En las democracias, el financiamiento público de los
partidos políticos es mucho más que un simple aporte económico; es una
inversión en la equidad, la transparencia y la estabilidad y fortalecimiento
del sistema de partidos. Aunque este mecanismo es frecuentemente objeto de
críticas, su correcta implementación es esencial para garantizar la
representación plural y evitar que el dinero ilícito entre a la política.
En muchos países latinoamericanos, incluido República
Dominicana, el financiamiento público se ha convertido en un componente clave
del sistema electoral y es un tema central en las democracias modernas. Este
mecanismo busca garantizar igualdad de oportunidades en la competencia
política, asegurando que todos los partidos, independientemente de su tamaño o
de su capacidad para recaudar fondos privados, puedan participar en igualdad de
condiciones, pero además busca reducir la dependencia de intereses privados y
fortalecer la institucionalidad democrática, es evidente que también plantea retos
importante relacionados con la transparencia, la eficiencia en el uso de los
recursos, si la lucha fuera esa, ahí estaría totalmente de acuerdo, pero jamás
pensar en la eliminación total del financiamiento público.
Los partidos políticos tienen básicamente 4 formas en
la que financian sus actividades, financiamiento público, financiamiento
privado, cuotas de los miembros y actividades de recaudación. De toda ellas,
las grandes preocupaciones tienen que ver con el financiamiento público, sobre
ese particular la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
establece en el artículo 23 como derechos de los partidos, acceder al
financiamiento público para la realización de las actividades, de hecho, la
misma ley plantea el cómo se deben de gastar esos recursos que reciben los
partidos y destaca en el artículo 62, el 10% para educación y capacitación, 50%
gastos administrativo y 40% apoyo a las a candidaturas a puestos de elección
popular.
Es importante destacar, además, que el artículo 66 plantea
que la supervisión de los recursos estará a cargo de una unidad especializada
de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos,
dependiente de la Junta Central Electoral.
Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas,
tienen que presentar cada año, ante la Junta Central Electoral, una relación
pormenorizada de los ingresos y gastos, hasta seis meses después del cierre del
ejercicio presupuestario del año correspondiente.
Decir "sí" al financiamiento público no
implica una aceptación ciega, sino un llamado a perfeccionar su implementación.
La democracia requiere partidos fuertes, transparentes y conectados con los
ciudadanos, y el financiamiento público es una herramienta fundamental para
lograrlo. Ahora bien, es deber de todos, desde la JCE, los partidos políticos y
la sociedad civil, garantizar que estos recursos se usen de manera eficiente y
en beneficio de un sistema político que represente verdaderamente los intereses
de la población. Solo fortaleciendo este modelo y ajustándose a las exigencias
de transparencia y eficiencia, podremos construir una democracia más equitativa
y transparente.
Por PABLO
VICENTE
El autor es abogado, magíster en derecho electoral,
presidente de FUJUDEL fujudel@gmail.com
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