La bancada republicana aprueba en Cámara de Representantes de Estados Unidos 3.5% de impuesto a las remesas desde Estados Unidos
El plan fiscal ahora pasa al Senado, donde le espera
otra ardua batalla en busca del voto final.
El impuesto del 3.5% se aplicaría a los envíos hechos
por indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o
amparados con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses
estarían exentos del gravamen.
Más del 80% de los migrantes nicaragüenses en Estados
Unidos no son ciudadanos norteamericanos, y solamente un 10% de los
nicaragüenses que viven en Estados Unidos completó los trámites para obtener la
ciudadanía.
El politólogo Manuel Orozco, investigador en temas de
migración, remesas, y desarrollo, en el Diálogo Interamericano estimó que unos
50 millones de migrantes, que ya pagan impuestos en Estados Unidos se verían
afectados por la nueva tasa.
El polémico impuesto a las remesas enviadas fuera del
país, fue rechazado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo ha
catalogado como “una injusticia” y una acción “discriminatoria” que afectaría a
los migrantes mexicanos en EE. UU.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban
Moctezuma, mantuvo varias reuniones con congresistas estadounidenses en los
últimos días para expresar la posición del gobierno y calificó como “buenas
noticias” la reducción del 5% a 3.5%.
“Este es un primer importante avance para la defensa
de la economía de nuestros migrantes y sus familias”, dijo el diplomático en la
red social X, antes Twitter.
Plan fiscal de Trump
El megaproyecto bautizado por Trump como ‘El gran y
hermoso proyecto de ley’ pasó con un estrecho margen de 215-214, con todos los
demócratas en contra y la gran mayoría de los republicanos a favor, menos dos
que le dieron un ‘No’.
La sesión nocturna en el hemiciclo duró más de 24
horas y el voto final llegó luego de que miembros del ala conservadora del
Partido Republicano cambiaron su posición contraria a un aumento del déficit
nacional.
La aprobación sofocó los aislados actos de rebeldía de
los indecisos, que buscaban profundizar en los recortes al gasto y agilizar su
entrada en vigor. El Comité Nacional Republicano consideró que hubo una “muy
significativa victoria para el pueblo estadounidense”.
El megaproyecto busca extender las exenciones fiscales
de Trump en su primer mandato (2017-2021) y añade nuevas rebajas, como las
exenciones a las propinas y a las compras de automóviles fabricados en el país,
junto a un incremento en los fondos para la gestión de la frontera y la
aplicación de la dura política migratoria del presidente.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en
inglés) estimó en un informe actualizado que la nueva legislación sumará unos 3
billones de dólares en 10 años a la deuda nacional, actualmente calculada en
más de 36 billones.
El aumento en el gasto público se compensaría con
recortes a programas de seguridad social en más de 1 billón en la próxima
década, que incluyen restricciones a la asistencia sanitaria Medicaid y Medicare.
Los fondos federales del Medicaid se reducirían en
casi 700 000 millones, según la CBO, una oficina independiente que lleva la
contaduría del Capitolio. El Medicare podría ver un descenso de 500 000
millones para mantener el déficit dentro de los márgenes legales fijados por el
Congreso.
La CBO advirtió que es posible que esa cifra aumente y
añadió que la ayuda de cupones de comida también sufriría recortes de unos 267
000 millones de dólares.
Esto significaría que millones de personas quedarían
sin cobertura en estos programas, que benefician a gente de bajos recursos y
condiciones médicas.
Menos
programas de bienestar
Trump y el presidente de la Cámara de Representantes,
el republicano Mike Johnson, han insistido en que los “trabajadores estadounidenses”
no se verán afectados y que los recortes están dirigidos a eliminar
prestaciones a “inmigrantes ilegales que se aprovechan” de estas ayudas.
Junto a la subida de las exenciones de impuestos
locales y estatales, las restricciones a los programas de bienestar social han
sido uno de los puntos de desacuerdo más agudos entre el ala centrista y conservadora
del Partido Republicano.
Los conservadores piden recortes más agresivos e
inmediatos, mientras que los moderados se muestran preocupados por las afectaciones
que traerían a sus distritos y lo que esto podría implicar para su reelección
en los comicios de medio mandato de noviembre de 2026.
Estos desencuentros amenazaron con demorar la
aprobación del megaproyecto de ley en la Cámara de Representantes y provocaron
advertencias por parte del mandatario republicano, quien visitó esta semana el
Congreso para reunirse con los miembros de su partido contrarios a la propuesta
y presionó para su pronta aprobación.
Poco después de la votación final, Trump pidió al
Senado que se “ponga manos a la obra” y envíe este proyecto de ley a su
escritorio “¡LO ANTES POSIBLE!”. “No hay tiempo que perder”, dijo en su red,
Truth Social.
Johnson, por su parte, expresó su esperanza de que la
legislación no sufra cambios significativos en el Senado, a quien pidió
considerar la ley “como un esfuerzo de equipo”.
El megaproyecto también busca recortar programas de
energía limpia impulsados por el expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) y
subidas de impuestos a universidades.
El plan debe continuar ahora su tramitación en el
Senado, donde los republicanos ostentan igualmente la mayoría con 53 escaños,
frente a los 45 de los demócratas y otros dos independientes, que suelen alinearse
con los progresistas.
El partido de Trump quiere tenerlo aprobado para el 4
de julio, Día de la Independencia.
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