Alcalde de Cabo Rojo en Puerto Rico afirma policía municipal denunció mujer dominicana ante el ICE no cometió ninguna irregularidad
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por
sus siglas en inglés) de Puerto Rico tronó el lunes contra la detención de una
ciudadana dominicana en Cabo Rojo la semana pasada, quien vivía en Puerto Rico
con una visa de trabajo aprobada y cobijada como sobreviviente de violencia de
género, luego de acudir a la alcaldía de dicho municipio para registrar su
negocio.
La entidad de derechos civiles calificó la detención
de la mujer, identificada solo como Aracelys, como una “desaparición forzada”,
pues esta fue trasaldada a Texas.
“Este operativo es un atropello infame,” manifestó la
directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, en un
comunicado de prensa.
“Detener a una víctima de violencia doméstica amparada
por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la ley VAWA
(ley federal de Violencia contra la Mujer) y los principios más elementales de
humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad”, añadió
Martínez Orabona.
La ACLU detalló que Aracelys acudió a las oficinas
municipales el 5 de junio para registrar un pequeño negocio. Esta presentó que
tiene un pasaporte, visa y permisos migratorios al día, pero un policía
municipal alertó a oficiales federales de inmigración sobre su presencia y está
fue detenida al salir.
La visa que le permite trabajar en territorio
estadounidense a Aracelys fue aprobada el 28 de diciembre de 2023 y su
documento de viaje que le permite entrar y salir de territorio está vigente de septiembre
de 2024 a septiembre de 2029, detalló la ACLU. Además, radicó el 16 de abril de
2025 su solicitud de residencia permanente, precisó la entidad.
El integrante de la Policía Municipal que hizo la
denuncia no tenía “orden judicial ni autoridad legal” para referirla a los
agentes migratorios, añade el comunicado de prensa.
“La Policía Municipal carece de autoridad para
ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) ni orden judicial. Este acto
extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El
agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de
derechos”, argumentó el director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas.
Ante esto, la ACLU envío este lunes una carta a la gobernadora Jenniffer González en la cual exigen que se detalle, de forma transparente, la información que el gobierno estatal compartió con autoridades federales sobre inmigrantes. Asimismo, solicitan la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial de víctimas de violencia de género y la suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial, entre otros asuntos.
La falta de acción de parte de la gobernadora
“constituirá un aval estatal a la violación sistemática de derechos humanos”,
expresó la ACLU, ante lo cual no descartan tomar otras acciones en foros
legales o fiscalización pública.
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