El Tribunal Constitucional conmemora 181 aniversario de la Constitución dominicana en audiencia solemne con la asistencia del presidente de la República Luis Abinader
La audiencia, en la que estuvo presente el presidente
de la República, Luis Abinader, fue presidida por el magistrado Napoleón R.
Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, quien destacó que no puede
haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir
responsabilidades, pues «los deberes constituyen el rostro complementario de
los derechos».
«Una República no puede aspirar a fortalecerse si
forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que
garantizan la convivencia, la justicia y el bien común», expresó en el acto
realizado en esta ciudad, cuna de la Constitución.
Estévez Lavandier sostuvo que el constitucionalismo
contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son meras exhortaciones
morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos.
«Reconocemos que no estamos exentos del cumplimiento
de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona; por el
contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de
que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la
cultura cívica y constitucional», manifestó.
Asimismo, afirmó que conmemorar el aniversario de la
proclamación de la Constitución, va más allá de recordar un suceso histórico
importante, que es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad
del ser humano. «Honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser
ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del
civismo que sostiene la República Dominicana», añadió.
En ese sentido, el magistrado Estévez Lavandier
reafirmó el compromiso del Tribunal Constitucional de garantizar la supremacía
constitucional, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento
de los deberes de todos los ciudadanos, que aseguran la unidad y la estabilidad
de la nación.
A seguidas, el magistrado Miguel Aníbal Valera
Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al deber constitucional de
velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del
patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública (art.
75.12) y manifestó que la ciudadanía no solo se construye con la exigencia de
los derechos, sino también del cumplimiento de las obligaciones
constitucionales.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda
sustituta del presidente, resaltó la responsabilidad ciudadana que establece el
artículo 75.4 de la Constitución sobre prestar servicios para el desarrollo,
que —como dijo— tiene el propósito de sembrar el valor del compromiso social,
de la cooperación y del trabajo solidario como columnas de la dominicanidad.
A continuación, el magistrado Domingo Gil afirmó que
el deber de actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en
peligro la vida o la salud de las personas (art. 75.10) requiere una
participación activa de los ciudadanos y «nos conmina a ayudar a crecer sobre
la base del más estricto respeto a la dignidad de ese prójimo».
El magistrado Fidias F. Aristy Payano precisó que,
aunque en sociedades como las nuestras la obligación de tributar, establecida
el artículo 75.6 de la Constitución, no se ve como algo agradable, es preciso
entender que la recaudación de los recursos es ineludible para el buen
funcionamiento de la administración pública y permite la promoción del
desarrollo y el bienestar común.
Sobre la obligación constitucional de abstenerse de
realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de
la República Dominicana (art. 75.5), habló el magistrado José Alejandro Vargas
Guerrero, quien aseguró que este enunciado procura que el ciudadano tome
conciencia del papel que desempeña en la preservación de la imagen, la defensa
de la nación y la soberanía de la patria.
De su lado, la magistrada Sonia Díaz Inoa destacó la
importancia del mandato constitucional de votar (art. 75.2), pues el sistema
democrático descansa en el ejercicio del sufragio y es el único instrumento
mediante el cual se asegura jurídica e institucionalmente que emana la voluntad
popular.
La magistrada Alba Luisa Beard Marcos se pronunció
sobre el deber de cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad
social (art. 75.9) afirmando que cumplir con esta responsabilidad es de vital
importancia para el desarrollo humano, y que, además de fortalecer la nación y
el Estado de derecho, constituye un acto de amor y de solidaridad para
construir un país más justo, humano y unido.
En cuanto al deber de desarrollar y difundir la
cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la
conservación de un ambiente limpio y sano (art. 75.11), el magistrado José
Alejandro Ayuso resaltó la relevancia de cumplir con este mandato
constitucional, pues «sin un ambiente sano, la cultura se marchita; y sin cultura,
la naturaleza pierde su alma».
La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera
expuso sobre el deber fundamental de los dominicanos a educarse, consagrado en
el numeral 8 del artículo 75, resaltando que la educación es un compromiso de
todos, pues es un pilar fundamental para la sociedad y a través de ella se
construye una nación de valores y de ciudadanos comprometidos.
El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega hizo énfasis
en el deber de acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer
las autoridades (art. 75.1), indicando que, aunque esta obligación atañe a
todos los ciudadanos, tiene una carga especialmente significativa para los que
ejercen la función pública.
Sobre el deber de dedicarse a un trabajo digno, de su
elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar
el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de
la sociedad (art. 75.7), la magistrada Army Ferreira expuso que trabajar es
participar activamente en la creación del bien común y contribuir al ideal de
una sociedad más justa, solidaria y próspera.
Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres
recalcó la importancia de prestar los servicios civiles y militares que la
patria requiera para su defensa y conservación (art. 75.3) y afirmó que este
deber no es vacío y solitario, sino que sirve para preservar el país y el
Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, la
libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia.
Con este acto, el Tribunal Constitucional reafirma su
compromiso con la supremacía de la Constitución, los valores patrios y los
ideales de los patricios Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del
Rosario Sánchez.
La audiencia, que forma parte de las actividades por
el Mes de la Constitución, se llevó a cabo en el Auditorio Menor Profesor
Amarabis Suero del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, con la
presencia de jueces, abogados, catedráticos, funcionarios y autoridades civiles
y militares.
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