El país necesita que este plan sea concebido como un
instrumento vivo, capaz de responder a los desafíos de una sociedad cada vez
más exigente y consciente de la importancia de procesos transparentes, modernos
y confiables. La credibilidad de la JCE descansa en su capacidad de inspirar
confianza, y para ello es fundamental que la transparencia, la rendición de
cuentas y la comunicación clara formen parte esencial de la planificación.
La modernización tecnológica también aparece como una
prioridad ineludible. En tiempos donde la información circula de manera
instantánea, la seguridad y rapidez en los registros, en la identificación
ciudadana y en la transmisión de resultados electorales constituyen elementos
decisivos para la legitimidad democrática.
Todo plan estratégico, y con mayor razón uno que emana
de la JCE, debe construirse con un enfoque participativo. La inclusión de
partidos políticos, organizaciones sociales, la academia y la ciudadanía en
general permitirá que los objetivos trazados reflejen las aspiraciones
colectivas. Esa apertura no solo enriquece el proceso, sino que fortalece el
vínculo de la institución con la sociedad.
Otro aspecto que merece atención es la promoción de la
igualdad y la inclusión. El acceso equitativo de todos los actores políticos,
el impulso de la participación femenina y la incorporación de sectores
tradicionalmente marginados son pasos que consolidan la democracia y la acercan
más a la realidad plural del país.
La dimensión educativa de la JCE también debe
reflejarse con fuerza en el plan. Formar ciudadanos conscientes de sus derechos
y responsabilidades es tan importante como organizar elecciones. Una ciudadanía
informada y comprometida es garantía de procesos electorales más legítimos y
participativos.
Finalmente, el manejo eficiente de los recursos y la
profesionalización del personal son bases que permitirán a la institución
cumplir con sus responsabilidades con eficacia y visión de futuro.
El Plan Estratégico 2024-2028 puede convertirse en un
faro que oriente a la JCE hacia un ejercicio institucional más fuerte, más
cercano a la gente y más comprometido con los valores democráticos. La sociedad
espera que este esfuerzo sea una invitación a confiar, a participar y a
reconocer en la Junta Central Electoral no solo a un árbitro de elecciones,
sino a un verdadero pilar de nuestra vida democrática.
Por PABLO
VICENTE
El autor es abogado, catedrático universitario,
especialista en derecho electoral y presidente de fujudel fujudel@gmail.com
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