticos, pueden causar un dolor insoportable.
Indiana ha seguido ese ejemplo y planea usar
pentobarbital en la ejecución de Corcoran.
El gobierno federal también utilizó pentobarbital en
las 13 ejecuciones federales realizadas en los últimos seis meses del primer
mandato del entonces presidente Donald Trump.
Pentobarbital
de origen secreto
Muchos estados, incluido Indiana, se niegan a revelar
de dónde obtienen los fármacos. Cuando se le preguntó cómo se obtuvo el
pentobarbital que se planea utilizar en la ejecución de Corcoran, el
Departamento de Corrección de Indiana remitió a The Associated Press a una ley
estatal que le otorga confidencialidad a la fuente de los medicamentos para una
inyección letal.
El gobernador Eric Holcomb anunció en junio pasado que
el estado había adquirido pentobarbital y le solicitó a la Corte Suprema de
Indiana que estableciera una fecha para la ejecución de Corcoran, la cual se
fijó para el 18 de diciembre.
El
plan de ejecución del estado
La ley estatal establece los detalles de la fecha y el
proceso. También limita el número de personas involucradas en una ejecución,
protege sus identidades y especifica quién puede estar presente en la Prisión
Estatal de Indiana para presenciar la pena capital.
Al momento de una ejecución, el código de Indiana
establece que las únicas personas autorizadas para estar presentes son el
alcaide de la prisión, aquellos seleccionados para ayudar en la ejecución, el
médico de la prisión, un médico adicional, el asesor espiritual de la persona
condenada y el capellán de la prisión.
Hasta cinco amigos o familiares de la persona
ejecutada y hasta ocho familiares de las víctimas del crimen están autorizados
a ver el proceso.
El Departamento de Correccionales de Indiana no
respondió a múltiples consultas de la AP sobre si alguno de los empleados que
participarán en la ejecución de Corcoran ha trabajado previamente en una ejecución
estatal.
No se permite la presencia de medios de comunicación
en las ejecuciones en Indiana
Indiana y Wyoming son los únicos estados que no
permiten la presencia de la prensa en ejecuciones estatales, según un informe
reciente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
El informe destaca que "el acceso irrestricto de
los medios de comunicación a las ejecuciones es fundamental ya que los medios
observan lo que el público no puede. Por lo general, los estados prohíben que
los ciudadanos asistan a las ejecuciones, por lo que los medios se convierten
en una herramienta que brinda información relevante a la ciudadanía sobre los
procesos con los que el gobierno aplica la ley y utiliza los fondos de los
contribuyentes".
¿Hay
una lucha para detener la ejecución?
Corcoran había agotado sus apelaciones federales en
2016.
El 5 de diciembre, la Corte Suprema del estado rechazó
la solicitud de los abogados de Corcoran para detener la ejecución. El tribunal
también negó las peticiones para argumentar si es competente para ser
ejecutado.
En una declaración jurada por escrito dirigida a los
jueces, Corcoran dijo que ya no quería litigar su caso.
"Soy culpable del crimen del que fui condenado y
acepto los hallazgos de todos los tribunales de apelación", escribió.
Sus abogados presentaron el miércoles una solicitud
ante el tribunal federal del Norte de Indiana en la que pedían que la corte
pusiera fin a su ejecución y celebrara una audiencia para decidir si el proceso
sería inconstitucional ya que Corcoran sufre de una grave enfermedad mental.
Argumentaron que padece "esquizofrenia paranoide
severa y prolongada" y su condición "se manifiesta con alucinaciones
auditivas y delirios de que los guardias de la prisión lo torturan con una
máquina de ultrasonido".
"De hecho, se ha ofrecido voluntariamente a ser
ejecutado y no ve la hora de ser ejecutado, porque cree que su ejecución le
dará pondrá fin al dolor que provocan sus delirios y alucinaciones", según
la demanda.
Pero el tribunal de distrito se negó el viernes a intervenir,
lo que llevó a los abogados defensores a presentar una apelación ante el la
Corte Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito.
También existe la posibilidad de que intervenga el
gobernador saliente, Eric Holcomb, quien ha dicho que dejaría que el proceso
legal "siga su curso".
Indiana Disability Rights, una organización defensora
de los derechos de discapacidad, le pidió a Holcomb el 6 de diciembre que
conmute la pena de muerte de Corcoran y en su lugar se le condene a cadena
perpetua sin libertad condicional.
"Ejecutar a individuos que no pueden entender por
completo sus circunstancias o las consecuencias de sus actos es una violación a
los principios fundamentales de la dignidad humana y la equidad", dijo la
carta.
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