La vicepresidenta española responde a Julio Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres
«Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera
que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con
denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos», escribió la
vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.
Iglesias presentó una demanda contra ella por los
comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que Díaz realizó en una red
social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta
contra él por delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.
En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil)
de Madrid, el cantante solicita a través de su abogado la celebración de un
acto de conciliación en el que la vicepresidenta reconozca el daño producido,
rectifique sus manifestaciones (en los mismos medios y en la misma franja
horaria) y lo indemnice.
En su escrito, Iglesias denuncia que Díaz emitió
opiniones con «claros prejuicios de culpabilidad» en las que aseguraba que en
la casa del cantante «se cometían abusos sexuales, los trabajadores se
encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los
derechos fundamentales de los mismos».
«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de
Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una
estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres
valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», decía Díaz en
Bluesky.
En la televisión pública española (TVE), Díaz señaló:
«Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico,
se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que
además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema
en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio
Iglesias».
El cantante había sido denunciado ante la Justicia por
dos de sus exempleadas en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas por
los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo
forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos
de los trabajadores.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero
la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos
por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por
falta de competencias.
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