Washington con la mira puesta en Nicaragua; el Congreso de Estados Unidos convoca audiencia sobre el régimen de Ortega-Murillo
WASHINGTON (15 Mayo 2026).- El Congreso de Estados Unidos ha convocado para el próximo 20 de mayo una audiencia titulada “Enfrentando al régimen totalitario de Ortega-Murillo”, en la que se examinarán los recientes retrocesos democráticos en Nicaragua y las tensiones crecientes con Washington.
La sesión, que se celebrará a las 2:00 p.m. en el Rayburn House Office Building en Washington D.C., será organizada por el Subcomité del Hemisferio Occidental y contará con la participación de Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, según información publicada en la página oficial del Subcomité del Hemisferio Occidental (119º Congreso).
El evento parlamentario refleja una preocupación
específica dentro de la administración estadounidense por la consolidación del
modelo autoritario impulsado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los
legisladores también observarán la expansión de los vínculos internacionales
del gobierno sandinista con Rusia, China e Irán, aliados que han reforzado su
cooperación con Managua en los últimos años. Este punto se suma a las
inquietudes sobre los efectos que tales alianzas podrían tener para la
seguridad y la política regional.
En la última etapa del mandato de Ortega y Murillo, el
gobierno estadounidense ha intensificado las sanciones contra funcionarios,
operadores y empresas asociadas al régimen, a quienes responsabiliza por
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, persecución de disidentes y
debilitamiento institucional, de acuerdo con medios internacionales. Entre las
medidas observadas por el Congreso destacarán también prácticas como el cierre
de más de una decena de organizaciones civiles, la confiscación de
universidades, la expulsión de miembros de la Iglesia católica, el
encarcelamiento de opositores y restricciones impuestas a la prensa
independiente en Nicaragua.
El Congreso de Estados Unidos también examina el
impacto del éxodo de nicaragüenses y el destino de presos políticos, personas
desnacionalizadas y ciudadanos desterrados. La atención parlamentaria hacia
estos temas obedece a la combinación de crisis política, represión interna y
colapso de la institucionalidad democrática documentados por organismos
internacionales.
Ana Quintana-Lovett —quien funge como representante
del Departamento de Estado para la ocasión— cuenta con experiencia previa en
asuntos de democracia, seguridad y gobernabilidad en América Latina. Su
comparecencia será clave para delinear las respuestas estadounidenses frente al
endurecimiento del régimen nicaragüense.
El Subcomité del Hemisferio Occidental, organizador de
la audiencia, tiene entre sus atribuciones la supervisión de los asuntos
exteriores de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, incluidas materias
de derechos humanos, migración, seguridad y fortaleza democrática.
La administración de Estados Unidos incrementó la
presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con nuevas sanciones
dirigidas al círculo familiar y financiero de la pareja presidencial. El
Departamento del Tesoro impuso restricciones a dos hijos del mandatario y a
altos funcionarios de áreas clave como minas, telecomunicaciones e inteligencia
militar, a quienes se acusa de fomentar la inestabilidad regional y desarrollar
redes de vigilancia civil.
Las medidas incluyen un bloqueo al sector del oro,
columna vertebral de la economía nicaragüense, mediante restricciones a
empresas de capital chino y locales, lo que representa un fuerte golpe a las
principales fuentes de divisas del régimen, detalló. Ortega respondió con
declaraciones públicas ofensivas hacia la administración de Donald Trump, a
quien calificó de “desquiciado mental” tras la intensificación de las
sanciones. Según información de AFP prensa.
La ruptura diplomática se extiende a otros países del
continente y Europa. Gobiernos vecinos, como el de Guatemala, han calificado al
gobierno sandinista de antidemocrático, mientras que la cancillería
nicaragüense rechaza cualquier señalamiento externo. El régimen también ha
despojado de su nacionalidad a más de 300 opositores políticos, periodistas y
religiosos, enviándolos al exilio y enfrentando denuncias internacionales por
crímenes contra la humanidad y “muerte civil”.


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