Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revoca extinción penal del proceso seguido contra Micky López procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger
el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la
sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción
penal del caso. La corte también ordenó
la continuación del juicio.
La Fiscalía de La Vega, representada por su titular
Aura Luz García Martínez, y el fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, presentó el
recurso de apelación en contra de la Sentencia Núm. 212-03-2025-SSEN-00062, de
fecha nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Primer
Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez
Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez.
La sentencia revocada favorecía a Miguel Arturo López
Florencio (Micky López), José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López
Pilarte, y a Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias
Gloria Ivette S.R.L., Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L., Auto Crédito Selecto
S.R.L. y Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega,
estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con
sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal
logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de
pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los
capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta
de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y
financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se
dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar
y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su
vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios
artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17
sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal
Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y
Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión
que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó
que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso
para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela
García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de
la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela
Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del
caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados
enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados
por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador
enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance
oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida
el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando
que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano.
Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma
jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal
colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al
momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, citó: la complejidad del caso, la
actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las
partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la
organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen
de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad
social, entre otros factores.
El órgano acusador recordó que por el caso fue
procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López
Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena
de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR)
Rafey Mujeres, de Santiago.
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