WASHINGTON.- Una mayoría de jueces del Tribunal
Supremo de Estados Unidos se mostraron escépticos este miércoles ante la
constitucionalidad de la definición actual de matrimonio, como la unión entre
un hombre y una mujer, y presionaron a sus defensores para que justificaran que
no incurre en una discriminación contra los homosexuales. La máxima instancia
judicial del país celebró este miércoles su segundo día de audiencias
relacionadas con el matrimonio homosexual, en el que estudia si esa definición,
tal y como establece una norma federal de 1996, viola el derecho a la igualdad
de los ciudadanos.
El juez Anthony Kennedy, quien probablemente guarda
el voto decisivo sobre el futuro de la Ley de Defensa de Matrimonio (conocida
como DOMA), expresó en varias ocasiones sus dudas acerca de si el Congreso
tiene autoridad para establecer límites a qué es matrimonio y qué no lo es. La
juez Ruth Bader Ginsburg aseguró que la definición actual crea un matrimonio de
plenos derechos y otro con menos derechos, que calificó de “desnatado”.
Cinco de los nueve jueces presionaron este miércoles
a Paul Clement, abogado de los defensores de DOMA, para que explicará cuál es
la justificación para excluir a los homosexuales del derecho al matrimonio.
Clement evitó en todo momento cualquier declaración sobre la igualdad de los
homosexuales ante la ley, defendió que el Congreso puede limitar la definición
de matrimonio y que cuenta con esa autoridad para garantizar el funcionamiento
del sistema de impuestos, beneficios sociales o ayudas públicas.
La ley DOMA condiciona normativas federales,
impidiendo que parejas homosexuales casadas se acojan a bajas temporales por
enfermedad del cónyuge o beneficios fiscales, algo que sí está reconocido a los
heterosexuales. “Cuando el Gobierno federal tiene 1.100 leyes, significa en
nuestra sociedad que se está entrometiendo en la vida diaria de los
ciudadanos”, aseguró el juez Kennedy, alegando que el Congreso ha hecho “algo
más que unificar la definición de matrimonio”.
La
juez Elena Kagan sugirió que quizás la ley DOMA esté “infectada de prejuicios,
miedo, rencor y odio”.
La defensa de esta legislación aseguró ante el
Tribunal sin embargo que su definición de matrimonio no fue aprobada con la
intención de discriminar, sino de “unificar” el criterio a nivel federal.
Clement explicó que el Congreso reaccionó así a una ley del Estado de Hawai que
hubiera incluido a las parejas del mismo sexo en su descripción legal de
matrimonio. El abogado topó entonces con la juez Elena Kagan, quien sugirió que
quizás la ley DOMA “respondía a otras ideas” más allá de la unificación y que
estaba “infectada de prejuicios, miedo, rencor y odio”.
“DOMA impone que miles de personas que han contraído
matrimonio en los nueve Estados que lo permiten sean tratados de manera
distinta por el Gobierno, solo por ser homosexuales”, argumentó Roberta Kaplan,
abogada de Windsor. “Cuando un hombre y una mujer se casan o se divorcian, su
estatus es reconocido en todo el país. No se crea una segunda clase de
ciudadanos como se ha hecho con las parejas gais”. Es el caso de Edith Windsor,
la ciudadana de Nueva York que denunció DOMA en 2009 y a quien el gobierno le
obliga a pagar 363.000 dólares en impuestos por la herencia de su esposa, algo
que no tendría que hacer si una de ellas fuera un hombre.
El juez Stephen Breyer pidió entonces a la defensa
que explicará qué sentido tiene limitar el matrimonio a los heterosexuales,
pero no por edad o por otras características. “¿Tendría sentido crear una
cláusula que exima de pagar impuestos al 30% de las parejas, por la razón que
queramos?” preguntó. La juez Sonia Sotomayor, del ala liberal de la corte,
añadió que el argumento de Clement justificaba la creación de una clase de
ciudadanos, “porque el Gobierno sospeche que son diferentes, o porque no les
guste”.
La
juez Ginsburg aseguró que la definición actual crea un matrimonio de plenos
derechos y otro con menos derechos, que calificó de “desnatado”.
La abogada de Windsor argumentó también que el
cambio de opinión en la sociedad estadounidense con respecto al matrimonio
homosexual -un 53% de los ciudadanos apoya su legalización-, invalida una
definición discriminatoria. En respuesta, el juez Scalia reprochó a la abogada
que hablara de una “marea de cambio” cuando sólo 9 de los 50 Estados permiten
las uniones entre personas del mismo sexo y le exigió que explicara a qué se
debía la nueva perspectiva de los ciudadanos. “Una gran mayoría ha entendido
que los homosexuales no son diferentes y que merecen los mismos derechos”,
respondió Kaplan.
En un gesto histórico, la Administración Obama se
personó en el caso contra DOMA, presentando su propia petición para que el
Supremo la elimine. “La ley de Defensa del Matrimonio no pretende defender
ninguna idea, es simplemente discriminatoria”, aseguró Donald Verrilli, abogado
del Estado. “Es el momento de reconocer que esta ley es discriminatoria y que
no puede reconciliarse con la creencia fundamental de que los ciudadanos deben
ser tratados como iguales”.
El caso que estudió el Supremo este martes debe
superar además una cuestión de procedimiento. Los jueces deben decidir si la
organización que defiende la DOMA en nombre del Congreso de EE UU tiene
competencias para hacerlo, ya que se trata de una ley federal que el mismo
Gobierno, a través de la Administración Obama, se ha negado a defender en los
tribunales. Este asunto también podría quedar decidido con el voto del juez
Anthony Kennedy, quien pareció inclinarse a favor de dictar sentencia “porque
los demandantes demuestran haber sufrido daños” por la ley.
En el lado conservador, el juez Samuel Alito expresó
la preocupación tradicional del Supremo, cómo dictaminar en este caso sin
obligar a los Estados a aprobar legislación con la que ahora no cuenta. La
sentencia llegará el próximo mes de junio. Si los jueces revocasen la ley DOMA,
obligarían a 41 Estados a legalizar el matrimonio entre personas del mismo
sexo, de ahí que los conservadores puedan decantarse por rechazar el caso. De
ser así, prevalecería la decisión de la Corte de Apelaciones que revisó la
demanda, y que declaró la inconstitucionalidad de la ley, sin que el Tribunal
Supremo declare que el matrimonio homosexual deba ser legalizado en todo el
país.
Fuente EL PAÍS
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