La existencia de múltiples formatos para las actas del
estado civil ha generado históricamente confusión y complicaciones tanto para
los ciudadanos como para las instituciones que requieren estos documentos. La
unificación propuesta por la JCE busca simplificar este proceso, facilitando la
verificación y autenticidad de los documentos, y reduciendo la posibilidad de
errores o malentendidos.
Es importante destacar que esta reforma implicará un
reajuste en las tasas asociadas a la emisión de estos documentos. Si bien este
cambio puede representar una carga adicional para algunos ciudadanos, se espera
que los beneficios en términos de eficiencia y reducción de trámites compensen
este incremento.
No se trata solo de actualizar formatos o digitalizar
procesos. Se trata de asegurar que los ciudadanos no queden excluidos por
barreras económicas, ojalá que la JCE pueda acompañar esta reforma con medidas
compensatorias tales como tarifas diferenciadas o exenciones por condición
socioeconómica.
Considero que, la implementación de esta medida
requerirá una campaña de información efectiva para asegurar que todos los
ciudadanos comprendan los cambios y sepan cómo acceder a los nuevos formatos.
La JCE deberá garantizar que el personal esté adecuadamente capacitado y que
las plataformas digitales estén preparadas para manejar la transición sin
inconvenientes.
La unificación de las actas del estado civil
representa un avance hacia una administración pública más moderna y eficiente.
Al simplificar los formatos y procesos, se mejora la calidad del servicio y se
fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Es fundamental que la JCE continúe trabajando en la
mejora de sus servicios, asegurando que las reformas implementadas respondan a
las necesidades de la población y contribuyan al desarrollo de un sistema más
transparente y accesible para todos.
La decisión de unificar las actas del estado civil en
un único formato es un paso positivo hacia la simplificación y modernización de
los servicios públicos, con una implementación cuidadosa y una comunicación
efectiva, esta medida tiene el potencial de mejorar significativamente la
experiencia de los ciudadanos al interactuar con las instituciones del Estado.
Por PABLO
VICENTE
El autor es abogado, magíster en derecho electoral,
presidente de FUJUDEL fujudel@gmail.com
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