Gobierno dominicano respeta sentencia TC sobre decreto 308-06 regula horarios de expendio bebidas alcohólicas pero seguirá vigente hasta que Congreso apruebe nueva ley
SANTO DOMINGO, República Dominicana (29 Julio 2026).- El Gobierno dominicano a través de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, declaró el miércoles que respeta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto 308-06 que regula los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en centros de diversión, pero indicó que seguirá vigente hasta que el Congreso apruebe una nueva ley.
El TC declaró inconstitucional el referido decreto, al
considerar que una restricción como esa debe estar contenida en una ley que
apruebe el Congreso Nacional y dio un plazo de dos años para que se legisle en
ese sentido.
“El Tribunal Constitucional estableció un plazo de dos
años durante el cual continuará aplicándose el decreto vigente desde 2006,
mientras el Congreso Nacional trabaja en una nueva ley que podrá entrar en
vigor antes de ese plazo. Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo,
acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una
normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país”, escribió la
ministra Raful en su cuenta de X, y en respuesta a una publicación de este
diario.
En el dictamen, el TC da un plazo de dos años, a
partir de la fecha de la sentencia, para que el Congreso Nacional apruebe una
ley en torno a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en colmados,
discotecas, bares, casinos y centros de diversión en horario nocturno, a lo que
se acogió la ministra de Interior y Policía
La ministra Raful reiteró que su compromiso es
proteger la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos.
Mientras que el abogado Victor Mateo Vásquez, quien
sometió la petición para que se declare inconstitucional la norma, saludó la
reacción de la ministra Raful en redes sociales.
«¡Excelente, ministra! Esa es la actitud. Tómense un
tiempo prudente, pero elaboren una ley garantista a favor de la dignidad de las
personas y delimiten sus atribuciones como sucede en todo Estado de Derecho»,
escribió el abogado.


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