Los evangélicos piden frenar la incautación de una iglesia histórica en Irán
Según el informe
elaborado por Puertas Abiertas, organización de apoyo a la Iglesia perseguida
que alertó a la AEE sobre la situación, el 16 de junio las autoridades iraníes
ordenaron a las doce familias armenias y las ocho familias asirias que residen
en el complejo que lo abandonaran, amenazando con la detención a los
responsables de la iglesia si las familias se negaban a obedecer. A los fieles
se les indicó además que buscaran nuevos lugares de culto.
Antes del ultimátum
formal, agentes de inteligencia iraníes pasaron varias horas en el recinto del
complejo, comunicando a los residentes que habían acudido para que las familias
se “acostumbrasen a su presencia”, en lo que los líderes de la iglesia han
interpretado como una táctica deliberada de intimidación previa al desalojo.
Una sentencia de 1998 ejecutada casi 30 años después
La confiscación tiene
su origen en una orden dictada por un Tribunal Revolucionario en 1998, que
disponía que todo el complejo, formado por unas cuatro hectáreas en el centro
de Teherán que incluyen el histórico santuario, dos escuelas y decenas de viviendas,
debía transferirse a la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini (EIKO),
organismo estatal que también ha sido responsable de la expropiación y
demolición de varias iglesias en los últimos meses: la iglesia presbiteriana
asiria de Mashhad, derribada sin previo aviso, así como la iglesia
presbiteriana asiria de Tabriz, la iglesia de las Asambleas de Dios de Gorgan y
el centro de retiros de Karaj.
El Consejo de
Iglesias Evangélicas de Irán, responsable de San Pedro, no tuvo conocimiento de
la sentencia hasta que esta salió a la luz de forma accidental en 2008, y no
pudo impugnarla: la República Islámica lleva denegando desde 1980 la renovación
del registro del Consejo y cerró el expediente sobre la propiedad por
indicación de la Oficina del Líder Supremo, bloqueando en la práctica cualquier
vía de recurso legal.
El reverendo Sargez
Benyamin, antiguo pastor de la iglesia, ha señalado que no se dio ningún motivo
para la orden original de 1998, y que la mayoría de las familias afectadas
tienen bajos ingresos y “no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin el
apoyo de la iglesia”.
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