La Corte Suprema de Brasil Supremo de Brasil cerró etapa clave del caso golpismo y da cinco días para presentar alegatos finales
El tribunal concluyó este martes los interrogatorios a
los acusados en el proceso y entre los inquiridos estuvo el expresidente Jair
Bolsonaro, citado como parte del llamado núcleo crucial de la trama golpista.
Las declaraciones se extendieron desde las 9:00 hasta
las 19:00, hora local, completando una jornada intensa en el juzgado.
Fueron escuchadas seis personas en total, incluyendo
militares, políticos y exfuncionarios directamente involucrados en los hechos
investigados.
Después que la acusación y las defensas presenten
requerimientos adicionales o solicitudes específicas en el tiempo determinado,
se abrirá el plazo para las alegaciones finales por escrito, comenzando con el
Ministerio Público Federal.
La acusación contará con un plazo de 15 días para
exponer su versión de los hechos ante la corte. Más tarde se iniciará el
periodo correspondiente a las defensas, en un orden ya definido por la
justicia.
El primero en presentar su defensa será el teniente
coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y delator en el proceso.
Cid firmó un acuerdo de colaboración premiada con la
Fiscalía General y, por ese motivo, tiene prioridad en esta fase procesal. El
plazo para los otros siete acusados comenzará sólo después de recibirse la defensa
del militar colaborador.
El lunes también prestaron declaración el diputado
federal Alexandre Ramagem y el propio Cid.
Ramagem fue jefe de la Agencia Brasileña de
Inteligencia y está acusado de participar en las acciones para socavar el
proceso democrático.
Al finalizar la jornada de este martes, el ministro
relator del caso, Alexandre de Moraes, tomó una decisión clave y revocó la
medida cautelar que prohibía el contacto entre los acusados, en vigor desde
enero de 2024.
La supresión de esa restricción indica un cambio en la
evaluación del riesgo procesal por parte del Supremo.
Analistas consideran que esta etapa resulta decisiva
para esclarecer responsabilidades y posibles sanciones.
El resultado del juicio podría marcar un precedente
para la protección del orden constitucional en Brasil.
La corte superior reafirmó que los derechos procesales
serán plenamente garantizados a todas las partes. Sin embargo, también reiteró
su compromiso con el combate a acciones antidemocráticas y la defensa del
Estado de Derecho.
El caso sigue siendo uno de los más complejos y
sensibles en la historia judicial reciente del gigante sudamericano. Su
desenlace será crucial para el equilibrio entre instituciones y la confianza
pública en la democracia.
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