Once detenidos, 10 vehículos de alta gama y varias embarcaciones incautadas en Operación LGTCA desarrollada en La Romana, La Altagracia y Puerto Plata
SANTO DOMINGO, República Dominicana (7 Agosto 2026).- El Ministerio Público desplegó desde la madrugada del jueves, en una acción conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado, la Operación LGTCA, con la que desmanteló una compleja estructura criminal dedicada a la recepción, acopio y redistribución de cargamentos de sustancias controladas procedentes de Sudamérica.
La base operativa del entramado criminal estaba en el
litoral este del país, específicamente en las zonas turísticas comprendidas
entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe.
Las investigaciones de inteligencia operativa
arrojaron que la organización delictiva desarrolló la capacidad de movilizar
múltiples cargamentos transnacionales de estupefacientes al año, sirviendo
además como puente a otras redes internacionales para el posterior envío de las
sustancias hacia Puerto Rico a través de lanchas rápidas.
En la operación, coordinada por la Dirección General
de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Drogas Narcóticas, participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y
de otras agencias.
El Ministerio Público ejecutó 14 allanamientos
simultáneos que impactaron múltiples propiedades vinculadas a la red, ubicadas
en las provincias de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata.
Como resultado del despliegue de las fuerzas, fueron
arrestadas unas 11 personas y se incautaron 10 vehículos de diversos modelos,
varias embarcaciones, dispositivos de geolocalización (GPS) y múltiples equipos
electrónicos de comunicación, dinero y documentos, entre otras evidencias vinculantes
con la investigación.
Las autoridades han confirmado 10 integrantes dentro
de la organización, varios de los cuales cuentan con condenas previas por
delitos vinculados al narcotráfico en Puerto Rico.
Las personas arrestadas serán presentadas por el
Ministerio Público ante los tribunales para que los jueces les conozcan medidas
de coerción.



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