Solicitan penas de hasta 20 años de prisión a los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola procesados por corrupción
Los fiscales, encabezados en audiencia por la
procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron la misma pena
para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista
y capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También solicitaron la imposición de 15 años de
prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline
Guzmán Sánchez (La Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo
Nolasco.
El Ministerio Público solicitó, asimismo, la
imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy
Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán,
Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez
Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al
sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos
Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel
Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De
los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, cinco años de prisión para el mayor Raúl
Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto
Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
“Hemos tenido largas jornadas en este tribunal y, tal
y como le dijimos a las juzgadoras desde el primer día que demostraríamos cada
una de las imputaciones, así lo hemos hecho”, dijo Ortiz, al responder a la
prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de
Ciudad Nueva.
“Con cada elemento probatorio, con cada testimonio,
con cada documento, con cada pericia, hemos demostrado todos los puntos de
nuestra acusación”, añadió”.
“En esa virtud hemos solicitado las condenas, condenas
que van desde 5 hasta 20 años, todas dentro de las escalas legales y conforme a
la participación de los imputados, por lo que no tenemos ninguna duda de que
este tribunal dará a cada imputado las penas solicitadas por el Ministerio
Público por ser justas y ajustarse en todo momento a los parámetros legales”, precisó
la titular de la Pepca.
El tribunal fijó la continuación de la audiencia para
el próximo martes 10 del mes en curso.
En su pedimento, el Ministerio Público, representado
por Ortiz junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Emmanuel Ramírez, Arolin
Lemos, Miguel Collado y Melbin Romero, solicita la clausura, suspensión de
operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la
imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
También, para las compañías Hacienda Kelman SRL,
R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company
y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
Asimismo, la disolución e imposición de una multa de
10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de
los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos
de lujo.
En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, en
base a la cooperación efectiva que ha realizado con el Ministerio Público, el órgano
persecutor solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado, Giselle Méndez
(presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, tomar en consideración el tiempo
que lleva el imputado guardando prisión conforme al arresto domiciliario para
que esta pena sea computada como cumplida y lo restante sea de manera
suspendida.
Para ello, piden que la pena se cumpla bajo la regla
de recibir en un domicilio fijo aportado a este tribunal, abstenerse del porte
y tenencia de armas de fuego y presentarse una vez al mes ante el juez de
ejecución de la pena para dar fe del cumplimiento de las medidas requeridas.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio
Público durante el proceso judicial se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141
peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y
104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos
electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas
provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil
en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado
ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más
de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de
encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó
entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad
Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística
(Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(Conani).
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