NUEVA YORK. – Un total de 22 personas de origen
latino recibirán compensación por daños y perjuicios luego de oficializarse este viernes un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras las
redadas ilegales que practicaron en Long Island en 2006 y 2007.
El acuerdo –que contempla una indemnización de $1
millón- servirá también para que el ICE adopte nuevas regulaciones a nivel
nacional y evitar, así, que sus agentes ingresen a domicilios sin una orden
judicial.
La demanda –que se conoce como AdrianaAguilar et al.
v. ICE- incluyó a 22 neoyorquinos –entre hombres, mujeres y niños, ciudadanos,
residentes permanentes legales y otros- y fue presentada a raíz de violentas
incursiones de la "migra" en horas de la madrugada, golpeando puertas
y exigiendo a gritos ingresar a las viviendas, ante las aterrorizadas miradas
de sus ocupantes.
Adriana Aguilar -ecuatoriana de 35 años que
actualmente lleva el nombre Adriana León- es la víctima principal que encabezó
la demanda, asesorada por la organización LatinoJustice PRLDEF. León se mostró
hoy "muy contenta y orgullosa con el acuerdo", pero sin olvidar los
momentos de horror que le tocó vivir junto a sus hijos menores.
"Mi esposo había salido a las 2:00 a.m. a trabajar.
Lo único que escuché fueron gritos muy fuertes, todo estaba oscuro y lo primero
que me vino a la mente fue un accidente o que la casa se estaba incendiando,
estaba muy confundida", relató León.
"De repente apareció uno de estos hombres al
pie de mi cama, me quitó las cobijas y me dijo que saliera del cuarto. Yo
estaba con mi niño de cuatro años que se quedó en el cuarto y lloraba",
agregó la mujer. "No decían quiénes eran ni qué hacían en la casa y no
mostraron ninguna orden".
Después de ese episodio, la vida de León y sus hijos
estuvo rodeada del temor, pese a ser ciudadana estadounidense al igual que sus
tres hijos. "Mi hijo no quiso dormir y siempre recuerda ese momento, mis
niñas quedaron con miedo de ir a la escuela. Cerrábamos las puertas con llave,
con miedo a que ellos volvieran de la manera que lo hicieron".
Por otro lado, la dominicana Peggy de la Rosa, quien
es también ciudadana estadounidense, señaló que sus tres hijos quedaron traumatizados
con la incursión de agentes de inmigración hasta en dos oportunidades, el 2006
y el 2007. Christopher Jiménez, quien tenía 17 años en aquel entonces, fue
quien abrió la puerta ante los golpes que daban los agentes de ICE. "Me
empujaron y caí contra las escaleras", declaró. "Lo peor fue que ya
habían hecho lo mismo hacía un año y nosotros les dijimos que no conocíamos al
hombre que buscaban. A ellos no les importó".
Guita Schwarz, abogada del Centro de Derechos
Constitucionales, dijo sentir "orgullo por lo que han conseguido nuestros
demandantes". Agregó que se ha demostrado que "ICE tiene que obedecer
la ley como todos nosotros y que toda la gente –sea inmigrante, ciudadano,
residente- tiene los mismos derechos de estar seguros dentro de sus propias
casas".
Los
cambios conseguidos a partir de hoy
· Los agentes de ICE tendrán que obtener permiso
para entrar e investigar una residencia en el idioma nativo de los residentes,
siempre que sea posible.
· Los equipos de redadas deben incluir agentes hispanoparlantes
para solicitar autorización de entrada cuando los residentes sean de un país de
habla hispana.
· Asimismo, los agentes deben solicitar
consentimiento para ingresar a otras áreas de la residencia, como un patio
trasero.
· Los agentes de ICE no podrán realizar ningún tipo
de inspección preventiva en las casas sin tener una sospecha real de que
representan peligro.


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