Cuba incauta residencia a exministro de Economía Alejandro Gil Fernández condenado por soborno a cadena perpetua
De acuerdo con información ofrecida a Martí Noticias por María Victoria Gil, hermana del exfuncionario, la acción formó parte del "proceso ejecutorio" de la sentencia firme dictada en su contra.
La fuente indicó que se llevó a cabo la confiscación de una vivienda en Miramar, ubicada en 24 entre Primera y Tercera. No obstante, aseguró que otra propiedad familiar inicialmente en disputa fue restituida tras acreditarse su origen legal previo a 1959.
"Gracias a Dios les han devuelto la casa familiar, porque en la sentencia se decía que yo se las había donado de una manera ilegal, lo cual no es cierto y se demostró jurídicamente, que era una casa antes del triunfo de la revolución, de nuestra familia", afirmó.
Añadió que dicha vivienda había sido cedida legalmente a su sobrina, Laura María Gil González, quien posteriormente la entregó tras recibir otra propiedad estatal.
El operativo de desalojo del miércoles se desarrolló desde horas de la mañana en la residencia situada en el municipio de Playa, donde residían familiares del exministro, incluidos su esposa, hija, nieta y yerno, según fuentes citadas por Cubanet. Testimonios recogidos indican que al menos dos camiones fueron utilizados para retirar pertenencias, mientras agentes desplegados en el área impidieron a vecinos documentar lo ocurrido.
La vivienda desalojada, descrita como una casa amplia de dos plantas con garaje y jardín, se encuentra en una de las zonas más cotizadas de la capital. El procedimiento ocurre en un contexto de crisis habitacional en la Isla, donde el déficit supera las 800.000 viviendas y una proporción significativa del fondo habitacional presenta deterioro.
Las acciones se producen tras la ratificación de la condena contra Gil Fernández por parte del Tribunal Supremo Popular, que dejó firme la sentencia al rechazar los recursos de apelación. El fallo impuso cadena perpetua por delitos como espionaje y sanciones adicionales de 20 años de prisión por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.
El exviceprimer ministro fue juzgado en dos procesos. En el primero, el tribunal lo consideró responsable, entre otros cargos, de espionaje, actos contra la actividad económica, sustracción de documentos oficiales y violación de normas de protección de información clasificada, lo que derivó en la sanción de privación perpetua de libertad. En el segundo, fue condenado por cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.
Ambos procesos incluyeron sanciones accesorias como la confiscación de bienes, la prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos y la privación de derechos públicos. El tribunal justificó la severidad de las penas en disposiciones constitucionales y del Código Penal relacionadas con la "lesividad social" de los hechos.
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