El Pepca acusa red Operación Camaleón de corrupción de fraude, lavado y sabotaje tecnológico por más de RD$1,600 millones, expediente tiene 300 páginas
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El expediente, de más de 300 páginas, describe una
estructura criminal compleja integrada por funcionarios y particulares que
habrían tomado el control de sistemas estratégicos del Estado, desde la red
semafórica del Gran Santo Domingo hasta las plataformas de videovigilancia del
Ministerio de Defensa
Estructura
del entramado
En el centro del esquema figura José Ángel Gómez
Canaán (Jochi Gómez), identificado como beneficiario final de los contratos
fraudulentos y creador de un entramado de empresas de fachada, entre ellas
Dekolor, Transcore Latam, PagoRD Xchange, Aurix, OML Inversiones, Inprosol y
Soltex Dominicana, utilizadas —según la acusación— para canalizar fondos públicos
y ocultar su origen ilícito.
A su lado habría actuado Hugo Beras, exdirector del
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien, junto a
otros funcionarios, autorizó contratos y adendas millonarias presuntamente
manipuladas a favor de empresas vinculadas a Gómez Canaán.
La Pepca sostiene que ambos encabezaron una
organización criminal con jerarquía definida, permanencia en el tiempo y acceso
a información sensible del Estado.
Contratos
hechos a la medida
Uno de los pilares de la acusación es la licitación
pública INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, destinada a modernizar la red semafórica del
Gran Santo Domingo. El pliego de condiciones, según el Ministerio Público,
habría sido redactado dentro de la propia empresa ganadora, Transcore Latam
S.R.L., garantizando la adjudicación antes de la publicación del concurso.
Las investigaciones revelan la creación de oferentes
ficticios y el uso de correos electrónicos falsos para simular competencia.
Entre las pruebas citadas se incluyen dominios registrados por el propio Gómez
Canaán y correos con direcciones falsas como joerg@transcore.com.do, utilizados
para suplantar a una compañía extranjera.
Adendas
y sobrevaluaciones
Otro componente clave del expediente es el contrato
del INTRANT con Dekolor S.R.L., destinado originalmente a la emisión de
licencias de conducir, que fue ampliado irregularmente mediante tres adendas
firmadas entre 2020 y 2024.
El monto fue incrementado sin sustento técnico,
incorporando servicios no habilitados y aplicando un reajuste por inflación del
17.83 %, en violación a las normas del Banco Central. Según la Pepca, estas
maniobras crearon deudas inexistentes por más de RD$936 millones, consolidando
un monopolio en la emisión y cobro de licencias bajo control de Gómez Canaán.
El
circuito financiero
El Ministerio Público detalla que el dinero fluía por
dos vías paralelas:
Dekolor recibía pagos inflados del Estado.
PagoRD Xchange S.R.L. retenía recaudaciones de
licencias que debía transferir al fisco.
Se calcula un faltante de RD$730 millones por ingresos
no depositados, que fueron desviados a cuentas personales y empresas
vinculadas, elevando el daño total a más de RD$1,666 millones.
Los fondos fueron supuestamente lavados mediante la
compra de propiedades en Piantini, Cap Cana y Jarabacoa, adquisición de
vehículos blindados y transferencias internacionales. La empresa OML
Inversiones S.R.L. habría servido como vehículo de blanqueo patrimonial.
Sabotaje
y espionaje
La acusación introduce un elemento inusual: terrorismo
y sabotaje tecnológico. La Pepca sostiene que en agosto de 2024, tras iniciarse
investigaciones internas, el grupo ejecutó ataques deliberados al sistema
semafórico del Gran Santo Domingo como acto de presión.
Además, mediante un contrato irregular con el
Ministerio de Defensa, la empresa Aurix S.A.S. habría obtenido acceso no
autorizado a plataformas de videovigilancia estatal, usadas —según el Ministerio
Público— para espionaje y encubrimiento patrimonial.
Funcionarios
implicados
Entre los imputados figuran varios exdirectivos y
técnicos del Intrant: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero
Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Pedro Vinicio Padovani Báez,
acusados de falsificación de documentos y manipulación de licitaciones. Otros,
como Carlos Peguero, Mariano Gustini, Manuel Mora y Henry Féliz, habrían
actuado como testaferros o intermediarios financieros.
Un
caso sin precedentes
La Operación Camaleón combina elementos propios de la
corrupción administrativa con delitos tecnológicos y de seguridad nacional.
Para el Ministerio Público, la red no solo defraudó al Estado, sino que
comprometió infraestructuras críticas y la confianza pública en las
instituciones.
El expediente cita una frase del exsecretario general
de la ONU, Ban Ki-moon:
“La corrupción es el enemigo invisible que debilita
las instituciones, erosiona la confianza y perpetúa la desigualdad”.
Con esta acusación, la Pepca marca el inicio de un
proceso judicial sin precedentes por su complejidad y alcance, donde la
corrupción —según los fiscales— penetró la tecnología del Estado para su
beneficio, actuando como un auténtico “camaleón” dentro del sistema público.
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