Condenas de 3 a 20 años para entramado jerarcas militares y policiales y civiles desfalcaron al Estado dominicano con 4,500 millones de pesos
Entre los condenados a 20 años de prisión, figura el mayor general Adan Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad
Presidencia.
Asimismo, fue condenado al pago de 400 salarios
mínimos.
También el extitular del Cuerpo Especializado en Seguridad
Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, y el coronel Rafael Núñez de Aza
también recibieron esa misma sentencia.
Además, el general Julio Camilo de los Santos Viola y
la pastora Rossy Guzmán recibieron condena de 15 años de prisión y el pago de
400 salarios mínimos.
De manera similar dictaron 10 años de prisión para
Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón,
Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores.
Al mayor del Ejército, y delator del caso, Raúl
Alejandro Girón Jiménez, recibió la pena de cinco años de prisión. Sin embargo,
el tribunal lo decidió como pena cumplida debido al tiempo transcurrido en el
caso.
Penas
suspendidas
Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos fueron condenados a cinco años de prisión suspendida.
Mientras que Carlos Lantigua, Pedro Roberto Castillo
Nolasco y Raymel Pastor del Rosario Viola recibieron tres años de prisión
suspendida.
Culpables de desfalco
La decisión fue adoptada por las juezas Gisselle
Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes tomaron la decisión luego de un
proceso judicial que se extendió por casi cinco años y que investigó el presunto
desvío de más de RD$4,500 millones de fondos públicos.
Entre los culpables figura el mayor general retirado
Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP),
señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA) como el principal cabecilla de la estructura.
También fueron hallados culpables el coronel Rafael
Núñez de Aza, exdirector financiero del CUSEP; el general Juan Carlos Torres
Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); y
el general Julio Camilo de los Santos Viola, exjefe de seguridad presidencial.
Asimismo, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez,
conocida como “La Pastora”, y a Kelman Santana Martínez, tras establecer su
participación en operaciones destinadas al ocultamiento y manejo de recursos
provenientes de actividades ilícitas.
Igualmente, otros miembros de la red, integrada por
militares, policías y civiles, entre ellos Tanner Antonio Flete Guzmán,
Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua
Cruz, Miguel Ventura Pichardo, Erasmo Roger Pérez Núñez, Jehohanan Lucía
Rodríguez Jiménez, Alejandro José Montero Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán
Alcántara y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
Respecto al teniente coronel Raúl Alejandro Girón
Jiménez, quien ayudó a las autoridades y ofreció declaraciones consideradas
fundamentales para el esclarecimiento del caso, el tribunal tomó en cuenta su
condición de testigo colaborador al momento de imponer la sanción
correspondiente.
Según la acusación, la estructura operó desde el
CUSEP, el CESTUR mediante el abultamiento de nóminas, contratos simulados y el
uso indebido de recursos estatales. El Ministerio Público sostuvo que parte de
los fondos obtenidos fueron ocultados y posteriormente incorporados al sistema
financiero mediante maniobras de lavado de activos.
El tribunal concluyó que las pruebas documentales,
testimoniales y periciales permitieron reconstruir un esquema organizado de
sustracción de fondos públicos mediante la manipulación de nóminas en el CUSEP
y el CESTUR.
Entre las evidencias más relevantes figuraron los
discos duros ocupados durante el allanamiento realizado en la residencia del
imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. En esos dispositivos se encontraron
listados de personas reclutadas para formar parte de nóminas irregulares,
identificadas con los nombres de las denominadas “cabezas recolectoras”,
responsables de captar personas, recibir los fondos depositados por el Estado y
posteriormente recuperar el dinero para entregarlo a los responsables del
entramado.
Al analizar las acusaciones de enriquecimiento ilícito
y lavado de activos contra el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, el
tribunal concluyó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público
permitieron establecer una desproporción significativa entre sus ingresos
legítimos y el patrimonio acumulado durante los años en que dirigió el CUSEP.
Las juezas determinaron que, al momento de asumir la
dirección del CUSEP, el imputado mantenía un patrimonio limitado y percibía
ingresos propios de su función pública. Sin embargo, pocos meses después de
asumir el cargo inició una dinámica constante de adquisición de préstamos,
inmuebles, certificados financieros y otros productos bancarios que, según el
tribunal, excedían ampliamente su capacidad económica conocida.
Según la sentencia, al ingresar al CUSEP el imputado
devengaba un salario mensual de aproximadamente RD$245,000, mientras que su
esposa percibía ingresos cercanos a RD$49,820. No obstante, pocos meses después
comenzó a asumir compromisos financieros cada vez mayores.
El tribunal destacó que para el año 2013 Cáceres
Silvestre destinaba alrededor de RD$91,829 mensuales al pago de préstamos. Para
el año 2015 esa cifra había ascendido a RD$354,351 mensuales, además de
obligaciones anuales superiores a RD$370,000. Posteriormente, en 2017, sus
pagos por concepto de préstamos alcanzaron aproximadamente RD$512,325
mensuales, manteniendo además cuotas anuales adicionales.
También el tribunal concluyó que el general Juan
Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, experimentó un incremento
patrimonial que no pudo ser justificado con los ingresos legítimos acreditados
durante el proceso, configurándose el delito de enriquecimiento ilícito.
Las juezas determinaron que los salarios percibidos
por Torres Robiou en las filas militares, que no superaban los RD$200,000
mensuales.
Durante el juicio se estableció que el imputado
registró movimientos financieros por aproximadamente RD$65 millones entre
depósitos y retiros de efectivo. Asimismo, se verificaron pagos de préstamos
bancarios superiores a RD$13 millones en una sola cuenta.
La
red no pudo entrar a CONANI
El tribunal concluyó que no quedó demostrada la
implementación efectiva de una estructura destinada a la apropiación o
distracción de fondos públicos mediante mecanismos administrativos dentro del
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El tribunal reconoció la intención de colocación de
personal en posiciones estratégicas, pagos de viáticos y otras actuaciones
orientadas a obtener control financiero y administrativo. Sin embargo,
determinó que estos elementos, por sí solos, no constituyen evidencia suficiente
para demostrar la ejecución.
Pastora
jugó un papel clave en el esquema
El tribunal indicó que Rossy Guzmán, (La Pastora),
desempeñó una función determinante en las operaciones de lavado de activos
derivadas de los fondos públicos sustraídos a través de la estructura de
corrupción.
El tribunal determinó que Rossy Guzmán no solo mantuvo
vínculos directos con varias de las entidades utilizadas por la organización,
sino que también participó en la administración y manejo de estructuras jurídicas
que sirvieron para ocultar, transformar y movilizar recursos provenientes de
actividades ilícitas. Destacó la relación entre Guzmán, la Asociación Campesina
Madre Tierra y la empresa Único Real Estate e Inversiones.
Las juezas establecieron que Guzmán figuraba como
socia, representante, beneficiaria final o participante en diversas operaciones
vinculadas a Cáceres.
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