Condenados por Sala Suprema de Brasil los siete acusados de desinformar en trama golpista
En el fallo, que terminó cuatro votos contra uno, el
juez ponente, Alexandre de Moraes, dio su parecer a favor de la condena,
acompañado por los colegas Cristiano Zanin, Carmen Lúcia Antunes y Flávio Dino.
Luiz Fux disintió en el juicio y votó a favor de declarar
al Supremo incompetente para conocer el caso y pidió absolver a todos los
implicados.
Cuando intervino, De Moraes argumentó que la
materialidad de los delitos estaba comprobada con la condena del primer grupo
de acusados, del que formaba parte, junto a otros siete, el expresidente Jair
Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres de prisión por liderar la conspiración
golpista tras las elecciones de 2022.
Según el magistrado, los acusados usaron una táctica
de difusión masiva de información falsa, parecida al nuevo populismo digital
extremista.
Precisó que el uso de las redes sociales por la
organización criminal, para desinformar, no puede confundirse con la libertad
de expresión.
Resulta «una falacia, una mentira absurda, criminal y
antidemocrática afirmar que este uso de ataques al Tribunal Electoral, al Poder
Judicial, a la democracia y discursos de odio constituye libertad de
expresión», remarcó.
Antunes señaló que los acusados crearon un grupo de
violencia contra funcionarios públicos e incitaron a muchedumbres furibundas.
Precisó que ellos tenían objetivos coordinados,
estratégicos y criminales para excitar el clima político e intentar instaurar
un gobierno ilegítimo.
Durante su voto, Dino enfatizó que el grupo de
desinformación debe ser analizado como uno de los elementos más importantes de
la conspiración golpista «porque estamos ante un fenómeno contemporáneo que
trasciende las fronteras nacionales».
Refirió que en las acciones hubo una búsqueda de
cambios en los procesos institucionales, «no solo con golpes de Estado, como se
hacía antes, que era una especie de crimen instantáneo con efectos
permanentes».
Figuraron como acusados cinco militares de bajo rango,
un agente de la Policía Federal y el presidente del Instituto Voto Legal,
Carlos Rocha.
El grupo está acusado de haber cometido cinco delitos,
según la imputación formal: organización criminal armada, tentativa de
abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de
Estado, daños calificados por violencia y grave amenaza a bienes federales, y
deterioro de bienes catalogados.
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