MADRID.- El Ministerio de
Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas
desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación
presupuestaria, aunque cree que no será necesario.
La intervención de las
cuentas de una comunidad autónoma que incumpla sus límites de déficit público
no supondrá la suspensión de su autonomía, aunque sí puede suponer la
disolución de los ayuntamientos que incurran en un desajuste similar.
El secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, puso el acento en que las
intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades
autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de
expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para
reequilibrar sus cuentas.
Según los cálculos de
hacienda, todas las autonomías "tienen capacidad real" para cumplir
con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una
"intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado
hasta el momento.
Así lo prevé la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que entra en vigor mañana tras su publicación hoy en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Fuentes del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas insisten en que desde este departamento no
se dudará en utilizar toda la normativa vigente si una administración pública
incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, aunque hasta la fecha
ninguna comunidad autónoma "ha pedido o sugerido" una intervención
voluntaria de sus cuentas.
Algunas regiones han pedido
ayuda para confeccionar los planes económicos y fiscales. Sin embargo, estas
fuentes no creen que vaya a haber sorpresas con los planes que tienen que
remitir al ministerio y cuyo límite de entrega expira a medianoche de hoy.
En el ministerio de Hacienda
aseguran que las comunidades autónomas son conscientes de que las intervenidas
serían penalizadas en los mercados a la hora de seguir financiándose y que es
mejor pedir ayuda voluntariamente a la Administración General
del Estado.
Aunque las fuentes no han
precisado cuántas comunidades los han presentado ya, sí han reconocido que
Cataluña ya lo ha hecho y que el ministerio ha pedido al Gobierno de la Generalitat que
corrigiera una serie de partidas, lo que ha hecho "y en la buena
dirección".
Este lunes finaliza el plazo
para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros
para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese
momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a
otras medidas.
Habrá que esperar la reunión
del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará
previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades
autónomas que 'suspenden'.
En caso de no presentación
del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito
retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse
en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses,
el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación
económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
Sin embargo, en el caso de
que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho
depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el
plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.
No hay comentarios.: