ESTADOS UNIDOS VALORA AVANCES REPÚBLICA DOMINICANA HACIA ELIMINACIÓN DEL TRÁFICO DE PERSONAS
SANTO
DOMINGO, República Dominicana (8 Agosto 2019).- Hoy, se estima que 25 millones
de niños y adultos en todo el mundo son víctimas de la trata sexual y laboral.
Las promesas de oportunidades y movilidad económica ascendente atraen a muchas
víctimas al tráfico de personas, donde el abuso y la manipulación reemplazan
rápidamente la esperanza inicial.
La trata de personas representa una grave
violación a los derechos inherentes otorgados a todos, en todas partes.
Desafortunadamente,
ni los Estados Unidos ni la República Dominicana están libres de estos crímenes
atroces.
El
Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente su Informe
sobre la Trata de Personas de 2019, que evalúa la situación de la trata de
personas en todo el mundo.
Este año, como se indica en la narrativa de país de
la República Dominicana (PDF, 422 KB), el país se mantuvo en el “Nivel 2”, lo
que implica que el gobierno dominicano ha hecho avances considerables hacia la
eliminación del tráfico, pero no cumple con los estándares internacionales
mínimos en varias áreas.
Un grupo de
hombres y mujeres posa frente a un letrero promocional.
El informe
detalla los muchos éxitos de la República Dominicana, incluido el primer caso
de sentencia máxima, en el cual un tribunal de San Juan condenó a un traficante
a 25 años de prisión.
Además, los
tribunales ordenaron a dos traficantes que pagaran restitución a sus víctimas.
La República Dominicana adoptó un nuevo plan nacional contra la trata, cuyo
contenido ha sido elogiado por observadores. La cantidad de agentes de la
Policía Nacional que recibieron capacitación en investigación e identificación
de víctimas aumentó en un 60% de 2017 a 2018 y el gobierno organizó dos
programas de capacitación centrados en la atención a las víctimas. Las
autoridades ofrecieron protección a las víctimas identificadas, incluyendo
refugio, asistencia de repatriación y acceso a asistencia legal. El Ministerio
de Educación también contribuyó brindando capacitación en prevención de la
trata a 12,600 líderes estudiantiles adolescentes. El Ministerio de Trabajo
hizo esfuerzos notables para aumentar la conciencia y la comprensión sobre los
casos de trata laboral.
Desafortunadamente,
la falta de recursos, especialmente fuera de Santo Domingo, obstaculizó el
progreso dominicano. La Procuraduría General operó con la mitad de los fiscales
que tuvo en años anteriores y solo inició 11 investigaciones en 2018,
significativamente menos que en años anteriores.
La Unidad de
Lucha contra la Trata (ATU) de la Policía Nacional mostró una disminución
similar, investigando 45 casos en 2018 versus 83 en 2017.
Aunque el
gobierno mantuvo los esfuerzos de protección a las víctimas, las autoridades
señalaron que la falta de fondos adecuados, experiencia y recursos físicos
prestados hicieron que el apoyo a las víctimas fuera insuficiente.
A pesar del
protocolo establecido para la identificación de víctimas, el gobierno no tenía
la capacidad suficiente para identificar a los migrantes haitianos en riesgo
antes de deportarlos. El elogiado plan nacional tampoco estuvo exento de
defectos: muchos están escépticos sobre si el gobierno dedicará suficientes
recursos a su implementación.
Para lograr
avances significativos en la lucha contra la trata de personas, es crucial que
la República Dominicana investigue, procese y condene vigorosamente a los
traficantes.
Para apoyar estos esfuerzos, el gobierno debe evaluar de manera
proactiva los indicadores de tráfico entre venezolanos e individuos que corren
el riesgo de ser deportados, como los de ascendencia haitiana. También es
importante que haya un presupuesto dedicado para garantizar la implementación
del nuevo plan nacional.
Estados Unidos también insta a los legisladores
dominicanos a enmendar la Ley de contrabando y trata de personas de 2003 (Ley
137-03) para garantizar la criminalización de todas las formas de trata sexual
infantil para ser coherentes con la ley internacional.
Los Estados
Unidos apoya los esfuerzos para mejorar la respuesta del gobierno dominicano a
la trata de personas. A través de una subvención del Departamento de Estado con
la UNODC, el país ha comenzado el proceso de reescritura de la ley 137-03.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores y el sistema de justicia dominicano también
trabajaron con la Asociación Internacional de Juezas para organizar una
conferencia regional sobre la trata de personas. La asistencia de varios
interlocutores dominicanos de alto nivel demostró el compromiso del gobierno
para combatir este problema. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo
continuará apoyando activamente a la República Dominicana en su lucha contra la
trata de personas.
Por GRAHAM COHEN
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