PARA DAR TRANSPARENCIA A ELECCIONES DEL 2020, ESTE MEDIO DIGITAL Y SU DIRECTOR PROPONEN MIEMBROS DEL PRM Y PRSC AL PLENO DE LA JUNTA CENTRAL

13 de noviembre de 20190 comentarios


SANTO DOMINGO, República Dominicana (13 Noviembre 2019).- Ante el inminente deterioro que afecta la imagen de la Junta Central Electoral (JCE), árbitro que por ley administrará y dictará sentencia en los comicios de febrero y mayo del 2020, haré algunas viables sugerencias por la salud del sistema electoral.

Este medio digital y su director Ramón González, plantean la incorporación de miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal del país así como del Reformista Social (PRSC), como integrantes del Pleno de la JCE, para dar credibilidad a las elecciones del 2020.

Para hello será necesaria una modificación a la Ley que debería ser aprobada a unanimidad en el Senado, como órgano responsable de la selección de los miembros de la JCE.

Para hacer una restrospectiva, corría enero de 2003 cuando en la agenda del Diálogo Nacional, las tres principales fuerzas políticas, a instancia de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), así como de organizaciones de la sociedad civil que pedían la renuncia de Manuel Ramón Morel Cerda, acordaron la modificación de la Ley Electoral 275-95.

Si traumático fue el camino que debió recorrer ese proyecto, que en principio encontró el rechazo del oficialismo, liderado en ese entonces por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional donde debía ser aprobado, no menos lo fue luego de ser convertido en Ley por el Poder Ejecutivo.

La nueva Ley Electoral 02-2003 que dividió a la JCE en tres instancias: un Pleno, una Cámara Administrativa y otra Contenciosa, estableció además el aumento de 7 a 9, la matrícula de sus jueces, tarea esta última en la que las discusiones entre partidos políticos, sociedad civil y legisladores sobre quién y cómo debían elegirse los nuevos jueces, se prolongaron durante todo el mes de Febrero y al final resultó frustratoria para los promotores del proyecto de división de la Junta.

El PLD y el PRSC, partidos que llevaron la voz cantante en las denuncias sobre la supuesta vinculación de los entonces jueces de la JCE con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y específicamente con el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), optaron por “tranzarse” con el oficialismo, procurando un “equilibrio” político en el tribunal Electoral.

Sin embargo, la “nueva” JCE quedó conformada por los doctores Morel Cerda, quien la presidía; Luis Arias, Salvador Ramos, Nelson Gómez, José Luis Tavárez y Rafael Díaz Vásquez (a quienes se los vincula con el oficialismo); Luis Nelson Pantaleón González y Rafaelina Peralta (recomendados por el PRSC) y Roberto Rosario, por el PLD.

Sorteados todos esos obstáculos, comenzó entonces la lucha a lo interno de la JCE, por el descontento de su presidente, el doctor Morel Cerda, quien al verse despojado por la nueva Ley Electoral de los poderes omnímodos que hasta entonces ostentaba, la calificó de “inconstitucional”.

Bajo ese argumento, el 9 de enero el abogado Luis María Ruiz sometió por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad a la nueva Ley Electoral 02-2003.

A raíz de entonces, y tal como lo expuso en su carta-renuncia dirigida al presidente del Senado en fecha 30 de Junio, el doctor Morel Cerda mantuvo en la JCE una actitud “recalcitrante” que llevó a ese organismo a la picota pública hasta su salida definitiva del mismo, el día 3 de julio.

Entretanto, Morel Cerda, a quien según sus propias palabras la reforma a la Ley Electoral 275-97 había dejado como un presidente “gomígrafo”, trató de mantener su hegemonía en la JCE, primero, elaborando un Reglamento Interno a su medida que fue rechazado por el Pleno de la Junta, y segundo, haciendo denuncias de supuestos actos internos hasta entonces desconocidos por la opinión pública.

La situación de la JCE llegó a su punto más álgido después que el 19 de febrero el Pleno conformó las tres instancias en que está actualmente dividido ese organismo, y se eligió a los doctores Nelson Gómez presidente de la Cámara Administrativa y a Salvador Ramos, de la Contenciosa.

La reacción de la oposición a la forma en que quedaron constituidas las dos estructuras directivas de la JCE fue de rechazo, alegando que las mismas estaban dominadas por el PRD.

La Cámara Administrativa la integraban además de Gómez, los doctores Díaz Vásquez y Peralta, mientras que la Contenciosa estaba conformada por Ramos, Ramón Antonio Hernández Domínguez (quien sustituyó a Arias cuando éste pasó a ocupar la presidencia de la JCE a raíz de la renuncia de Morel Cerda), Tavárez, Pantaleón González y Rosario.

Pese a los ingentes esfuerzos de sus miembros por demostrar la imparcialidad y transparencia de la JCE, al concluir el 2003, no ha podido borrar el estigma de perredeísta que parece tener impreso y que se ha matizado con las últimas decisiones de la Cámara Contenciosa, tanto en la litis interna del PRSC, como en la del PRD.

De nada le había valido a los magistrados de la Cámara Administrativa, aclarar que las decisiones del tribunal Contencioso en nada entrañan responsabilidad del órgano encargado de la organización y montaje de las elecciones.

De ahí, que al concluir el 2003, al igual que en sus inicios, los partidos de oposición, específicamente el PLD, así como sectores de la sociedad civil, estaban planteando nuevamente una reestructuración del tribunal encargado de organizar las elecciones presidenciales del próximo 16 de mayo del 2004.

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