Llega primer grupo de deportados a Panamá proveniente de los Estados Unidos
El pasado 1 de julio, el gobierno de José Raúl Mulino,
apenas asumió el poder, suscribió un memorando de entendimiento con Washington
para que el norteño país sufragara operaciones aéreas para el retorno de los
indocumentados, pero no contemplaba la llegada de los deportados, anunciada de
manera sorpresiva por el propio jefe de Estado.
De otra parte, en diciembre pasado, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, citando el derecho internacional, afirmó que Panamá no
tiene la obligación de aceptar deportados de otras nacionalidades distintas a
la panameña.
Para el diario La Prensa, dos meses después, la
presencia de migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo asiáticas,
encerrados en el hotel Decápolis, de esta capital, pidiendo ayuda, sin un
pronunciamiento oficial sobre el asunto y en torno al marco jurídico se
sustenta esta medida, ha puesto contra la pared al Ejecutivo.
Interpelado sobre el tema, el ministro de Seguridad,
Frank Ábrego, solo supo remitirse al acuerdo de entendimiento firmado entre
Panamá y Estados Unidos, que nadie conoce su contenido, mientras el propio
mandatario, en medio de la visita a inicios de febrero del secretario de
Estado, Marco Rubio, anuncia al país que cedía la pista de aterrizaje de
Nicanor, en Metetí, Darién, para las operaciones de deportación.
Ábrego también ha dicho que esta nueva medida se
conversó al más alto nivel en la Casa Blanca, con los asesores del presidente
Donald Trump. Y cuando le consultaron por qué Panamá se incluyó en esta
triangulación, afirmó que es un asunto que le corresponde responder a la
Cancillería.
Al respecto, tocó al vicecanciller Carlos
Ruiz-Hernández, en conferencia de prensa, precisar entonces que Estados Unidos
hizo la solicitud de cooperación, la cual es “ muy específica”, indicó.
Según el diplomático, los perfiles de los migrantes no
los escoge Panamá. “Simplemente se nos ha manifestado que son personas que no
tienen reportes criminales, tienen familias, fueron capturados en la frontera.
Están aquí y son atendidos con el apoyo de la Organización Internacional para
las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados», subrayó.
Según trascendió, diputados como Ernesto Cedeño
solicitó a la Cancillería una copia de ese documento. “No debemos constituirnos
en el Guantánamo de Centroamérica”, remarcó.
Para varios analistas, se trata de que la Casa Blanca
presiona y coacciona a otras naciones para que se conviertan en parte de su
política más agresiva de enfrentamiento a la migración irregular con
deportaciones masivas.
El tema resurge con más fuerza en medio de un clima de
tensiones, luego de declaraciones amenazantes del presidente estadounidense,
Donald Trump, de retomar el Canal de Panamá, bajo influencia de China, lo cual
niegan las autoridades.
Para ponerle otro punto más álgido, al debate sobre la
recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos se suma la estadía en el
istmo del almirante Alvin Hosley, nuevo jefe del Comando Sur.
Hasta la fecha, Ábrego informó que unas 10
indocumentados de Uzbekistán y una de India abandonaron el país desde el
Aeropuerto Internacional de Tocumen. Otro grupo fue trasladado en autobuses
hasta el campamento de San Vicente, en Metetí, Darién.
Según el titular de Seguridad, se estima las 170
personas que aceptaron regresar voluntariamente a sus países permanecerían en
la nación canalera hasta el domingo de carnaval, el 2 de marzo.
La víspera, el Servicio Nacional de Migración informó
que una ciudadana china de nombre Zheng Lijuan se fugó del hotel donde están
alojados con ayuda de traficantes de personas.
Sin embargo, en horas de la tarde, el ministro Ábrego
informó que había sido ubicada al ser abandonada en la frontera con Costa Rica.
Desde hace una semana los casi 300 migrantes fueron
inicialmente trasladados al Hotel Decápolis, que permanece vigilado por fuerzas
de seguridad, a la espera de que acepten volver a sus países de origen de
manera voluntaria o se encuentren alternativas seguras.
Al menos 13 ya han regresado vía área a sus países y
otros 187 permanecen a la espera. Otros 98 fueron llevados la noche del pasado
martes al albergue de San Vicente, en la provincia de Darién, donde se ubica la
selva homónima que hace de frontera natural con Colombia, tras no haber
aceptado por el momento regresar de manera voluntaria a sus países de origen.
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