Procuraduría General de la República ordena investigar todos los actos jurídicos y administrativos en siete parques protegidos dominicanos
Asimismo, la magistrada dispuso la conformación de una
fuerza de tarea especial para reforzar y ampliar las pesquisas.
Las indagatorias incluirán el Parque Nacional Jaragua,
Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque
Nacional Hoyo del Pino.
En estos lugares dispuso revisar todos los actos
jurídicos y administrativos que hayan dado lugar a la entrega de títulos de
propiedad.
El grupo de trabajo será encabezado por el director de
Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y contará con la
participación de la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa
(Pepca), las áreas de medio ambiente y antilavado, la Unidad de Investigación
Inmobiliaria, así como el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
La medida también contempla la elaboración, junto al
Ministerio de Medio Ambiente, de un informe sobre la situación legal y el
impacto de los delitos ambientales en las 134 zonas que integran el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
De acuerdo con la disposición, la finalidad es
establecer si existen redes delictivas, actos de corrupción o irregularidades
que hayan permitido la apropiación indebida del patrimonio natural del Estado.
Representantes de la Coalición para la Defensa de las
Áreas Protegidas, del Grupo Jaragua y de la Fundación para el Derecho, Defensa
y Educación Ambiental se presentaron la semana pasada ante la Procuraduría
General para denunciar lo que consideran un despojo del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.
Esto ocurrió luego de una decisión emitida por la
Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual impacta al
Parque Nacional Jaragua, ubicado en Pedernales.
Nelson Pimentel, portavoz de la reunión, señaló que
solicitaron a la Procuraduría tomar todas las acciones legales y procesales
necesarias para hacer frente a las consecuencias de lo que describió como una
sentencia irregular y dañina para el patrimonio ambiental de la nación.
El Ministerio de Medio Ambiente, junto a varias
organizaciones, ha impugnado la sentencia emitida por el TSA, la cual dispone
un cambio en los límites del Parque Nacional Jaragua para reconocer derechos de
propiedad privada y abrir paso a proyectos turísticos. La medida dejaría fuera
aproximadamente 10 millones de metros cuadrados del área protegida.
El fallo ha generado un fuerte rechazo por parte del
movimiento ambientalista, que sostiene que la decisión presenta múltiples
irregularidades e inconsistencias.
Según denuncian, la sentencia obliga al Ministerio de
Medio Ambiente a retirar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas amplias
extensiones de terreno mediante procedimientos catastrales.
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