BUENOS AIRES.- Fueron necesarios 72 allanamientos policiales,
realizados simultáneamente en diez provincias argentinas, para que las
autoridades consiguieran detener el pasado martes a El Contador, el ciudadano
colombiano que, presuntamente, encabezaba una red internacional de trata de
personas con fines de explotación laboral.
Nada menos que 202 personas de origen colombiano
fueron rescatadas en este operativo policial, que implicó la actuación de unos
500 agentes de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la
policía portuaria, y que es fruto de una larga investigación conjunta. Además
del cabecilla, fueron detenidos otras 23 personas de origen colombiano y se
dictó la captura internacional de dos personas.
Para las autoridades argentinas, se trata de un caso
de trabajo esclavo, pues los trabajadores se encontraban retenidos a fuerza de
engaños. El modus operandi era el siguiente: se reclutaba a personas en zonas
empobrecidas de Colombia, se les traía a Argentina con engaños y, una vez lejos
de sus redes familiares y sociales, eran derivados a talleres de fabricación de
canastos y otras actividades en las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos
Aires, Misiones, Santa Fe y San Juan, entre otras. Según la AFIP, presuntamente
El Contador se encargaba de gestionar los cobros entre las diez provincias
argentinas a las que llegaba la red, mientras que otros 14 detenidos
presuntamente se encargaban del reclutamiento de las víctimas.
Una vez retenidos y doblegados en las provincias de
destinos, se obligaba a las víctimas a trabajar sin remuneración, para cubrir
la deuda supuestamente adquirida por el pasaje de avión. Esta modalidad de
explotación, la servidumbre por deudas, es trágicamente recurrente en
Argentina, tanto en casos de explotación laboral como sexual.
Sospechas en la aduana
Según las autoridades, esta investigación comenzó a
raíz de sospechas de funcionarios de la Aduana, extrañados por el elevado
número de ciudadanos colombianos que arribaban en el Aeropuerto Internacional
de Córdoba sin equipaje ni dinero, y que se dirigían como primer destino a
domicilios privados. A partir de las sospechas se coordinó la creación de un
grupo especial formado por la AFIP, funcionarios de Migraciones y agentes de
las fuerzas de seguridad.
Aduanas informó de que constan más de 3.000 ingresos
de colombianos en situaciones similares, y que ya se han iniciado los contactos
entre las autoridades argentinas y otros países. Se está investigando la
posible vinculación de estas redes con cédulas de organizaciones ilegales de
trata en Chile, Brasil y Ecuador.
En Argentina, en los últimos años la trata de
personas con fines de explotación laboral y sexual se ha colocado en la agenda
política y social, gracias a la visibilidad mediática que adquirieron algunos
casos -como el de Marita Verón- y a la decidida acción de asociaciones como la
Fundación La Alameda o el proyecto Esclavitud Cero. Estas dos entidades estiman
en 500.000 las personas que trabajan en el país en condiciones análogas a la esclavitud.
Advierten además de que las redes internacionales de trata mantienen conexiones
con otras actividades ilícitas, fundamentalmente el narcotráfico, y que se
están conformando redes mafiosas de entidad como antes no existían en el país.
Aunque en este último punto -la presencia de redes
mafiosas, y no sólo de pequeños grupos de delincuentes, en Argentina- no hay
acuerdo entre los expertos, en algo sí parece haber consenso: es la connivencia
y la corrupción en diferentes instancias, desde las autoridades aduaneras a la
policía local, la que permite la tenacidad con la que el problema del trabajo
esclavo se ha incardinado dentro de la misma cadena productiva de algunos
sectores, como el textil, donde el 78% de los empleos son en negro.
Explotación y migración
Según diferentes estudios, los bolivianos son,
seguidos de los paraguayos y de los argentinos de las provincias del Norte
argentino, el colectivo más afectado por este tipo de explotación que se basa
en la cooptación por engaño. Con todo, los colectivos de inmigrantes recuerdan
los riesgos de vincular la inmigración a la delincuencia, y la necesidad de
perseguir a los explotadores, y no a las víctimas.
El otro debate tiene que ver con qué ocurre con
estas personas después de ser liberadas: desde la Ley de Trata de 2008 se han
producido cientos de allanamientos y más de 3.000 personas han sido rescatadas;
sin embargo, no se han articulado las instituciones y los recursos necesarios
para atender a estas personas, que después del allanamiento se quedan
simultáneamente sin vivienda y sin trabajo, por lo que, en muchos casos,
terminan volviendo a situaciones de explotación similares. Por eso recuerdan
los expertos que la única solución posible remite a las causas de base: la
pobreza enquistada en varias regiones de América Latina.
Fuente
EL MUNDO
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