El gobierno de Donald Trump demandado por ocultar la ubicación de inmigrantes detenidos por ICE
El cambio afectaba a
más de 16,000 de los casi 69,000 inmigrantes que permanecían bajo custodia de
la agencia hasta el mes pasado, de acuerdo con información obtenida por The
Associated Press.
Las organizaciones
demandantes sostienen que la medida dificulta, y en ocasiones imposibilita, que
los abogados encuentren a sus clientes para brindarles representación legal o
presentar recursos contra su detención y eventual deportación.
“A nadie se le debe
negar una oportunidad real de defender sus derechos porque el gobierno ha
imposibilitado que su abogado lo encuentre”, expresó Jacquelynne Bowman,
directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, una de las entidades que
presentó el recurso.
La demanda fue
radicada ante un tribunal federal en Boston y solicita que un juez bloquee la
política, que los demandantes describen como ilegal e inhumana.
Abogados denuncian dificultades para localizar a sus
clientes
Desde 2010,
familiares y representantes legales han utilizado el Sistema en Línea de
Localización de Detenidos de ICE para conocer dónde se encuentran las personas
bajo custodia migratoria, incluso cuando son trasladadas entre centros de
detención.
Sin embargo, tras la
implementación del cambio, los abogados aseguran que han perdido contacto con
algunos clientes y han tenido que dedicar considerablemente más tiempo a
localizar a otros.
Según el recurso
judicial, las llamadas a ICE y a su Línea de Información sobre Detención y
Expulsión frecuentemente terminan en largas esperas, interrupciones repentinas
o respuestas que no permiten conocer el paradero de los detenidos.
Algunos
representantes legales han intentado utilizar otro sistema de la agencia destinado
a coordinar llamadas con abogados, pero este funciona únicamente en una pequeña
proporción de los centros de detención, según las organizaciones.
Como consecuencia,
alegan que se han retrasado o perdido oportunidades para presentar recursos judiciales
y que las dificultades también han limitado la cantidad de casos que pueden
asumir.
Más de un millón de personas enfrentan órdenes de
deportación
En Estados Unidos,
aproximadamente 1.4 millones de personas están sujetas a órdenes finales de
expulsión.
Esta clasificación
corresponde a inmigrantes cuya deportación fue ordenada por un juez y cuya
decisión fue confirmada en apelación o no fue impugnada dentro del plazo
correspondiente.
No obstante, una
orden final no elimina todas las alternativas legales disponibles.
Las personas
afectadas todavía pueden solicitar la reapertura de sus procedimientos,
cuestionar las condiciones de su detención o presentar recursos relacionados
con una deportación inminente, incluidos casos en los que se pretende enviarlas
a terceros países.
Las organizaciones
sostienen que, para ejercer esos derechos, resulta indispensable que los
abogados puedan conocer la ubicación de sus clientes y comunicarse con ellos
oportunamente.
La demanda plantea
que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo, debido a que fue
adoptada sin una explicación, así como la Primera Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos, que protege determinadas actividades de asesoramiento y
representación legal.
ICE niega que esté haciendo desaparecer a detenidos
Hasta el momento de
la publicación del informe de The Associated Press, ICE y el Departamento de
Seguridad Nacional no habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre
la demanda.
Aunque las agencias
tampoco han confirmado públicamente la modificación del sistema, han señalado
que las personas con órdenes finales de expulsión constituyen una prioridad
para las deportaciones.
Asimismo, han
rechazado los señalamientos de que estén haciendo desaparecer a inmigrantes
detenidos y sostienen que estos conservan la posibilidad de realizar llamadas
telefónicas
Las autoridades
federales también han cuestionado la cantidad de órdenes judiciales que han
frenado algunas de sus actuaciones migratorias.
Por su parte, las
organizaciones demandantes insisten en que la posibilidad de realizar llamadas
no sustituye el acceso a información sobre la ubicación de los detenidos,
particularmente cuando los abogados necesitan actuar con rapidez para proteger
sus derechos.
Ahora corresponderá
al tribunal federal evaluar la solicitud para suspender la política mientras
continúa el proceso judicial.
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