BRASILIA.- La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, ordenó la destitución o separación del cargo de todos los funcionarios públicos implicados en un nuevo escándalo de corrupción, entre ellos altos cargos como la jefe del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.
La decisión de la mandataria fue confirmada en un comunicado de prensa un día después de que la Policía Federal realizara la llamada Operación “Porto Seguro” para arrestar a seis de 18 acusados de integrar la red de corrupción. La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que supuestamente están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos .
Entre los 18 acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) .
“Por determinación de la Presidencia , todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones”, según el comunicado divulgado por el palacio presidencial de Planalto. Rousseff también determinó que todos los organismos citados en el proceso inicien investigaciones administrativas propias, de acuerdo con la nota .
En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefa de Estado determinó tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios .
Novoa fue nombrada jefe del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo en 2003 por el entonces presidente Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo .
Investigación en torno al escándalo
Según el superintendente de la Policía Federal en Sao Paulo, Roberto Troncon Filho, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos “a la medida” para favorecerlos .
La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300.000 reales (unos 145.000 dólares) por elaborar un informe técnico que beneficiara a un grupo empresarial. El funcionario aceptó y recibió parte del pago, pero después, al arrepentirse, devolvió el dinero y denunció lo ocurrido a la Policía Federal. Seis personas fueron arrestadas en Sao Paulo y Brasilia y 18 personas en total están siendo investigadas por delitos como corrupción, falsificación de documentos, tráfico de influencias, entre otros .
“Todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones”, según un comunicado divulgado ayer .
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