Llegará al Congreso Nacional este viernes el proyecto de ley del Plan Anticrisis elaborado por el Gobierno de la República Dominicana
Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda y
Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, concebida en cuatro
dimensiones: medidas pro crecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión
y consolidación fiscal.
El Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la
protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la
sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad
macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión
pública, los servicios esenciales y la protección social.
El funcionario afirmó que “República Dominicana ha
demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo
construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las
próximas generaciones”.
El proyecto diseñó su arquitectura de ingresos con una
premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la
mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes,
cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas
nueva carga tributaria.
La principal medida de consolidación fiscal es una
sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR)
Empresarial, que se elevaría a 30 % durante tres años, aplicable exclusivamente
a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD 1,000 millones
anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de
140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del
0.8 % del total.
A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto
a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 %; la creación de
un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el
incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar, y un aumento de
diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.
En el frente del combate a la evasión, el proyecto
habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para
importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR
sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad
fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al
Ministerio de Hacienda poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo,
para evitar abusos.
Alivio
para clase media y pymes
La iniciativa contempla también disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos. Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal -que no se actualiza desde hace aproximadamente una década- y eleva el mínimo exento de RD 34,685 a RD 39,900, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso.
Asimismo, incrementa la deducción por gastos
educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a
personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían
en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas -que representan el 78 % de las
empresas que reportaron ISR en 2025 se derogan los anticipos del impuesto. Las
empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de doce. El
sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos.
El proyecto deroga, además, figuras tributarias
anacrónicas: la ley que grava las hipotecas data de 1890; la ley de impuesto a
los fósforos, de 1935, y la ley de control de estampillas, de 1966. Se eliminan
también gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y al Impuesto
Selectivo a los seguros de vida, medidas que el Gobierno califica como
obstáculos a la competitividad y a la formalización.
El
Gobierno también pone de su parte
El criterio rector, según la presentación del
ministro, es “comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar
las funciones críticas del Estado”. Explicó que en 2025 el gasto corriente cayó
0.5 % del PIB mientras el gasto de capital aumentó, y el gasto en publicidad se
encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099 % del PIB y el 0.52 %
del gasto total en el período 2021–2025, por debajo del promedio histórico de
la década precedente (0.109 % y 0.62 %, respectivamente).
En ese mismo período, la Ley de Responsabilidad Fiscal
fue cumplida de manera holgada en su primer año de aplicación, lo que le
permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México
-nación con grado de inversión- e inferiores a las de Colombia, con los
márgenes más bajos de la historia para títulos comparables.
No hay comentarios.: