CIUDAD DE GUATEMALA.- La Organización de Estados
Americanos (OEA) renovó este jueves tres de los siete puestos que componen la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un debate y votación que
pusieron de relieve la distancia cada vez mayor que los países de la órbita
bolivariana están tomando frente al vigilante del cumplimiento de los derechos
humanos en la región.
La Comisión se compone de siete miembros de los
cuales este jueves debían ser renovados tres. Se presentaron seis candidatos,
de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Perú y Ecuador. Resultaron
elegidos el jurista mexicano José Orozco, actual presidente de la Comisión, el
abogado estadounidense especialista en derechos humanos James Cavallaro y el
político brasileño Pablo de Tarso Vannucchi. La votación supuso una derrota a
los esfuerzos diplomáticos de Ecuador, que presentaba como candidato a Erick
Roberts, actual director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del país, a
la vez que criticaba el sesgo político de todos los demás componentes de la
Comisión.
La CIDH es el instrumento de la OEA, con sede en
Washington, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el
continente americano. Su poder se ha ido incrementando con los años y sus
resoluciones son de obligado cumplimiento. Tiene poder para elevar casos a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictar medidas cautelares contra
países y realizar informes. Venezuela y Ecuador, principalmente, apoyados por
el resto de países del ALBA, han visto en decisiones recientes de la CIDH lo
que llaman “injerencia”.
Ecuador, por medio de su canciller, Ricardo Patiño,
había hecho en los últimos meses una intensa labor diplomática para conseguir
apoyos para Roberts, apoyado por todo el área de influencia bolivariana. Sin
embrago, Roberts es visto por los demás países como un agente político del
Gobierno de Ecuador con el que quiere estar presente en un órgano que le
incomoda políticamente. Esa misma crítica es la que hace Patiño a todos los
miembros del organismo. Los países de la Alianza Bolivariana han propuesto cambios
en el funcionamiento de la CIDH para “reforzarla” que el resto de países ve
como un intento de minar su cada vez mayor rango de acción.
Horas antes de la votación, los ministros de
Exteriores de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua dieron una rueda de
prensa conjunta en la que cargaron duramente contra estas instituciones.
Ecuador y Venezuela se consideran atacados por sendos informes del último año
de la Comisión. En el caso de Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa se ha
pronunciado con profunda irritación contra un informe que pone en cuestión el
ejercicio de la libertad de expresión en el país. El canciller ecuatoriano,
Ricardo Patiño, considera el informe una maniobra política para perjudicar la
imagen de su país.
El enfrentamiento de Venezuela viene de más antiguo,
pero la relación con la CIDH se ha terminado de romper este año tras un duro
informe sobre varias situaciones en el país. En su informe anual ante la
Asamblea, el presidente de la Comisión, el mexicano José Orozco, relató que en
Venezuela se dan “situaciones estructurales afectan a los derechos humanos a
través de cambios legislativos”. Se refiere a leyes aprobadas dentro de la
llamada “ley habilitante” que concedió amplios poderes espaciales al fallecido
presidente Hugo Chávez el año pasado. Orozco habló de “provisionalidad de
jueves y fiscales, obstáculos a los defensores de los derechos humanos y falta
de libertad de expresión”.
Sus palabras merecieron la respuesta del
representante venezolano, que dijo que los miembros de la comisión “son
representantes políticos disfrazados de independientes”, y que su país “ha sido
objeto de agresión permanente de la CIDH”. Venezuela ha anunciado su decisión
de abandonar el Sistema de Derechos Humanos y salir, por tanto, de la
jurisdicción de la Corte.
Ecuador, sin embargo, sin ahorrar duras críticas a
las instituciones de derechos humanos que considera “parciales” y faltas de
rigor en los informes que le afectan, no tiene intención de romper con la CIDH.
Además de presentar un candidato para estar presente en la misma, Ecuador tiene
un buen currículo de cumplimiento de sentencias de la Corte. El presidente de
la misma, Diego García-Sayán, lo puso este jueves como ejemplo de cumplimiento
en una sentencia sobre derechos de consulta previa a pueblos indígenas.
En su breve estancia en la conferencia, el
secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dejó clara la importancia
que le da su país al organismo al promover abiertamente a su candidato. Kerry
dedicó parte de su discurso a defender la CIDH y pidió que se refuerce su
independencia y financiación.
Estados Unidos es firmante de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, pero no lo ha ratificado, por lo que no se
somete a su jurisdicción. Sin embargo, forma parte de sus instrumentos y es el
principal financiador, con un 40% del presupuesto de la Corte. Países como
Ecuador han pedido que la Comisión traslade su sede a un país que esté bajo su
jurisdicción, en vez de estar en Washington. La Corte tiene sede en Costa Rica.
Este jueves, en sus respectivas presentaciones de
informe anual ante la Asamblea General, tanto el presidente de la Corte, Diego
García-Sayán, como el de la Comisión, José Orozco, reclamaron una vez más la
plena integración de todos los miembros de la OEA y la aceptación definitiva de
la jurisdicción de la Corte, en referencia a Estados Unidos. García-Sayán pidió
también un aumento en el presupuesto de la Corte.
Fuente EL PAIS.ES
Fuente EL PAIS.ES
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