Acusación formal presenta Estados Unidos contra tres traficantes armas fuego incautadas en puerto de Haina en la República Dominicana y tenía como destino Haití
La acusación fue presentada en un tribunal federal de
Florida contra Francesca Charles, de 28 años, ciudadana estadounidense; Jacques
Pierre, de 32 años, y su hermano Jeff Pierre, de 34, ambos ciudadanos haitianos
residentes en ese estado. Los imputados enfrentan cargos por conspiración para
contrabandear bienes, envío ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos y
tráfico ilícito de armamento.
De ser hallados culpables, cada uno podría enfrentar
una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.
El
decomiso
De acuerdo con documentos judiciales, en febrero de
2025 autoridades dominicanas incautaron 18 rifles, cinco pistolas, cargadores,
más de 36,000 cartuchos y un silenciador dentro de un contenedor procedente de
Miami, Florida, cuyo destino era Haití.
Las armas y municiones no figuraban en el manifiesto
de embarque, que declaraba únicamente artículos domésticos.
Las investigaciones realizadas por agentes de la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de la Oficina
de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) establecieron que los acusados
habrían sido los compradores de al menos 20 de las 23 armas de fuego halladas
en el contenedor.
Patrón
de compra y tráfico
Según la acusación, los imputados adquirieron al menos
46 armas de fuego entre mayo de 2024 y febrero de 2025, la mayoría de ellas del
mismo modelo y marca que las confiscadas en territorio dominicano. Al menos 37
de estas armas fueron compradas entre el 9 de agosto de 2024 y el 10 de febrero
de 2025.
Las autoridades determinaron que Jacques Pierre compró
dos rifles Barrett calibre .50, considerados armamento militar de alta
resistencia. Uno de estos rifles fue recuperado dentro del cargamento incautado
en Haina.
Registros
de viajes
Los registros de viaje y envío indican que los
acusados facilitaban despachos de armas hacia Haití poco después de realizar
compras masivas de armamento y, posteriormente, viajaban al país caribeño en
fechas cercanas a la llegada de los envíos.
Asimismo, se estableció que los imputados viajaron a
la República Dominicana tres días antes de que el contenedor fuera interceptado
por las autoridades.
El caso es investigado por la ATF y la HSI, con el
apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe y el Servicio de
Alguaciles de Estados Unidos, y está a cargo de la fiscal federal adjunta
Elisibeth Adams, del Distrito Medio de Florida.
La acusación forma parte de la Operación Take Back
America, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia estadounidense
orientada a combatir el crimen transnacional, el tráfico ilegal de armas y las
organizaciones criminales violentas.
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