Tres meses de prisión cautelar a falsificadores títulos de propiedad del Instituto Agrario Dominicano
La jueza Ana Esther Hernández, de la Oficina Judicial
de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, dictó la medida de
coerción a Eusebio De Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario
Martínez, ordenando su cumplimiento en los centros de corrección y
rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Los imputados, de acuerdo con la solicitud de medida
de coerción, fueron arrestados el pasado 11 de marzo, alrededor de las 12:40 de
la tarde, en la autopista Duarte, kilómetro 45, municipio Villa Altagracia, de
la provincia San Cristóbal, mientras se desplazaban a bordo de una camioneta,
dando cruces en el entorno, con una actitud sospechosa.
Indica que, ante esa acción, miembros de la Policía
Nacional procedieron a registrar dicho vehículo, donde se ocupó un folder que
contenía 9 títulos de propiedad en original con las características de los
emitidos por el Instituto Agrario Dominicano.
La Fiscalía de Villa Altagracia, que dirige la fiscal
titular Dalma Díaz, está a cargo del caso, el cual es investigado por el fiscal
de esta jurisdicción, Eleuterio Reyes Navarro, con la colaboración del IAD,
estableciéndose en el proceso que los imputados incurrieron en los delitos de
asociación de malhechores y falsedad en escritura auténtica o pública.
En la audiencia, que duró aproximadamente dos horas,
el fiscal litigante de esta jurisdicción, Eladio Angustia, sustentó la
solicitud de medida de coerción con suficientes evidencias testimoniales y
documentales.
El Ministerio Público detalló que las evidencias
fueron ocupadas al ejecutarse su arresto. En ese sentido, indicaron que fueron
incautados 15 oficios con sellos del IAD y 15 copias de títulos provisional,
así como varios actos de venta de terrenos bajo firma privada y un contrato de
venta de posesión de terreno, además de 14 copias de cédulas, entre otros
documentos relacionados.
El órgano persecutor indicó en un comunicado de prensa
que todos los documentos ocupados fueron consultados por el Instituto Agrario
Dominicano, determinando que son falsos.
Además de la documentación, durante el registro de
persona, las autoridades ocuparon a los imputados varios teléfonos móviles.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la
calificación jurídica provisional de violación a los artículos 145, 147, 148,
265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan los citados delitos.
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