República Dominicana rechaza sentencia de la CIDH por extemporánea, sesgada e inoportuna
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SANTO DOMINGO, República Dominicana (24 Octubre
2014).- El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia de 28 de
agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.
La posición del Gobierno dominicano fue presentada
por el también director general de Comunicación de la Presidencia, Roberto
Rodríguez Marchena.
República Dominicana reivindica el derecho que tiene
como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.
Alternativasnoticiosas.com
deja a sus lectores el texto íntegro de la posición del Gobierno
De la misma forma, sin que haya espacio a dudas,
manifiesta su adhesión al artículo 1 delConvenio de la Haya, de 1930, que
faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación,
quiénes son sus nacionales. Este principio, pilar del Derecho Internacional, es
innegociable para el Estado dominicano.
El Gobierno reitera su compromiso con el sistema
interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo
alguno puede afectar la soberanía dominicana ni
la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen
de la nacionalidad.
Entendemos, además,que esta sentencia, que se
refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas
circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la
implementación de un plan integral para la regularización y documentación de
todas las personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanosha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que
muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y
mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010,
que incluye derechos de tercera generación.
Es conocido el compromiso férreo del gobierno
dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de
soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación.
Debemos enfatizar que las soluciones que ha
planteado el gobierno dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio
consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin
precedentes en las últimas décadas.
Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y
conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto
nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el
terreno para la implementación de soluciones.
Cabe mencionar entre ellas la Organización
Internacional para las migraciones yla Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las
principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas
en el país.
Asimismo, como parte de nuestra convicción y
compromiso con la protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad
especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones
Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea.
Por otra parte, queremos resaltar que desde hace
casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la
dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre
nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han
visto nuestros pueblos en las últimas décadas.
Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una
cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las
acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los
procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la
República Dominicana.
Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de
la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que
nos habíamos trazado y que avanza por buen camino.
Nuestro deber, en primer lugar, es defender la
soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social
en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
Por todo lo anterior, el gobierno de la República
Dominicanasigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma
dirección, con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la
realidad social, política y económica de nuestro país.
En definitiva, creemos firmemente que la hoja de
ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo,
que siempre ha sido, y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que
los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República
Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las
personas.
Finalmente, debemos recordar que la separación de
poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento
atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Fue de estos poderes públicos que emanaron la
Constitución del año 2010, las sentencia TC168-13 y posteriormente la Ley No.
169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad
dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional.
En consecuencia, cualquier posición que cuestione
los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la
República Dominicana.
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