"Puerto Rico no se puede dar el lujo de no cumplir", la gobernadora Jennifer González no combatirá las órdenes migratorias de Trump para evitar perder fondos federales
La política migratoria del presidente estadounidense
tuvo repercusiones esta semana sobre inmigrantes dominicanos y de otras
nacionalidades en lugares como Barrio Obrero, en Santurce, en Carolina y en
otros municipios aledaños de la zona metropolitana. Mientras que las
autoridades migratorias reafirmaron que los operativos continuarán y que, en
esta primera fase, comenzaron a deportar a personas con historial delictivo en
sus países.
"Para mí es importante la reunión de hoy (ayer) y
establecer con el resto de las agencias federales, es que si van a perseguir a
todos estos inmigrantes que han cometido delitos y que todas estas personas
serán arrestadas y deportadas. Esa es la orden que se ha dado a nivel de los
Estados Unidos y ellos la van a ejecutar, y aquí en Puerto Rico hay gran
cantidad de personas con estatus migratorio ilegal con crímenes tanto en la
República Dominicana como en sus países de origen y otros cometidos en Puerto Rico.
Así que, en este momento, ese es el foco de las agencias federales hacia esas
personas. Para mí lo más importante es cómo manejamos los casos de las personas
que están aquí y hemos dado instrucciones al Departamento de la Familia.
Estamos haciendo lo propio con el Departamento de Educación para manejar esos
casos de las familias que se separan con mayor sensibilidad", dijo la
primera ejecutiva tras reunirse ayer tarde con el componente de seguridad y
federal y agencias locales.
La mandataria insistió en que buscará evitar la
pérdida de fondos federales debido a que la orden de Trump establece que si el
estado no cumple con sus mandatos migratorios, podrían estar en riesgo de
perder el dinero destinado para ayudas a familias o incluso la reconstrucción
de la Isla.
"Puerto Rico no se puede dar el lujo de no
cumplir con ellas (las órdenes ejecutivas de Trump). La misma orden ejecutiva
habla de estado protectorio que no cumpla con esta orden, pierde los fondos
federales. Así que Puerto Rico no está a favor de que personas que hayan
delinquido y que tengan expediente criminal con estatus migratorio ilegal en
Puerto Rico. Así que yo en ese sentido respaldo esa determinación. Sí, me
preocupa que personas que no eran parte de esas investigaciones, pero estaban
acompañando a personas que sí lo eran, pero fueron arrestados lamentablemente
al estar en el lugar incorrecto. Nosotros buscamos trabajar esos casos con sus
familias.
Durante la reunión, las autoridades federales le
informaron a González que durante el 2024 hubo 900 deportaciones en la Isla
provenientes de China, Afganistán, Brasil, Rusia, Colombia y otros. Igualmente,
la gobernadora aseveró que el 44% de los fugitivos de las autoridades federal
son "extranjeros en estatus ilegal en Puerto Rico".
"Esto es un número bien alto", dijo
González, quien es partidaria del Partido Republicano y fungió como comisionada
residente en Washington hasta el año pasado. "Todavía quedan fugitivos y
personas con récord criminal que están en Puerto Rico y que ellos tienen
investigaciones abiertas y ellos van a proceder con los arrestos",
manifestó.
"Nosotros no nos vamos a oponer y de hecho la
orden ejecutiva habla de aquellas ciudades, territorios y países que se opongan
a estas órdenes ejecutivas, perderán los fondos federales. Hasta el momento no
se le ha pedido colaboración al gobierno de Puerto Rico para la ejecución de
ninguna de estas órdenes, pero si quiero establecer unos protocolos de como
vamos a manejar los casos de iglesias, escuelas y hospitales", abundó.
A su juicio, las intervenciones no son en contra de la
comunidad dominicana en específico, sino que contra aquellos que hayan cometido
delitos y se encuentren en el país con un estatus migratorio irregular. No
obstante, los líderes dominicanos en la Isla catalogaron las intervenciones de
los agentes federales como una "cacería de brujas" tras advertir que
esto creará un "caos humanitario y una crisis económica". De acuerdo
a datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en Puerto Rico la población
dominicana alcanzó las sobre 55,000 personas en 2020, lo que los convierte en
el grupo inmigrante y la minoría étnica más numerosa en la Isla.
"En el día de ayer, no agarraron a un solo
delincuente. Lo que hicieron fue salir a cazar personas que tuvieron que
soltarlas, y tengo dos casos donde va a haber una demanda civil contra ICE, por
un arresto, donde presentaron al detenido frente al mundo entero como un
delincuente", expresó José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de
Derechos Humanos en Puerto Rico.
Hasta ayer, el gobierno de Trump había arrestado a
miles de inmigrantes en toda la nación americana. Ante ese escenario, la
gobernadora recalcó que "el pueblo americano validó esta propuesta que
hizo el presidente en las urnas y nosotros la vamos a respetar".
En la reunión de ayer estuvieron la secretaria de
Estado, Verónica Ferraiuoli, el secretario de la Gobernación, Francisco J.
Domenech, la secretaria de Justicia, Janet Parra, y el secretario del
Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer.
Mientras que de parte de gobierno federal participaron
el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el
director del Buró Federal de Investigaciones Federales, Joseph González, el
agente especial a cargo de la División del Caribe de la Administración para el
Control de Drogas (DEA) Michael Miranda, el alguacil de los Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico Wilmer Ocasio-Ibarra y la agente especial a cargo
del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan Rebecca González
Ramos, entre otros.
Por AYEZA DÍAZ ROLÓN/El Vocero
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