La República Dominicana encabeza listado con 481 arrestados en operativos migratorios de la HSI en Puerto Rico
En total, la agencia ha intervenido con 650 personas
de más de 40 nacionalidades. Los casos no solo están relacionados con la falta
de permiso para laborar en la Isla.
“Nos hemos enfocado en lugares donde la inteligencia
recopilada nos ha llevado. Nos llaman diariamente, entre 10 a 15 al día, dando
información de personas que están trabajando sin sus documentos en diferentes
áreas”, aseguró a EL VOCERO el subdirector de la oficina de HSI en San Juan,
Yariel Ramos.
De acuerdo con el agente especial, desde que el
presidente Donald Trump emitió su orden ejecutiva priorizando el cumplimiento
de leyes migratorias en enero del 2025, la dependencia federal ha liderado 238
inspecciones de cumplimiento en proyectos de construcción, galleras
clandestinas, restaurantes, hospederías y otros establecimientos en toda la
Isla.
Tenemos un mandato para hacer cumplir las leyes
migratorias en nuestro país, salvaguardando la seguridad nacional tal y como lo
seguimos haciendo con otros asuntos relacionados al narcotráfico, la
explotación infantil y crímenes financieros, lo único que la administración
actual tiene su objetivo y no va a cambiar remover a personas sin estatus
migratorio legal.
Producto de los operativos, las agencias federales han
arrestado hasta la fecha 650 personas, cifra que supera por mucho los 74
arrestos por alegadas violaciones a leyes migratorias a lo largo de la
totalidad del 2024.
“Tenemos un mandato para hacer cumplir las leyes
migratorias en nuestro país, salvaguardando la seguridad nacional tal y como lo
seguimos haciendo con otros asuntos relacionados al narcotráfico, la
explotación infantil y crímenes financieros, lo único que la administración
actual tiene su objetivo y no va a cambiar: remover a personas sin estatus
migratorio legal”, subrayó el subdirector.
Del total de detenciones, apenas 89 corresponden a
personas contra las cuales pesaba una orden de arresto o que durante su
procesamiento se confirmó que había sido deportada con anterioridad, por lo que
en cualquiera de estas instancias son procesadas criminalmente en la esfera
federal.
En cambio, Ramos mencionó que los restantes 561
corresponden a “arrestos administrativos”, debido a que se trata de personas
que no tienen récord criminal en Puerto Rico.
“Son personas que han entrado a Puerto Rico esquivando
un puerto de entrada normal, a través de una yola y otros medios, y sin la
autorización oficial, pero no han cometido ningún delito. Están solamente
trabajando y se detienen por primera vez”, recalcó.
Cabe destacar que, durante el fin de semana, múltiples organizaciones y grupos activistas levantaron su voz a las afueras de a Fortaleza en rechazo a los operativos migratorios en la Isla.
“Nosotros respetamos el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de expresión”, sostuvo Ramos sobre las manifestaciones en repudio a los recientes operativos liderados por HSI y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Más de 40 nacionalidades
Por otro lado, el subdirector indicó que, aunque la
mayoría de los detenidos, específicamente 481, provienen de la República
Dominicana, en Puerto Rico se han detenido personas de otras 40 nacionalidades.
“Luego de República Dominicana le sigue Haití con 43,
luego Venezuela con 23, México con 15, China con 12, Brasil con 10 y Uzbekistán
con seis”, precisó.
HSI también ha arrestado en la Isla a personas
procedentes de Kazakstán, Rusia, Kirguizistán, Lituania, Tayikistán,
Montenegro, Vietnam, Tailandia, Jordán e Israel.
“Sabemos que a través de las Islas Vírgenes y las
Antillas Menores se ha establecido una ruta de contrabando de personas. Van a
través de las islitas donde no se enfuerzan las leyes de migración como debe de
ser. Además, es una ruta menos peligrosa que la frontera entre México y Estados
Unidos donde los cárteles de drogas básicamente controlan todo”, explicó.
De la información provista por HSI se desprende que
también se ha arrestado en Puerto Rico por presuntas violaciones migratorias a
personas procedentes de España, Japón, Argentina, Canadá, Francia, Reino Unido,
Italia, India, Perú y Costa Rica.
Atentos a posible impacto en industria agrícola local
Por su parte, la presidenta de la Asociación de
Agricultores, Iris Jannette Rodríguez, comentó a EL VOCERO que existe gran
incertidumbre sobre el impacto de la política migratoria de la administración
Trump en la industria agrícola de la Isla.
“En el caso de Puerto Rico, hace varios años que se
están trayendo inmigrantes visados para los cuales agricultores tienen que
hacer todo, documentos, visas, pasajes, hospedaje y paga. Estos obreros vienen
de forma legal. La pregunta que nos hacemos es si estas personas están
dispuestas a regresar con las condiciones que hay ahora o desistirán por miedo
a terminar en una súper prisión en El Salvador si son sorprendidos sin los
papeles encima”, destacó la presidenta.
Rodríguez afirmó que, ante la baja poblacional y el
aumento en la edad promedio del puertorriqueño, la mano de obra extranjera se
ha vuelto imprescindible para levantar el sector agrícola.
“En todo caso, lo que queremos es que esto sea más
accesible, que más agricultores puedan tener acceso a esa mano de obra que es
tan necesaria”, insistió Rodríguez al subrayar que cada trámite de visado ronda
en una inversión de entre $1,000 y $2,000.
Entretanto, el presidente de la Asociación de
Constructores de Puerto Rico (ACPR), Agustín Rojo Montilla, planteó que la
industria de la construcción local viene experimentando una escasez de mano de
obra desde hace varios años.
“Actualmente, se estima que faltan aproximadamente
20,000 personas para incorporarse a trabajar en los proyectos de construcción
de Puerto Rico”, argumentó Rojo Montilla al mencionar que entre las iniciativas
propuestas para contrarrestar dicha escasez figura la flexibilización de
políticas de inmigración laboral y la simplificación de contratación de
trabajadores extranjeros.
Con relación a los operativos federales, el líder de
la ACPR dijo que, hasta el momento, no ha recibido información de parte de
alguno de los socios de la organización sobre proyectos que se hayan visto
afectados por la política migratoria del presidente Trump.
Por PEDRO MENÉNDEZ/El Vocero
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