El ICE “es un mojado”: los insultos racistas que una demanda atribuye a agentes migratorios en Los Ángeles
LOS ÁNGELES (29 Julio 2026).- La expresión quedó registrada en la cámara corporal de uno de los agentes de la Patrulla Fronteriza que buscaban indocumentados en una tienda Home Depot de Hollywood. “Había un tipo, estoy bastante seguro de que es un mojado (wet)”, dijo el oficial, utilizando la variante de un término despectivo (wetback) con el que se ha llamado durante décadas a los migrantes sin papeles que cruzan a nado el río Bravo.
En otra ocasión, antes del inicio de un operativo en Los Ángeles, otro agente advirtió: “Hay tonks por todas partes vendiendo comida”. Tonks no es un código policial, sino un insulto que alude al sonido que hace una linterna al golpear la cabeza de un migrante, una palabra que la propia Patrulla Fronteriza considera inapropiada.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sostiene que ha reunido suficientes pruebas de insultos racistas intercambiados en comunicaciones entre agentes migratorios para pedir a una jueza federal de California que ordene suspender los operativos contra indocumentados. En una moción presentada este lunes ante una corte de Los Ángeles, la organización afirma que los oficiales decidían a quién detener basándose, esencialmente, en su apariencia física y el color de su piel. Todo ello quedó documentado en mensajes de texto y en conversaciones captadas por las cámaras corporales que portaban los agentes.
“Hasta el día de hoy, los demandados recorren el Distrito (Central de California) armados y con el rostro cubierto, deteniendo tanto a ciudadanos como a no ciudadanos con base en un perfil que consideran ‘sospechoso’: personas de apariencia latina y de bajos ingresos o de clase trabajadora”, se lee en la moción que ha llegado al escritorio de la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong.
El escrito forma parte de la demanda que la ACLU y otras organizaciones presentaron en julio de 2025 en nombre de cinco personas y cuatro grupos de defensa de los migrantes. En ella acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de mantener prácticas de detención inconstitucionales presuntamente impulsadas por “cuotas arbitrarias de aplicación de la ley”.
Las detenciones “colaterales”
Según la moción, los agentes no sustentan sus operativos en labores de inteligencia dirigidas a localizar objetivos prioritarios, como personas condenadas por delitos violentos y con órdenes de deportación en su contra; sino que detienen a cualquier migrante indocumentado que encuentren en el camino para inflar sus cifras de arrestos. Desde hace varios años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les dice “colaterales”.
El documento judicial también revela una controvertida directriz emitida por el ICE, por medio de un correo electrónico, en mayo de 2025. El email instruía a sus agentes a “subir al máximo el nivel de creatividad” y aumentar el número de detenciones de personas “colaterales”.
La ACLU sostiene que, durante las entrevistas realizadas a varios agentes como parte de esta querella, estos admitieron que la apariencia “hispana” de quienes veían en las calles, en los estacionamientos de tiendas Home Depot o en negocios de lavado de autos, influía en la decisión de a quién acercarse para preguntarle sobre su estatus migratorio. En uno de los videos citados en el expediente, un agente le dice a otro: “Mándanos a donde veas algunos tonks“.
En una breve declaración enviada a EL PAÍS, el DHS no respondió específicamente a la demanda, sino que defendió la actuación de sus agentes, las cuales, subrayó, están enfocados en proteger al pueblo estadounidense. “¿Dónde está la indignación de los medios por las familias estadounidenses que han perdido a un ser querido a causa de delitos cometidos por inmigrantes ilegales?”, preguntó la agencia.
“Un patrón de perfil racial”
Para Mayra Joachin, subdirectora del Programa de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, “los propios registros del Gobierno revelan un patrón de perfil racial que vulnera algunas de las protecciones más fundamentales de nuestra Constitución”. En un comunicado, Joachin señala que estas pruebas solo “han confirmado lo que nuestras comunidades sabían desde el principio: los agentes de inmigración violan flagrantemente la ley al detener a personas sin justificación”.
La demanda sostiene que las detenciones basadas en perfiles raciales violan tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones irrazonables, como la garantía de igualdad ante la ley consagrada en la Quinta Enmienda.
“Las pruebas no mienten: estas detenciones nunca tuvieron que ver con la seguridad, sino con el color de la piel”, expresó en el comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las partes demandantes en el caso.
Aunque esta demanda llevó inicialmente a un tribunal de distrito a emitir una orden de restricción temporal que limitaba ciertas acciones de control migratorio, en agosto de 2025 la Corte Suprema suspendió esa medida.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong decidirá en una audiencia prevista para el próximo 24 de septiembre si concede la moción o permite que continúen los operativos del ICE y la Patrulla Fronteriza.
Por ISAÍAS ALVARADO/El País
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