Prisión preventiva como medida de coerción pedirá Ministerio Público contra profesora imputada de maltratar a niña de dos años en centro de cuidado en sector de Santo Domingo Este
El nombre de la menor se omite por razones legales,
conforme a lo establecido en la ley de protección de niños, niñas y
adolescentes.
La solicitud de medida de coerción contra la profesora
será depositada ante un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo
Domingo Este, dentro del plazo de 48 horas, que se cumple la noche del martes.
Tras el depósito del expediente, el tribunal deberá
fijar la audiencia para el miércoles, cuando se conocerá la solicitud de medida
de coerción contra Yamelsy Matos Beltré, acusada de violar la legislación que
protege a los menores de edad en perjuicio de la víctima.
El Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes
debe llevar adelante el proceso contra la profesora, incluso si los familiares
de la víctima no presentan denuncia ni querella. Esto se debe a que la ley
garantiza la protección integral de los derechos fundamentales del menor, y el
Ministerio Público actúa como representante de la sociedad y del Estado.
Esta intervención busca evitar la revictimización de
la menor, asegurar la aplicación de la justicia y proteger el interés superior
del niño.
La profesora Matos Beltré, de 25 años, empleada del
centro infantil, fue arrestada la noche del domingo mediante orden judicial,
tras entregarse a representantes del Ministerio Público en la Unidad de
Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de Santo Domingo Este, junto a agentes policiales de esa jurisdicción.
Previo a su arresto, el Ministerio Público y la
Policía Nacional desarrollaron un operativo de búsqueda de la profesora en diferentes
sectores del municipio.
La investigación es dirigida por la procuradora de
corte Olga Diná, luego de la difusión en redes sociales de un video que muestra
el momento en que la profesora presuntamente maltrata a la niña dentro del
centro de atención infantil donde laboraba.
La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas,
Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná, indicó que la imputada, acusada de
presuntamente obligar a una niña a comer su propio vómito, podría enfrentar
penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de los resultados de la
investigación y de si los hechos son calificados por la justicia como tortura y
barbarie.
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