En España el Consejo de Ministros aprueba una regularización extraordinaria de inmigrantes que beneficiaría a más de medio millón
La medida, pactada entre el PSOE y Podemos, se
articulará mediante una reforma del Reglamento de Extranjería y permitirá
solicitar la residencia a todas las personas que acrediten haber vivido en
España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
Se trata de la primera regularización masiva en dos
décadas: la última fue la de 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero concedió autorización de residencia a más de 570.000 personas.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos
reforzando un modelo basado en derechos humanos, en la integración, en la
convivencia y que es compatible con el crecimiento económico y la cohesión
social”, celebró la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, Elma Saiz. La ministra subrayó que la reforma “retoma el
espíritu de la iniciativa legislativa popular”, respaldada por más de 700.000
firmas y bloqueada durante más de año y medio en el Congreso.
Aprobado
por vía urgente
Aunque el PSOE defendía que la regularización debía
tramitarse por vía parlamentaria, el Ejecutivo ha optado finalmente por un real
decreto, que no necesita convalidación del Pleno.
La norma se tramitará además por vía de urgencia, lo
que permitirá que la aprobación definitiva llegue en un máximo de tres meses.
De esta forma, el Gobierno prevé que las solicitudes
puedan comenzar a presentarse a principios de abril y que el proceso permanezca
abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Podrán acogerse quienes carezcan de antecedentes
penales relevantes, no supongan “una amenaza para el orden público” y
demuestren su estancia continuada mediante cualquier documento público o
privado —desde el padrón hasta contratos de alquiler, citas médicas o incluso
billetes de transporte—. También entrarán los solicitantes de protección
internacional que hubieran registrado su petición antes de la fecha límite.
La presentación de la solicitud suspenderá cualquier
proceso de devolución en marcha y dará derecho, desde el primer día, a trabajar
en todo el territorio nacional y en cualquier sector durante un año.
Transcurrido ese periodo, las personas afectadas deberán incorporarse a alguna
de las figuras ordinarias del reglamento vigente, como los distintos tipos de
arraigo.
En el caso de los hijos, el permiso será de cinco
años, con el objetivo de facilitar la unidad familiar. “Es un mecanismo
sencillo y persigue romper las barreras burocráticas del pasado”, defendió
Saiz, insistiendo en que la fórmula “beneficia al trabajador, que gana
derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica”.
La regularización, que el Ejecutivo enmarca dentro de
una estrategia para promover una migración “ordenada, segura y con plena
integración”, responde a una reivindicación ciudadana que se remonta a la ILP
impulsada en 2024. A pesar de haber sido admitida a trámite con el apoyo de la
mayoría del Congreso —excepto Vox—, la iniciativa quedó paralizada por la falta
de acuerdo entre los partidos sobre los requisitos.
Con el decreto aprobado este martes, el Gobierno
afirma que da salida a una demanda social sostenida y a una realidad ya
existente: la de cientos de miles de personas que viven, trabajan y crían a sus
hijos en España sin reconocimiento administrativo.
Algunas preguntas y respuestas sobre la
regularización:
¿Para
quién?
La regularización se dirige a personas que ya residen
en España y fija requisitos claros: haber permanecido en el país de forma
continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de
antecedentes penales. El plazo de solicitudes se abrirá previsiblemente en
abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio.
¿Qué
estatus recibirán quienes hagan la solicitud?
Cuando la solicitud se admita a trámite, “se concederá
una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal
y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria”. Y, “si
la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por
periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización
ordinaria conforme al reglamento de extranjería”.
¿Cómo
afecta a los hijos menores de las familias que lo soliciten?
La solicitud de las familias que cumplan los
requisitos conlleva “la regularización simultánea de hijos e hijas menores” que
ya se encuentran en España. Y, en este caso, su vigencia será de 5 años en vez
del año de duración en el caso de los adultos.
¿Da
la regularización permiso para trabajar?
Sí. En el plano laboral, el Gobierno destaca que la
autorización de residencia otorgará automáticamente permiso de trabajo en
cualquier sector y en todo el territorio. Según el Gobierno la población
migrante es clave en el mercado laboral y la mayoría de los afectados por esta
regularización ya trabaja, aunque muchos lo hacen en condiciones de
informalidad. La medida aspira a facilitar una integración laboral plena, con
cotización, derechos y seguridad jurídica, y a reforzar sectores esenciales
como los cuidados, la agricultura o la hostelería, donde estas personas ya desempeñan
un papel estructural.
¿Hay
algún precedente?
El Gobierno señala que se han producido varias
regularizaciones similares en España. La última se produjo en 2005. Entonces se
beneficiaron de la medida 576.506 personas.
¿Provocará
esta medida un “efecto llamada” que aumente la llegada de extranjeros por vía
irregular?
El Gobierno mantiene que la regularización permite
“poner el contador a cero” para que el sistema funcione sin reproducir
dinámicas de exclusión. Rechaza que exista “efecto llamada”, recordando que se
ha fijado una fecha de corte estricta y que el 95% de las llegadas ya se
producen por vías regulares. También subraya que la irregularidad alimenta a
las mafias y que regularizar, por el contrario, corta ese negocio. Otros
partidos políticos, sin embargo, han criticado que la medida sí puede tener un
“efecto llamada” que produzca la llegada masiva de inmigrantes tras el anuncio.
Sin embargo, no hay evidencia de que medidas similares provocasen un “efecto
llamada” tras los anteriores procesos de regularización.
¿Cuántas
personas podrán beneficiarse de esta regularización extraordinaria?
El Gobierno calcula que esta medida podrá dar la
autorización a alrededor de medio millón de personas, citando los cálculos de
los movimientos sociales. Se trata solo de una estimación. Debido a la
situación clandestina de los potenciales beneficiados, no existen datos
oficiales sobre el número de personas en situación irregular que cumplan con
los requisitos de la medida.
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