Presidente dominicano favorece cúmulo de penas hasta los 60 años; dice una persona con con 10 fichas "es muy difícil" que se reincorpore a la sociedad
Las declaraciones ocurren luego de que la Policía
Nacional presentara un registro de más de 53,000 personas con órdenes de
arresto pendientes y en el que las autoridades endurecen las medidas para
enfrentar la criminalidad.
Debate
sobre el efecto de las penas
El cúmulo de penas ha ocupado parte de las discusiones
durante el inicio de las entrevistas del CNM. En ese contexto, el mandatario
defendió la necesidad de contar con sanciones que respondan a las modalidades
actuales de la delincuencia.
“Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad
del momento; se necesita ya una reacción con un Código que pueda encarar esos
retos que tenemos actualmente”, sostuvo el mandatario al referirse a las
disposiciones incorporadas en el nuevo Código Penal.
El comentario surgió durante la entrevista a Miguelina
Beard Gómez, aspirante a la Suprema Corte de Justicia, quien defendió la
implementación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión contemplado en
la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
El tema también provocó un intercambio entre Abinader
y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sobre la efectividad de las penas
prolongadas como mecanismo para reducir la criminalidad.
Báez García planteó que el endurecimiento de las
sanciones no resuelve por sí mismo las causas que generan la delincuencia y
recordó que la pena privativa de libertad también tiene como finalidad
constitucional procurar la reinserción social de las personas condenadas.
“El tema del cúmulo de penas no va a resolver los
problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país
donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación”,
manifestó.
El magistrado explicó que detrás del cúmulo de penas
subyace la denominada teoría de la incapacitación, mediante la cual se busca
apartar durante un período prolongado de la sociedad a quienes cometen
determinados delitos. Sin embargo, advirtió que esa finalidad puede entrar en
tensión con el propósito de reinserción social de la pena.
“Y ahí viene el gran dilema. El gran dilema es la
razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son
irreconciliables”, sostuvo.
El juez insistió en que las políticas públicas deben
concentrarse también en generar condiciones que reduzcan las posibilidades de
que las personas incurran en actividades delictivas, aunque reconoció que el
Estado no puede impedir de manera absoluta que se produzcan hechos criminales.
Abinader
defiende efecto disuasorio
Abinader coincidió con Báez García en la importancia
de atender las causas de la delincuencia y fortalecer las políticas de
prevención, pero discrepó respecto al efecto que puede tener el aumento de las
penas. “Mayores penas, también está
probado, que es una disuasión”, afirmó.
El Jefe de Estado reconoció que se trata de una
discusión criminológica sobre la que existen distintas posiciones, pero reiteró
su posición de que sanciones más severas pueden contribuir a desalentar la
comisión de determinados delitos.
No hay comentarios.: