La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para reforzar la defensa de los cristianos perseguidos
Durante la presentación de la iniciativa, la diputada
Maribel Sánchez subrayó que la libertad religiosa “no es un privilegio
confesional”, sino un derecho humano fundamental y un “indicador de calidad
democrática”. Recordó que este derecho está blindado por el artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque la realidad global dista
mucho de cumplir este estándar.
Cifras
de una crisis global
Para contextualizar la urgencia de la propuesta,
Sánchez se apoyó en los datos más recientes de entidades referentes en la
materia. Citó la Lista Mundial de la Persecución 2026 elaborada por Puertas
Abiertas, donde señala que 388 millones de cristianos viven en países donde
sufren niveles altos, muy altos o extremos de persecución y discriminación.
“No estamos ante hechos aislados”, afirmó Sánchez,
sino ante un patrón estructural donde “el auge de los gobiernos autoritarios y
las guerras están fulminando el derecho a la libertad religiosa”.
En el debate posterior, la portavoz del PSOE María
Dolores Corujo fue la más crítica con la propuesta, en un agresivo discurso
denunciando “la islamofobia populista” del PP y acusándoles de “perseguir a los
musulmanes” en sus gobiernos locales.
Agustín Santos Maraver, del grupo Sumar, anunció
también su voto en contra, aunque su crítica al proyecto fue comedida y
reconoció que es importante luchar contra todo tipo de persecución y
discriminación. Defendió el papel de España a nivel internacional a través de
proyectos como la Alianza de Civilizaciones como adecuados para el
entendimiento y la cooperación, así como la protección de las minorías.
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) anunció su
voto a favor de la medida. Jordi Salvador expresó que está de acuerdo con la
protección de cualquier minoría y que le parecía adecuado trabajar en el
Congreso para el respeto de todos. “No hay creencias, sentimientos ni lenguas
de segunda”, expuso.
Vox finalizó el turno de palabra añadiendo su apoyo a
la propuesta. Alberto Asarta ahondó en la situación de persecución “que sufren
los cristianos en tantos lugares como minorías vulnerables, con secuestros,
violencia sexual, crímenes y violencia yihadista”.
Presión
cotidiana
La iniciativa aprobada no solo señala la violencia
física, sino también la discriminación sistemática que limita la vida diaria de
millones de creyentes.
En este sentido, cabe recordar el análisis que Ted
Blake, director de Puertas Abiertas en España, compartía en una entrevista con
Protestante Digital. Blake explicaba que la persecución a menudo es silenciosa
y estructural: “No es que todos estén siendo perseguidos todo el tiempo, pero
viven en un contexto donde son vulnerables y sus derechos se ven limitados en
su día a día”.
Esta “presión” cotidiana se traduce en dificultades
para acceder a empleos, educación o justicia, convirtiendo a los cristianos en
ciudadanos de segunda en decenas de naciones.
Acción
diplomática y migración forzosa
El texto aprobado reclama que España refuerce su
acción diplomática y lidere condenas en el seno de la Unión Europea, el Consejo
de Europa y la ONU. Además, la propuesta vincula el respeto a los derechos
humanos con los acuerdos internacionales, señalando que la defensa de la
libertad religiosa es también una herramienta para prevenir la migración
forzosa.
Pese a que la votación mostró la división del arco
parlamentario (la propuesta salió adelante por un solo voto de diferencia y con
18 abstenciones), el resultado sitúa de nuevo en la agenda política española la
responsabilidad institucional ante una realidad que, según el Informe de
Libertad Religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, afecta a más de 5.400
millones de personas que viven en países con graves vulneraciones de este
derecho.
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