Doce meses de prisión a peruano por falsa amenaza de bomba que llevó a la activación de los protocolos de seguridad nacional en el AILA
El Ministerio Público dominicano presentó una
acusación formal este contra el extranjero.
El órgano persecutor solicitó prisión preventiva y ha
declarado la complejidad del proceso, argumentando la gravedad de los hechos,
el impacto en la seguridad del Estado, el peligro de fuga, el riesgo de
obstrucción del proceso y la alta probabilidad de que el imputado reincida en
su comportamiento delictivo.
Según la solicitud de medida de coerción, el imputado
realizó una llamada telefónica en la que alertó sobre la supuesta existencia de
un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, que se dirigía
a Panamá.
En ese momento, la aeronave se encontraba en pleno trayecto. La información fue canalizada a través del centro de atención de la empresa concesionaria del aeropuerto, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia.
En el momento de la llamada, Del Pino Cuya se presentó
como gerente de un restaurante en el centro de Santo Domingo y afirmó que la
información le había sido proporcionada por un familiar. Sin embargo,
posteriormente cambió su versión, alegando que un amigo de la familia fue quien
le comunicó la supuesta alerta, indicando que esta persona era originaria de
Francia.
Consecuencias de la falsa alarma
La falsa alarma provocó una serie de acciones que
incluyeron:
El retorno forzoso del avión.
La evacuación controlada de los pasajeros.
La inspección total de la aeronave y del equipaje.
La suspensión temporal de las operaciones aéreas en el
AILA por aproximadamente tres horas.
Desvío de varios vuelos hacia otras terminales del
país, incluyendo Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Operativos de seguridad involucrados
En la operación de respuesta participaron diversas
entidades, incluyendo el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de
la Aviación Civil (Cesac), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así
como organismos militares y otras agencias de seguridad del Estado.
Implicaciones
legales
A pesar de que no se encontró ningún explosivo, el
Ministerio Público sostuvo que que la conducta del imputado se ajusta al tipo
penal de terrorismo.
Esto se debe a que se trató de una acción deliberada
destinada a generar pánico colectivo, alterar el orden público y afectar un
servicio estratégico esencial como la aviación civil.
La mera existencia de una amenaza de esta naturaleza
pone en riesgo vidas humanas y compromete la seguridad nacional.
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