SAN JUAN, Puerto Rico.-
El juicio en Puerto Rico contra la dominicana Aida de los Santos, acusada de
matar a la esposa de un exjuez del Tribunal Supremo y cuyo caso provoca recelo
entre la comunidad de su país, entra en una semana decisiva con la presentación
de los últimos testigos por parte de la Fiscalía de la isla.
Se espera que la
agente de la Policía Ormarie Roque que investigó el caso declare hoy en un
juicio de gran interés mediático entre los dominicanos que viven en Puerto
Rico, donde asociaciones de ese país piden a la República Dominicana su
intervención en un caso que despierta grandes suspicacias.
El presidente del
Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo
hoy a Efe que en este juicio está en juego la credibilidad del sistema judicial
puertorriqueño.
Rodríguez ha
señalado en varias ocasiones que el sistema trata de proteger al exjuez del
Tribunal Supremo de Puerto Rico Carlos Irizarry Yunqué y que se ha tratado de
buscar en de los Santos, empleada en el momento de los hechos en el hogar del
antiguo magistrado, la víctima perfecta, por tratarse de una mujer negra, pobre
e indocumentada.
"La
credibilidad del sistema de justicia está en entredicho por proteger a una
persona poderosa", aseguró Rodríguez, tras recordar que restos de sangre y
ADN del exjuez, que ni siquiera está imputado en el caso, fueron encontrados en
dos camisas, toallas y un pañuelo del apartamento, tal y como confirmó la
pasada semana una perito especialista en el juicio.
"Sin embargo,
lamentablemente, ahí, en el juicio, está Aida de los Santos", indicó
Rodríguez, quién subrayó que el exjuez, de 91 años, no ha acudido a declarar ni
como testigo.
Recordó además,
según su propia versión, que los testigos aportados por la Fiscalía han
favorecido con sus versiones a la defensa de la mujer dominicana, hecho que
catalogó de insólito.
Rodríguez dijo,
incluso, que a de los Santos "la dejaron viva para acusarla", y que
todo "responde a un plan perfectamente trazado por alguien con buenos
conocimientos de procesos judiciales".
Tras la declaración
de la agente Roque, solo quedará por dar su testimonio el patólogo Carlos
Chávez, del Instituto de Ciencias Forenses, el último de los testigos de la
Fiscalía antes de que el próximo día 17 sea el turno de los de la Defensa.
La Fiscalía alega
que la empleada de hogar dominicana, de 58 años, mató a la esposa del juez,
Georgina Ortiz Ortiz, de 72 años, el 17 de agosto de 2010.
El agente Ferdinand
Acosta relató la semana pasada en su declaración que durante el interrogatorio
que realizó a la mujer dominicana, el día del asesinato, ésta relató que
alguien llamó a la casa y que Ortiz Ortiz no le permitió que abriera la puerta,
por lo que permaneció en su lugar de trabajo habitual, la cocina.
Oyó una discusión,
pero que bajó al estacionamiento en busca de unos paquetes que iba a traer el
juez y que al no aparecer el letrado, que según la versión policial encontró el
cadáver de su esposa horas después, regresó a su casa.
El periódico El
Nuevo Día recuerda hoy que la mujer dio a conocer al diario Primera Hora, del
mismo grupo editorial, otra versión en una entrevista en la que aseguró que
había abandonado la residencia del juez tras ser amenazada con un cuchillo por
un hombre enmascarado.
Durante el juicio,
otra experta del Instituto de Ciencias Forenses dijo en su declaración que el
cuchillo utilizado para asesinar a la esposa del exjuez no contenía material
genético de la mujer dominicana.
Informó también que
en toallas, camisas y un pañuelo encontrados en la casa la fecha de los hechos,
el 17 de agosto de 2010, se detectó sangre del exmagistrado.
Rodríguez ha
indicado en varias ocasiones que la Fiscalía acusa sin fundamento a De los
Santos para desviar la atención de quien o quienes pueden ser los responsables
reales del asesinato de Ortiz Ortiz.
Subraya además que
la empleada de hogar ya había vuelto a la República Dominicana cuando fue
acusada.
De los Santos
regresó a principios del pasado mes de octubre a Puerto Rico, de forma
voluntaria, para encarar los cargos de asesinato en primer grado de la esposa
del exjuez, destrucción de evidencias y violación de la Ley de Armas.
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