El teniente coronel Mauro Cid exayudante del presidente Jair Bolsonaro solicita en Brasil indulto judicial

En sus alegatos finales presentados ante el Supremo
Tribunal Federal (STF), el militar negó dolo y participación en una
organización criminal que planeó un golpe de Estado, pese a que firmó un
acuerdo de delación premiada con la Policía Federal (PF).
Su defensa argumenta que Cid actuó en cumplimiento de
órdenes superiores y su función como edecán no implicó decisiones políticas ni
institucionales.
Durante su testimonio, el oficial de alto rango reveló
que su exjefe discutió proyectos de decretos golpistas con aliados, con el fin
de impedir la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva
tras las elecciones de 2022.
«Se limitó a organizar la agenda presidencial, según
las directrices previamente establecidas por sus superiores», afirma el documento
presentado ante el STF.
De acuerdo con los abogados de Cid, éste brindó apoyo
administrativo y ceremonial, y nunca se unió a ninguna organización destinada a
la disrupción institucional.
Sin embargo, la Fiscalía General ya se pronunció en
contra del perdón judicial.
El fiscal general Paulo Gonet afirmó que el teniente
coronel presentó una «narrativa selectiva», omitió hechos graves y actuó de
forma contradictoria.
La institución abogó por una reducción de la pena de tan
solo un tercio —no un indulto— a pesar del pacto alcanzado con la PF que
contemplaba una sanción leve o incluso su exención.
También en sus declaraciones finales, la defensa de
Cid suplicó, como alternativa a la absolución, que el Supremo le conceda una
amnistía por su cooperación con la investigación.
«Entre las decenas de acusados, nadie tuvo el coraje
de Mauro Cid. Se aisló, perdió a quienes consideraba amigos, su vida social y
el ejercicio de su profesión. Fue y sigue siendo tildado de traidor», argumentan
los juristas.
Además, el texto afirma que el militar es víctima de
una «campaña de represalias morales y psicológicas», similar a la dirigida
contra el relator del caso en la corte superior, el ministro Alexandre de
Moraes.
Para los letrados, su defendido no actuó con malicia
(intencionadamente) y debería ser absuelto.
Cid está acusado en tres causas penales ante el
Supremo.
Al mismo tiempo de su participación en la conspiración
golpista, se le acusa de fraude con tarjetas de vacunación contra la pandemia
de Covid-19 y malversación de fondos públicos para viajes de la familia
Bolsonaro.
En el caso que investiga los planes de ruptura
democrática, se le inculpa de intento de abolir violentamente el Estado de
Derecho y de formar parte de una organización criminal.
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